Inicia el periodo legislativo y es inminente la aprobación de la reforma electoral del gobierno, la cual incluye disposiciones que de prosperar pueden llevarnos al delicado extremo de provocar la nulidad de los comicios.
Muestro tres cápsulas envenenadas del plan B contra la certeza electoral.
Primera: impedir el trabajo territorial de la autoridad electoral. Hoy el INE se estructura en 300 Juntas Ejecutivas Distritales, una por cada distrito electoral que marca la Constitución. Cada junta está conformada por cinco funcionarios del servicio profesional electoral que llegaron a sus cargos por concursos públicos y que se someten a capacitación y a evaluación permanente. Esos equipos actualizan a diario el padrón y la cartografía electoral y hacen posibles las elecciones genuinas en cada rincón del país.
El plan B desaparece sin más esas 300 juntas distritales y las sustituye por oficinas auxiliares de un solo funcionario. Pero, véase la gravedad: el artículo 61, numeral 4, inciso b de la nueva ley dice: «en las zonas metropolitanas que abarquen más de un distrito habrá una oficina auxiliar». En la zona metropolitana del Valle de México donde existen 52 distritos electorales habría una sola oficina y un funcionario para hacer posible el voto de más de 16 y medio millones de electores. Simplemente imposible. Algo similar ocurriría en las zonas metropolitanas de Monterrey, Guadalajara, Puebla, por lo menos. ¿Qué fin motiva el impedir la organización de las elecciones?
Segunda: afectar el funcionamiento de las casillas. Una de las garantías de los partidos para vigilar la legalidad de las votaciones consiste en tener representantes en cada casilla. Como el INE instala más de 160 mil casillas y cada partido acredita a dos representantes, estamos hablando de más de 2 millones 240 mil representantes de partidos. Cada representante debe estar debidamente acreditado por el INE en cada casilla. Ese arduo trabajo lleva varios días: la ley vigente dicta que los partidos registren a sus representantes 13 días antes de la jornada electoral y los puedan sustituir 10 días antes de la votación, y ello nunca ha generado problemas. Pero el plan B pretende que ese registro se haga 48 horas antes de la votación y que los representantes puedan ser cambiados el día previo a los comicios. Eso implica que los presidentes de casilla no sabrán bien a bien quiénes son los representantes acreditados. Si se niega el ingreso de un representante a una casilla, toda esa votación puede ser anulada; si se deja entrar a alguien que no sea representante acreditado, también se anula la casilla (art. 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral). ¿Por qué inducir la nulidad de las casillas?
Tercera: obstaculizar el regreso de los paquetes electorales al INE. Al concluir el trabajo en cada casilla, se cierra el paquete electoral que debe regresarse a una de las 300 sedes del INE para que esos votos se incluyan en el cómputo distrital. En la tarea de trasladar los paquetes la noche de la elección, los ciudadanos presidentes de cada casilla pueden ser auxiliados por los Capacitadores Asistentes Electorales (los CAEs) del INE. En la elección federal de 2021, el 55% de los paquetes electorales (88 mil) fueron entregados por los CAEs. Pero la reforma deroga el inciso f, numeral 2, del artículo 303 de la Ley Electoral que permitía la asistencia en el traslado de paquetes. En serio ¿buscan que más de la mitad de los paquetes no regresen y sus votos no sean debidamente computados?
La consecuencia del plan B, como se aprecia, puede ser una crisis política tan grave como innecesaria.