VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO 1 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, RELATIVO AL INFORME QUE, POR INSTRUCCIONES DEL CONSEJERO PRESIDENTE, RINDE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO, EN RELACIÓN CON LA INCIDENCIA EN LA FUNCIÓN ELECTORAL DE LOS DECRETOS DE REFORMA POR LOS CUALES SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES GENERALES DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y DE PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ COMO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL
Comienzo con tres consideraciones: primero, condeno la invisibilización que aquí, de nueva cuenta, se hace de nueve compañeros y compañeras, sobre todo, olvidando que este es un órgano integrado, no por uno, ni por dos, sino por 11 consejeros electorales.
Segundo, agradezco que todas y todos, no uno, no dos, todas y todos los consejeros y consejeras electorales acompañen y hayan colaborado a nutrir este informe.
Tercero, lamento que, por lo que aquí se ha dicho, se evidencie una vez más que haya quien votó una reforma que no leyó y que todavía no ha leído y, por lo tanto, no sabe qué contiene.
El informe que hoy conocemos es un análisis de la mayor trascendencia en el contexto de la inminente entrada en vigencia de una reforma electoral aprobada por el Poder Legislativo.
Se trata, el informe, de un recuento puntual de la multiplicidad de efectos, impactos y afectaciones que tendrá la reforma, el así llamado Plan B, en la materialización de la función electoral en nuestro país; es decir, en el funcionamiento y las capacidades institucionales del INE, en el cumplimiento de su mandato constitucional.
Más importante aún, pero estrechamente vinculado con las afectaciones al INE y sus capacidades, el llamado Plan B impactará de forma determinante en las reglas del juego democrático y, por consiguiente, en la integridad de nuestro sistema electoral.
Para decirlo en breve, la reforma afecta gravemente las posibilidades del ejercicio del voto ciudadano en condiciones de libertad y equidad, con regularidad y certeza. Es decir, impacta en la recreación misma de nuestra democracia, tal como se ha construido, colectivamente, a lo largo de tres décadas, por varias generaciones de mexicanas y mexicanos.
Nadie ha dicho nunca que las reglas del juego democrático que nos hemos dado son perfectas o que jamás deban modificarse.
Las reglas de nuestra democracia, como las de cualquier otra, están siempre sujetas a las adecuaciones que cada tiempo exija, y siempre son perfectibles. Pero también, siempre, los cambios y reformas deben hacerse bajo condiciones mínimas que garanticen su viabilidad y, sobre todo, que no dinamiten —destacen, dicen algunos— los derechos políticos conquistados, ni las condiciones que le dan integridad a nuestra democracia, que nos permiten tener, hoy, estabilidad política y paz pública.
Mejorar el sistema electoral y ampliar los derechos alcanzados, favorecer el más amplio consenso posible, y hacer uso de diagnósticos objetivos, sin filias ni fobias, son las condiciones mínimas elementales de cualquier reforma a las reglas del juego en democracia. Y mucho me temo que, en este caso, ninguna de las tres, se han cumplido.
Por el contrario, como lo evidencia el informe que hoy se presenta —en cuya confección ha participado todo el INE, desde sus áreas ejecutivas y operativas, vocales locales y distritales, hasta las y los consejeros que integran este órgano máximo de dirección—, la reforma propuesta carece de los diagnósticos e información más elementales que justifiquen los cambios que pretende introducir.
Más allá de la justificación de aparentes ahorros, de una reducción de supuestos altos costos que solo se amparan en la repetición constante de una narrativa, que no por eso la hace más cierta, y que se sustenta, como se ha demostrado una y otra vez en falsedades, la evidencia que ahora ponemos a disposición de este Consejo y de la ciudadanía toda, es que la reforma, el llamado Plan B, de implementarse en efecto, sería más costoso para nuestra democracia electoral por las graves pérdidas que se le imponen.
Perderíamos años de construcción institucional que nos han dado la tranquilidad y certeza de que siempre habrá una casilla cerca de nuestro domicilio, donde encontremos una boleta para votar el día de la elección.
