Nuestro país ha basado el ejercicio del voto de las y los ciudadanos a través de un mecanismo que lleva décadas utilizándose, mismo que, luego de la identificación de la ciudadanía con su credencial de elector, recibe una o varias boletas electorales impresas en papel seguridad dependiendo de los cargos de elección en disputa, pasa a una mampara y ahí coloca una marca por el partido político, coalición, candidata o candidato de su preferencia para posteriormente de depositar su voto en la urna correspondiente.
Este proceso ha recibido el análisis de múltiples instancias, principalmente de las autoridades electorales con el objetivo; por un lado, garantizar el voto de forma óptima y eficiente, abaratar costos en el mediano plazo, así como evitar errores aritméticos en el escrutinio y cómputo, disminuir los medios de impugnación que se registran en las casillas electorales o los Consejos Distritales, incrementar la participación de la ciudadanía en elecciones, además de poder contar con los resultados electorales con mayor rapidez, entre otros.
El voto electrónico, desde las metas institucionales de los órganos electorales tiene una doble vía: su utilización a través de urnas electrónicas y el voto a través de internet. En el primer caso, este mecanismo se ha utilizado prácticamente desde 2005 principalmente para procesos electorales locales, siendo los pioneros Coahuila, Jalisco y la Ciudad de México. Hasta el día de hoy, más de 20 entidades federativas han utilizado estos mecanismos incluso para ejercicios de participación ciudadana y elecciones de los partidos políticos; el Instituto Nacional Electoral (INE) aunque tarde, ha hecho ya unos primeros avances al respecto.
El voto por internet tiene su primer registro de forma vinculante para las y los ciudadanos oriundos de la Ciudad de México residentes en el extranjero que 2012 pudieron votar por la Jefatura de Gobierno desde el extranjero. Posteriormente, con la reforma constitucional en materia electoral de 2014 que, entre otras funciones le otorgara al INE la potestad de conducir este proyecto electoral, es en 2021 en que por primera vez y de acuerdo con lo que cada legislación electoral local estableciera, el voto por internet es utilizado para recibir el voto de nuestros connacionales en 9 entidades federativas para elegir a la persona titular del Poder Ejecutivo local, y en las entidades como la Ciudad de México para una Diputación Migrante en tanto que para Jalisco para una Diputación de Representación Proporcional.
Para 2022 de las 6 entidades federativas que renovaron la gubernatura del estado, en 4 su ciudadanía pudo votar desde el exterior tanto por la vía postal como electrónica; asimismo, para este 2023 en que se elegirá la gubernatura en Coahuila y el Estado de México, para ambas podrán votar las y los mexiquenses y coahuilenses desde el exterior.
Para el proceso electoral federal y locales de 2024, además de diversas gubernaturas y múltiples cargos nivel local, a nivel federal las y los mexicanos residentes en el extranjero pueden votar por la Presidencia de la República y las senadurías. No obstante, el Plan B de la Reforma Electoral determina la creación de una Comisión del Congreso de la Unión para el estudio e implementación del voto electrónico, con la participación del CONACyT y el INE para diseñar un sistema electrónico de votación que pueda ser presentado al Congreso de la Unión en un periodo máximo de 5 años; en tanto no se podrán destinar recursos para el diseño de este sistema.
Este esquema resulta por demás regresivo porque, entre otros factores, detendría el avance obtenido por las autoridades electorales tanto a nivel nacional como locas; muchas de ellas en atención a lo mandatado en la Constitución, a legislaciones electorales locales y a sentencias de los órganos electorales jurisdiccionales, vulneraría derechos políticos y electorales adquiridos por la ciudadanía e iría en contra del artículo 1 de nuestra Constitución que mandata la progresividad en materia de derechos humanos.
Debe replantearse esta propuesta en beneficio de los derechos ya adquiridos por las y los mexicanos y garantizar mecanismos de votación más ecológicos, baratos y contar con resultados electorales el mismo día de la jornada electoral.
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