VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ELECCIONES BAJO EL COVID-19 EN AMÉRICA LATINA”, REALIZADO EN EL COLEGIO CIVIL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
… de nuestro querido y admirado profesor Manuel Alcántara y, de quien condujo al entonces Comisión Estatal Electoral en un contexto de pandemia y de administración electoral en esta situación estresante que se suma a las muchas causas, como ya decías de la fatiga que aquejan nuestras democracias a juicio de nuestro querido Manuel Alcántara.
Y, gracias también por la oportunidad de estar con Alfonso Mejía, colega profesor de la Universidad de Sinaloa, a quien saludo también con mucho efecto, muchas gracias y saludos a todas y todos los que hoy nos acompañan, a los integrantes del órgano electoral del Tribunal Electoral, diputadas, diputados integrantes de esta Universidad que constituye un espacio importantísimo central, un símbolo de lo que significan las democracias, de que las universidades nacieron mucho antes de que las democracias avante, nosotros, y Manuel es uno de los catedráticos más reputados de una de las primeras universidades de la historia, pero estos son los centros en los que, por su ocasión y por definición, no solamente se estudian los temas de la democracia, si no se practican, se recrean y se alimentan de los valores que sustentan todo régimen democrático.
La tolerancia, la pluralidad de opiniones, la discusión seria e intensa cuando sea necesaria, pero respetuosa de los puntos de vista distintos.
La prevalencia del conocimiento sobre el dogma y el ejercicio, hay que decirlo también, de uno de los valores institucionales que mejor definen a las democracias constitucionales contemporáneas, la autonomía frente al poder de los órganos que lo controlan, por un lado, y también, en donde los valores de la democracia y los principios de la democracia son custodiados.
Me da pues muchísimo gusto estar en este espacio universitario para, como un pretexto básico y, como ya lo recordaba en su presentación Mario Alberto, un libro que nos recuerda varias cosas: uno, lo difícil del desafío histórico que fue la, enfrentar en la dimensión electoral la pandemia de COVID-19.
Dos, que la pandemia de COVID-19 no se ha acabado, aunque parecería que hoy la vemos como algo lejano.
Y, tres, que más nos vale como estudiosos y practicantes de la democracia, ir pensando que sucede en estas coyunturas de las que depende la viabilidad de la democracia y que no son coyunturas abstracta, sino son coyunturas reales que, del peor modo, si se quiere, nos enfrentaron a este dramático dilema de salvaguardar a la democracia en tiempos de pandemia.
Hoy parece que hubiera pasado ya mucho tiempo desde aquel momento en que el mundo se paralizó frente a un virus mortal que se expandía rápidamente y que nos obligó a tomar una serie de medidas drásticas, entre las que destacaba el confinamiento, la llamada sana distancia y la sustitución de procesos presenciales por actividades virtuales.
Todos los procesos productivos y económicos, la educación, la cultura, el deporte y, desde luego, la política, se vieron afectados por las medidas sanitarias en muchas y distintas maneras. Todo ello generó impactos importantes en las sociedades, el nivel económico, cultural y político y, como refiere Mario Alberto en la introducción de esta obra, provocó una fuerte tensión entre el derecho a la salud y el ejercicio de los derechos políticos.
Y ya avanzada la pandemia, una profunda reflexión sobre los impactos que tendrían las medidas sanitarias en los regímenes democráticos, en su recreación cotidiana, en su reproducción en esa que, citando a Ortega y Gasset, sigue siendo la condición fundamental, el mísero detalle técnico del que depende el funcionamiento de toda la democracia, es decir, los procesos electorales.
Todo en un contexto en el que, de por sí los gobiernos emanados de elecciones libres, las instituciones electorales y la democracia en general enfrentaban y enfrentan todavía graves desafíos propios de nuestros tiempos, y que subyacen en buena medida a esta idea de fatiga democrática de la que aquí hemos hecho ya referencia.
Como también se señala en el libro, la COVID-19, no sólo supuso un riesgo para los sistemas electorales, sino que en algunos casos sirvió como excusa, incluso, para intentar ampliar y, de incluso, concretarlo en varios casos, los poderes de los ejecutivos y diluir los mecanismos de control a los que deben estar sometidos los gobernantes.
Si uno hace un análisis global de la democracia lamentablemente en muchos casos la pandemia sirvió para este avance, para el avance de esta lógica autocrática que está aquejando a nuestras democracias.