Perderíamos la certidumbre de que nuestros vecinos estarán adecuadamente capacitados para recibir y contar los votos, fungiendo como funcionarios de casilla y apoyados en una red amplia de asistentes electorales que los acompañe el día de la elección y desde que reciben su capacitación.
Perderíamos también la plena tranquilidad de que los datos personales que contiene y respaldan nuestra credencial para votar, nuestra INE, están protegidos y resguardados, sin riesgo de ser usados para otros fines que no sean el de ejercer nuestro derecho al voto y ayudarnos a ejercer nuestro derecho a la identidad, y para actividades tan cotidianas, como tan necesarias, como identificarnos en el banco o ante cualquier autoridad pública.
Perderíamos, mucho me temo.
La plena certeza de que al término de las elecciones y después del cómputo de votos a nivel distrital sepamos con claridad quiénes fueron las y los ganadores de los comicios, gracias al voto popular.
El cúmulo de cambios e incertidumbres que la reforma introduce, anticipa además un número importante de litigios postelectorales, e incluso, potenciales nulidades de votación en casilla, pondrían en riesgo pues la estabilidad política y la gobernabilidad democrática que hoy tenemos.
Podríamos perder, en consecuencia, que el día después de las elecciones, uno de los fundamentos esenciales de nuestra paz pública, la celebración de elecciones en libertad y condiciones de equidad sea una realidad como hoy lo es; una certeza que hoy tenemos en todo el país y que hemos refrendado en los pasados nueve años, luego de 330 elecciones con ningún conflicto postelectorales y el más amplio nivel de alternancia en cargos de elección popular.
De eso habla este informe, de estas y muchas otras cosas que podríamos perder de nuestra vida electoral, de nuestra democracia, con la instrumentación de la reforma legal, cuya concreción, me temo es inminente.
Si el proceso legislativo se culmina y se publican los cambios legales, lo que tendremos delante de nosotros es la primer reforma regresiva de nuestra democracia y estaremos en la antesala de una inédita incertidumbre preelectoral en la que será, en 2024, y poselectoral, seguramente, en la que será en 2024 la elección más grande de nuestra historia.
Si se aplican las disposiciones que dinamitan el Servicio Profesional Electoral; las que recortan los tiempos para la capacitación de quienes cuentan los votos y para la organización de la elección misma, y si se mantienen las disposiciones de la nueva Ley de Comunicación Social que vulneran el principio constitucional de imparcialidad en el uso de los recursos públicos y de equidad en las elecciones, todas y todos debemos prepararnos para vivir en 2024 semanas de conflicto ante lo que podría ser una evidente inequidad en el desarrollo de las campañas y una inevitable incertidumbre sobre los resultados de dichos comicios; con todo y lo que ello implica, insisto, en materia de gobernabilidad democrática y paz pública.
Por ello, apelo una vez más a la responsabilidad con la República y con la estabilidad política del país, de quienes tendrán que resolver, y de quienes tendrán que resolver, me parece de manera inminente, la constitucionalidad y la legalidad de las reformas del Plan B, que detengan ese auténtico desmantelamiento de nuestra democracia, pero, ante la evidencia, me parece que es un llamado infructuoso.
En el INE, en este momento, confío en que la Corte no lo sea, la Corte tendrá la responsabilidad de salvar a la democracia y a la estabilidad política de este país.
En el INE, tal como lo hemos venido diciendo, acudiremos a todas las instancias legales para defender la democracia, para garantizar el derecho de toda la ciudadanía, incluidas minorías, y también, por supuesto, las mayorías, a participar en el futuro del país y el derecho de cada ciudadana y ciudadano a ejercer el voto libre y que éste sea bien contado y cuente para la conformación democrática del poder político en México.
En atención a lo que, todas y todos los consejeros me han solicitado, instruyo al Secretario Ejecutivo a presentar todo recurso jurídico al alcance del INE para controvertir las normas vigentes o, en cuanto tengan vigencia, en razón de s potencial desapego a la Constitución.
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