El INE es una de las instituciones del Estado Mexicano con mayor confianza ciudadana, la cual está directamente relacionado con el buen desempeño institucional que se logra gracias al trabajo arduo y cotidiano del personal que hace posible el funcionamiento del engranaje democrático.
Para entender la naturaleza del profesionalismo del personal del INE, resulta necesario voltear la mirada a la reforma electoral de 1990, en la que se estableció la creación de un servicio de carrera que mantuviera a la vanguardia al personal que administra la función electoral, a través de un sistema de capacitación periódica que permitiera hacer frente a los nuevos retos que la compleja realidad política mexicana va estableciendo.
Así, uno de los principales bienes públicos del andamiaje electoral es, sin duda, el Servicio Profesional Electoral, el cual nació junto con el otrora IFE, pues era necesario que las y los funcionarios de la autoridad electoral dotaran de profesionalización e imparcialidad a las elecciones de un país que iniciaba su vida democrática.
Desde hace más de 30 años, el Servicio Profesional Electoral cuenta con un diseño meritocrático que incentiva el profesionalismo y el compromiso con la democracia gracias a mecanismos de ingreso, selección, capacitación, profesionalización, promoción, rotación, evaluación y permanencia, lo cual permite que las personas más idóneas se desempeñen en oficinas centrales o en alguno de los 32 órganos delegacionales y de los 300 subdelegacionales, y encaminen sus esfuerzos diarios hacia una sola dirección: la construcción cotidiana de un sistema electoral robusto, sólido y de calidad para la ciudadanía mexicana.
Además, en 2014, gracias a la reforma electoral que hasta el día de hoy nos rige, el Sistema Profesional Electoral se volvió nacional, ya que se trasladó también a los 32 Organismos Públicos Locales (OPL), garantizando con ello objetividad, profesionalismo e imparcialidad en cada lugar en el que la función estatal de las elecciones tiene lugar.
Sin embargo, en los últimos años las autoridades electorales mexicanas han sido objeto de cuestionamientos legítimos que buscan reformar su funcionamiento bajo la premisa del ahorro y la eficiencia en los recursos. Así, damos testimonio de posibles reformas del sistema electoral nacional; recortes presupuestales; falta de entrega de recursos a los OPL en tiempo y forma y, en este año, se propuso modificar la estructura interna de las instituciones electorales, con el objetivo de “generar ahorros”.
Ante esta situación, el pasado 29 de noviembre, el Consejo General del INE determinó aprobar un Acuerdo mediante el cual se reforma el Reglamento de Elecciones con la finalidad de garantizar que los 32 OPL cuenten con el personal calificado y suficiente para dar cumplimiento a las funciones que tienen constitucionalmente establecidas, garantizando con ello la regularidad democrática institucional que debe haber en cada estado de la República mexicana.
Pensamos en funciones esenciales de organización electoral, educación cívica o género porque es impensable realizar elecciones de calidad sin reparar en la necesidad de una dirección de organización electoral; es imposible asumir un crecimiento en los niveles de cultura cívica democrática y construcción ciudadana en la población sin una dirección de educación cívica o cumplir con la paridad de género o prevenir la violencia política contra las mujeres en razón de género sin personal capacitado en la materia. La ley electoral prevé una serie de atribuciones especializadas que, en su conjunto, conforman el sistema electoral, pero para dar cumplimiento, es necesario que se garantice a la ciudadanía mexicana que sus instituciones electorales cuenten con el personal calificado que certifique un trabajo profesional, independiente e imparcial en la organización democrática.
El INE ha consolidado a lo largo de 30 años un cúmulo de experiencias incuestionables en torno a la capacitación electoral, la integración de las mesas directivas de casillas, la conformación del padrón y la lista nominal de electores en cada Proceso Electoral. Desafortunadamente, la coyuntura política actual ha tratado de desvirtuar el desempeño de los organismos autónomos electorales, argumentando una supuesta duplicidad de funciones entre el INE y cada OPL. Es por ello, que el Acuerdo aprobado en el INE, determinó que los OPL deben contar con el personal especializado necesario para llevar a cabo todas las actividades inherentes a la función electoral. Recordemos que el INE en conjunto con los OPL tiene la encomienda de garantizar la misma calidad técnica que ha desplegado durante los procesos electorales federales, pero en el ámbito local.
La democracia mexicana funciona gracias al andamiaje institucional que nos hemos dado y responde a las complejas necesidades en materia democrático-electoral porque cuenta con trabajadoras y trabajadores que deben considerarse como un bien público invaluable, que garantiza a la ciudadanía mexicana y a los partidos políticos que los procesos electorales se realizan bajo los más estrictos estándares de calidad institucional. La ciudadanía mexicana merece las mejores instituciones públicas.
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