- Las juntas distritales son las que garantizan el derecho de asociación política, al verificar y certificar la celebración de asambleas constitutivas de los partidos políticos.
- Mutilar el 85% del Servicio Profesional Electoral Nacional, impedirá contar con el personal calificado para la función electoral como lo ordena la Constitución y como se requiere en un país aquejado por la violencia criminal, los conflictos sociales, la cultura de la trampa e impunidad y la desconfianza ciudadana en su clase política.
Hemos seguido con atención y sorpresa el proceso legislativo de reforma a las leyes en materia electoral, cuya concreción pondrá en evidente riesgo la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral garantice la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas, como es su mandato constitucional y como lo hemos venido haciendo gracias a la autonomía constitucional y a la base trabajadora del INE estructurada en el Servicio Profesional Electoral Nacional y una rama administrativa permanente y especializada en las 32 entidades y los 300 distritos del país.
Y no solo se pone en riesgo la celebración de elecciones con los estándares de integridad que demanda una auténtica democracia, sino que se atenta contra el ejercicio de derechos fundamentales de la ciudadanía mexicana: Las juntas distritales que se quieren desaparecer son las que garantizan el derecho a la identidad y al voto, ya que prestan el servicio de credencialización y actualización del padrón electoral, llegando a las más alejadas comunidades.
Las juntas distritales son las que garantizan el derecho de asociación política, al verificar y certificar la celebración de asambleas constitutivas de los partidos políticos. Las juntas distritales son las que garantizan el principio de igualdad y secrecía del voto, ya que se encargan de la instalación de las casillas en cada colonia, comunidad, pueblo, municipio y de proveer los materiales electorales el día de la jornada electoral, además de coordinar su recuperación, mantenimiento y reutilización, generando ahorros millonarios al país.
Las juntas distritales garantizan la certeza en la emisión y cómputo del voto, ya que son quienes realizan la integración de las mesas de casilla con la ciudadanía de cada lugar, sorteada y capacitada para recibir y contar los votos de sus vecinos, llenar las actas e integrar las constancias de lo ocurrido durante la elección en cada casilla. Y son las juntas distritales quienes realizan la verificación y reconteo de votos para corregir cualquier inconsistencia, dando certeza y exactitud a los resultados electorales.
Las juntas distritales operan el Programa de Resultados Preliminares y coordinan la obtención de información del Conteo Rápido, instrumentos que han permitido dar a conocer la misma noche de la elección las tendencias precisas de los resultados con transparencia y otorgan certeza a la ciudadanía y actores políticos. Las juntas distritales que se quiere desaparecer garantizan las condiciones de equidad en la contienda ya que realizan el monitoreo de todas las estaciones de radio y televisión del país, verifican el cumplimiento de las reglas de propaganda de campaña y recaban la evidencia de los gastos de los partidos políticos para su fiscalización.
Las juntas distritales son los órganos permanentes y profesionalizados que mediante la oficialía electoral y la Secretaría del Consejo, documentan y certifican cada actividad, cada decisión y cada etapa del proceso electoral, lo cual permite que los tribunales puedan determinar la legalidad y validez de las elecciones. Las Juntas Ejecutivas del INE son las encargadas de realizar los programas de educación cívica, participación ciudadana, promoción del voto, cultura democrática y construcción de ciudadanía.
Hemos garantizado todos esos derechos aún en contextos de ingobernabilidad, de inseguridad, de violencia, de bloqueos, de desastres naturales, de recortes presupuestales, de acoso institucional desde el poder, gracias al trabajo permanente de nuestras juntas distritales que permiten amplio conocimiento del territorio, de los actores políticos de cada lugar, de su capacidad de articular a otras instituciones y autoridades.
San Dionisio del Mar, Xadani, Mitla, Laollaga, solo por mencionar los casos recientes más sonados, son claros ejemplos de la eficacia del INE. De tal manera que eliminar la estructura distrital permanente del INE y mutilar el 85% del Servicio Profesional Electoral Nacional, impedirá contar con el personal calificado para la función electoral como lo ordena la Constitución y como se requiere en un país aquejado por la violencia criminal, los conflictos sociales, la cultura de la trampa e impunidad y la desconfianza ciudadana en su clase política.
Las y los trabajadores del Servicio Profesional Electoral Nacional accedimos a esta responsabilidad tras ganar un concurso público de selección, somos capacitados y evaluados permanentemente y hemos sido el instrumento del desarrollo democrático del país. Estamos blindados ante los intentos de cooptación de los partidos y gobiernos; nuestra única lealtad es con la ciudadanía a la que servimos. Gobiernos van y vienen, Consejeros Electorales van y vienen, liderazgos y mayorías políticas van y vienen; la estabilidad y permanencia del Servicio Profesional Electoral Nacional ha sido clave en la construcción de nuestra democracia. Eso es lo que la reforma aprobada en el legislativo está socavando.
Se rompe el consenso político logrado en 2014 para que la eficacia, independencia y profesionalismo de las elecciones federales impregnara la función electoral de todo el país; se cambia un modelo institucional probado que ha dado garantías a todas las fuerzas políticas y confianza a la ciudadanía, por un modelo que solo ofrece incertidumbre y riesgos ante la elección más grande y compleja de nuestra historia en 2024.
Y por eso es nuestro deber alertar a la sociedad, defender el derecho de la ciudadanía a vivir en democracia, y respaldar a nuestro Consejo General en todas las acciones y vías jurídicas que la Constitución establece para salvaguardar la autonomía y profesionalismo del Instituto Nacional Electoral y para seguir garantizando elecciones libres y auténticas como lo mandata la Constitución.
El personal del INE en el estado de Oaxaca.