Y es que las democracias constitucionales, todas sin excepción, se prevén medidas excepcionales, así ocurría desde la República romana y así ha pasado en los regímenes constitucionales para enfrentar situaciones de excepción.
Pero las democracias constitucionales se distinguen de los regímenes autoritarios, no porque no prevean eventuales facultad de excepción, sino porque las facultades de excepción suponen también la activación del resorte de los controles, de controles excepcionales para evitar los abusos del poder.
Hoy podemos decir, lamentándonos que, en muchos casos, las medidas de excepción para enfrentar la pandemia no sólo no estuvieron debidamente acompañadas de los controles constitucionales que ello debería suponer, sino que muchos casos, a pandemia prácticamente superada, o en vías de superación, el poder no siempre regreso al cuadro, a el cauce que constitucionalmente debe tener.
Es decir, la pandemia sirvió también como pretexto para que las pulsiones autoritarias que hoy aquejan a la democracia en muchos casos se potenciaran.
Para las autoridades electorales, la pandemia implicó además, un reto enorme que puso a prueba nuestra capacidad técnica, la eficiencia de nuestros procesos logísticos y los niveles de confianza que le otorga la ciudadanía a autoridades y organismos electorales.
En sistema es como el mexicano en el que las elecciones no son posibles sin la participación voluntaria de millones de ciudadanas y ciudadanos que deciden colaborar con sus autoridades electorales, el reto además fue doble, convencer a las personas de fungir como funcionarias y funcionarios de casilla y lograr, por un lado y, lograr por el otro, que el electorado se sintiera seguro yendo a votar.
En general, la emergencia sanitaria obligó a los sistemas democráticos a decidir entre una de dos opciones: O bien, continuar los procesos electorales conforme a los calendarios programados, o, eventualmente, si era posible, posponerlos hasta que la pandemia les permitiera llevarlos a cabo.
En la primera opción se corría el riesgo de afectar el derecho a la salud, y de hecho, eso ocurrió y hay casos bien documentados como el ejemplo a no seguir que para muchos significaron las elecciones presidenciales en República, las elecciones generales en República Dominicana.
En la segunda opción, se ponían en riesgo los derechos políticos, la suspensión de los derechos políticos y la alteración de los ciclos ordinarios de funcionamiento de todo régimen democrático.
México no fue el único país, por supuesto que enfrentó este dilema, de acuerdo con los datos de IDEA Internacional que se recopilan en este libro, entre el 21 de febrero de 2020 y el 21 de junio de 2021, en 78 países se pospusieron elecciones nacionales y subnacionales, como consecuencia de la pandemia de COVID-19.
En 53 de esos casos, las elecciones se llevaron a cabo en el corto plazo, (inaudible).
En América (inaudible) de las cuales (inaudible), como en el caso mexicano, por cierto, en el año 2020.
En México hicimos ambas cosas, por un lado, en alguna ocasión en 2020, justamente, se pospusieron cuatro meses dos elecciones subnacionales de 2020, las de Hidalgo y de Coahuila y en 2021 celebramos el Proceso Electoral Federal conforme a los tiempos en los calendarios oficialmente establecidos.
Nuestra lógica en ambos casos fue, desde un principio, que la democracia, como solíamos establecer, como principio y como dogma de las autoridades electorales, que la democracia no se convirtiera en una víctima más de la pandemia y, en ese propósito alineamos los órganos del sistema nacional de elecciones, nuestras decisiones y estrategias.
En abril de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral decidió posponer dos procesos electorales que estaban en marcha, para renovar autoridades locales, insisto, en Coahuila y en Hidalgo; Congreso, en el primer caso, municipios en el segundo, destacando las elecciones o posponiendo las elecciones que estaban programadas para llevarse a cabo en el mes de junio y que estaban ya en curso, los procesos electorales estaban desplegándose.
Hicimos, en la toma de esta decisión lo que entonces embrionariamente ya algunos organismos multilaterales, destacadamente IDEA, la UNIORE, la OEA, IFES, señalaban todavía en una lógica de ensayo-error, como los criterios básicos, las condiciones básicas, las prácticas que no debían obviarse en el caso de decidir una posposición de las elecciones.
Concretamente, uno, que existieran posibilidades legales para ello; segundo, que existiera, sobre todo, un consenso político entre todos los actores para que la posposición no se interpretara ni fuera leída, ni fuera utilizada como pretexto con fines políticos y, tercero, hacer un análisis atento de la evolución de la pandemia, es decir, tratar de encontrar la coyuntura sanitaria más pertinente para poder llevar a cabo los comicios que eventualmente se posponían.
Y así lo hicimos en México, la dimensión constitucional, legal, fue salvada, analizando los casos concretos de Hidalgo y de Coahuila que permitían, en un caso, no entrar, en ninguno de los casos, entrar en una crisis constitucional.
En Hidalgo, en efecto, aunque los municipios no pudieron tomar posesión el día que estaba previsto constitucionalmente, sí existía una válvula de seguridad constitucional que permitía que el Congreso pudiera nombrar municipios, autoridades temporales hasta que las elecciones pudieran llevarse a cabo.
Y, en el caso de Hidalgo, perdón de Coahuila, cosa que no era posible porque se trataba de la renovación del Congreso y el Congreso no podía plantear, evidentemente, quiénes sustituían a los propios legisladores, la toma de posesión de los nuevos, de los legisladores electos, ocurriría hasta el 1° de abril del año 2021, del 1° de enero del año 2021; es decir, existía una salvaguarda constitucional.
El proceso político se trabajó y se consideró en ambos casos y, finalmente la coyuntura sanitaria pues nos llevó a definir la fecha de la elección a mediados de noviembre, porque justamente unas semanas después se abría la ventana de la estación de influenza estacionaria, la primera en la que conviviría con el bicho de COVID-19 con efectos para entonces, desde el punto de vista médico y clínico absolutamente imprevisibles, es decir, o lo hacíamos en noviembre, como fecha límite, o entrábamos en una zona de riesgo que podría provocar esas crisis constitucionales que debíamos (inaudible).
A los pocos días de que la Organización Mundial de la Salud declarara oficialmente el inicio de la pandemia, además instalamos un grupo de trabajo llamado INE C19, un grupo de gobierno de la institución electoral, de los procesos electorales, interno, en el que por definición decidimos que no estuviera ninguno de los consejeros electorales para evitar, digámoslo así, que las preocupaciones políticas o de conducción del órgano se sobrepusieran a las decisiones que tenían que tener un espíritu y único criterio científico.
En ese órgano, periódicamente el INE revisó la situación y se diseñaron ahí las medidas sanitarias para resguardar la salud de nuestro personal y de la ciudadanía. Ese es el órgano al que se le atribuyeron facultades para diseñar los más de 22 protocolos que operaron prácticamente todas las actividades de la autoridad electoral nacional y también los proceso en los que, junto con los órganos electorales, desplegábamos nuestros esfuerzos.
Pero, también, por otro lado, protocolos que nos permitieran no paralizar al Instituto y diseñar procesos para reiniciar a la brevedad actividades importantísimas como la emisión de la Credencial para Votar con Fotografía y eso debo confesarlo aquí, como una anécdota propia del Instituto, fue una decisión complicadísima.
Suspendimos durante tres meses el funcionamiento de nuestros módulos y eso significó impedir que durante tres meses la ciudadanía pudiera, no solamente renovar su situación registral, sino además contar con el instrumento de identidad que resultaba fundamental, incluso como supimos, para que familiares pudieran recoger los cuerpos de sus parientes fallecidos, en los anfiteatros que se atiborraron como consecuencia de la pandemia.
Es decir, no tenían la credencial, no tenían dónde tramitarla, y no podían, consecuentemente ni siquiera procesar del peor modo posible, impuesto por la pandemia, siquiera el duelo de sus familiares.
Decidimos el menor costo, reabrir los módulos, la función de brindar este servicio a la ciudadanía era impostergable y tuvimos que hacerlo sabiendo que los módulos, por definición, significan ese ejemplo de lo que todos los protocolos sanitarios: impiden o desaconsejan: aglomeración de gente, operar funciones en espacios cerrados, actividades de contacto como la toma de la huella o de la firma de los documentos, en suma, en un escenario absolutamente inédito y en el que nadie entendía todavía, agosto de 2020, siquiera cuál era la vía de contagio predominante, del bicho.
En paralelo, el INE además conformó un grupo de expertos como un órgano consultivo para diseñar y revisar las medidas sanitarias que adoptamos. Un órgano que todavía hoy sigue acompañando al Instituto Nacional Electoral. Un órgano integrado por quienes saben, asumimos que la peor decisión para, la peor o el peor modo de tomar decisiones era que nosotros, los que eventualmente incluso teníamos doctorado, pero que no nos atrevemos a recetar ni siquiera una aspirina por los efectos que podría implicar, tenemos que asesorarnos de quienes realmente sabían.
Y aquí aprovecho para señalar y agradecer públicamente a ese grupo que, honoríficamente, sigue asesorando al Instituto y que, con sus nombres se revela la calidad técnica por la que apostamos: el Director del entonces, Director del Instituto Nacional de Nutrición, el mejor hospital público y de investigación médica que tiene este país, el doctor Kershenobich; el Director de la Facultad de Medicina de la UNAM; la Directora del Instituto de Investigaciones Biomédicas, que es uno de los órganos de la UNAM que formó parte del cluster que identificó el RNA del bicho; la ex Directora del Instituto Nacional de Salud Pública y experta en epidemiología; el doctor Pablo Kuri que fue el responsable, por cierto, de conducir la estrategia del gobierno mexicano frente a la epidemia de A-H1N1 en 2009, que fueron quienes nos acompañaron en la toma de todas las decisiones y evaluaron todos los procesos que se instrumentaron.
Finalmente, en agosto de 2020, cuando ya se tenían diseñados los protocolos de salud para poder continuar con la marcha del Instituto, se aprobó un acuerdo para proseguir con lo del proceso electoral en Coahuila y en Hidalgo y determinar la realización de los comicios el domingo 18 de octubre.
Por cierto, realizados con niveles de participación acordes con la tendencia histórica y eso se permitió, no disminuyó la participación ciudadana en estos comicios.
Cabe recordar que la decisión de reactivar el proceso electoral fue, ahí sí se rompió el consenso, combatida por el partido mayoritario y criticada desde circuitos gubernamentales, acusándonos de irresponsabilidad.
Recuerdo que una ocasión la Secretaria de Gobernación, ex Secretaria de Gobernación, me dijo si hay un muerto va a ser responsabilidad tuya, porque tú eres el que está neceando para hacer los procesos.
Y le dije, perdóneme, Secretaria, si hay un muerto es responsabilidad del Estado Mexicano, porque el INE lo único que hace es hacer elecciones, las políticas sanitarias les corresponden a ustedes, y la recomendación de hacer las elecciones en esa fecha me fue hecha por el Secretario de Salud.
Entonces, primero pónganse de acuerdo y dejen los criterios políticos para otro espacio.
Lo cierto es que los comicios locales se llevaron a cabo sin que tuvieran mayor incidencia en las curvas epidemiológicas, y sirvieron de antecedente para planear lo que venía, el que para entonces se constituía como el proceso electoral más grande de nuestra historia, por la concurrencia con las elecciones locales de las 32 entidades con la renovación de la Cámara de Diputados a nivel federal.
Íbamos a las elecciones más grandes de nuestra historia con la pandemia en curso. Esa, la del 21, desde el punto de vista de su organización, ha sido la elección más compleja de la historia del sistema nacional mexicano, no sólo por sus dimensiones, que ya mencionaba, sino también por las implicaciones de desarrollar todas las actividades previas a la Jornada Electoral en los momentos más graves de la pandemia, justo cuando estábamos en el curso de la segunda ola, y en el punto de iniciar la tercera ola.
Una tercera ola que comenzó tres semanas antes de la elección, y que, y ahí están los datos que lo revelan, no se vio alterada en su curso, sin duda, a la alza, estábamos arrancando la tercera ola, pero no se vio alterada en la tendencia de crecimiento en las dos semanas posteriores a la elección, justo cuando se manifiestan los contagios.
Es decir, pudimos realizar las elecciones más grandes de la historia, los 32 órganos electorales locales y el INE, sin que esto impactara la evolución de la pandemia.
Claro, para entonces había pasado tun año de enseñanzas, experiencias, aprendizajes recibidos.
Quiero resaltar una idea muy pertinente para los tiempos que corren, y nuevamente cito este importante el libro, la COVID-19, cito, puso de manifiesto la importancia de contar con profesionales capacitados para gestionar los procesos electorales complejos, toda vez que los errores humanos, técnicos, o la manipulación del proceso en general, pueden causar problemas de gobernabilidad para un país o deteriorar la democracia.
Este deterioro es justo lo que no ocurrió en México, como mencionaba, gracias a que previamente contábamos, por un lado, con un Servicio Profesional Electoral Nacional de experimentado, técnicamente sólido, y que, para decirle en una nuez, superó con creces la enorme prueba que teníamos enfrente.
Un Servicio, y hago un paréntesis, que hoy se busca no solamente lastimar, sino suprimir; un Servicio que constituye el pilar fundamental de la organización de los procesos electorales en México; un Servicio del que depende la garantía de que en todo el país habrá casillas en donde deben instalarse.
Y que hoy, con una reforma, o con un intento de reforma, que clara y abiertamente tiene el propósito de cobrar venganza a una institución que ha ejercido su autonomía, se vería, eventualmente, reducido a su tercera parte, y lo digo de una vez, es una obligación de quienes dirigimos al Instituto y una obligación de la sociedad mexicana no permitir que por esa vía se socave nuestro sistema democrático.
Y, perdón, cierro el paréntesis y vuelvo a la COVID.
Gracias a la estructura orgánica del INE, a la sinergia entre el Instituto y los organismos electorales de los estados, y la probada maquinaria electoral mexicana, pudimos, como mencionaba, enfrentar con éxito este duro desafío.
Prácticamente todas las etapas del proceso electoral que se cumplieron conforme al calendario y el 6 de junio de 2021 casi 49 millones de personas acudieron a votar respetando todas, sin excepción, todas sin excepción, incluso los irresponsables que decidieron por principio no utilizar las medidas básicas de prevención del contagio, como el cubrebocas, por cierto, me acordé del Consejo General en donde tuvimos que desalojar la sala porque alguien no quería ponérselo, incluso ellos portaron el cubrebocas que mandaba el INE como condición fundamental para poder entrar a los centros de votación en el día de la elección del 21.
La participación fue un 52.6 por ciento de la Lista Nominal de Electores, una participación histórica en lo que va de este siglo para una elección intermedia, lo que, insisto, representa la más alta en los últimos 20 años.
Destaco un tema adicional que le permitió a las autoridades electorales organizar esta Jornada Electoral exitosa, el del combate a la desinformación, que como ustedes saben, proliferó abundantemente durante la pandemia, al grado tal que la propia OMS acuñó el término de infodemia, refiriéndose a la peligrosa difusión de noticias falsas que, como el coronavirus, se contagia y se hacen virales con gran facilidad poniendo en riesgo una enorme cantidad de vidas humanas.
En lo político la infodemia también era una amenaza para los comicios, por lo que desde un principio se diseñaron estrategias de combate a la información falsa y a la información maliciosa, que algunos pretendieron utilizar como una estrategia para inhibir la participación electoral, o para afectar a sus contrincantes.
La estrategia de comunicación que se echó a andar permitió al INE dar certeza plena a la población y a los actores políticos ante, durante, y después de la jornada electoral, que la salud no se pondría en riesgo, o que, como decía Mario, el derecho a la salud no se veía comprometido por el ejercicio del derecho a la participación política.
Gracias a todo ello, en el 2021 las autoridades del sistema nacional de elecciones pudimos declarar, con toda contundencia, que el objetivo se había cumplido: La democracia en nuestro país no fue, no ha sido, y si se siguen las enseñanzas que hoy tenemos, no sea una víctima más de la pandemia.
Recientemente en su informe definitivo sobre la observación del proceso electoral de 2021 en México, la Organización de Estados Americanos, me refiero a algo que nos entregaron ayer, en donde se reconoció la calidad de la organización de las elecciones en nuestro país, ratificó su reconocimiento a las autoridades del sistema electoral mexicano, por haber llevado a buen puerto estas complejas elecciones sin detrimento del derecho a la salud, garantizando así los derechos políticos de la población sin afectar el derecho al no contagio.
De todo esto, nos habla este pertinente y muy oportuno libro que Manuel y Mario Alberto nos ofrecen como un importante insumo para la academia, para las autoridades electorales, y para el debate público en general.
Cuando arrancó la pandemia todas las autoridades comenzamos a observarnos, a reunirnos, por supuesto, de manera virtual, para reflexionar sobre la inédita coyuntura y los desafíos que enfrentamos.
Este libro me parece que es una buena compilación de las experiencias, buenas, malas, de compartir información de manera recíproca, que nos permitió, finalmente, espero en la fase final de la pandemia de COVID-19, decir que la democracia sobrevivió, y ahora tiene solamente el pequeño desafío de enfrentar la fatiga, de la que Manuel Alcántara desde hace tiempo nos viene advirtiendo como uno de los riesgos que tenemos como sociedad.
Muchísimas gracias y muchas felicidades por esta obra.
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