Las semanas y meses por venir serán claves para la vida de nuestra democracia. El presidente de la República señala que no busca desaparecer al INE, pero la iniciativa de reforma electoral que presentó demuestra lo contrario. Veamos tres dardos de la propuesta que, de prosperar, significarían el fin del INE autónomo.
- La iniciativa del Ejecutivo plantea quitar al INE la confección del padrón electoral. Hoy existen 333 comisiones de vigilancia del padrón (300 distritales, 32 locales y una nacional) integradas por todos los partidos políticos. Cada alta, cada baja y cada cambio de domicilio en el padrón se vigila por las fuerzas políticas que supervisan que todo movimiento sea genuino, con soporte documental y que nadie tenga dos credenciales vigentes. Ello garantiza el principio de una persona un voto. Gracias a este modelo de construcción del padrón, que inició el IFE en 1990, se acabó con los electores «rasurados» y con los «muertos votantes». Sin padrón electoral confiable no hay elección confiable. Arrebatarle el padrón al INE significa suprimir la principal herramienta de certeza en las elecciones.
- El presidente busca cancelar la estructura territorial, profesional y permanente que tiene el INE en todo el territorio nacional (32 juntas ejecutivas locales y 300 juntas ejecutivas distritales). Gracias al trabajo diario de esos equipos, que actualizan la cartografía electoral, que operan los 900 módulos donde se entregan 16 millones de credenciales para votar al año, que visitan las áreas y comunidades más remotas de forma regular es que, en temporada de elecciones, el INE llega a donde no lo hacen otras instancias del Estado mexicano y puede, con los vecinos de los electores, instalar casillas en cada rincón de la geografía del país. Eliminar a esa estructura profesional, a lo que se suma la propuesta de abolir a las autoridades electorales locales, no sólo comprometería las votaciones confiables, sino incluso la capacidad de instalar casillas. Anular la capacidad operativa del INE es otra forma de desaparecerlo.
- La iniciativa pretende que consejeros del INE y magistrados del Tribunal sean electos por el voto popular a partir de listas confeccionadas por el propio presidente, el Congreso -donde su partido tiene mayoría- y el Poder Judicial. Si el partido que más votos populares suele reunir es el del mandatario, quizá sus candidatos a autoridades electorales resultarían también los más votados: así los árbitros estarían alineados con quien gobierna. Se perdería la independencia, la neutralidad, la necesaria autonomía. Es una vía para que el presidente intervenga de forma directa en la conformación de las autoridades electorales y, llegado el caso, las capture. Autoridades electorales supeditadas al gobierno implicarían la desaparición del INE autónomo.
Para conocer la opinión de su labor cotidiana y el contexto de su trabajo, el INE realiza dos encuestas de opinión al año. En la de septiembre pasado, sólo uno de cuatro mexicanos (27%) sabía de la iniciativa de reforma del presidente y, de esos pocos, la mayoría veía con buenos ojos algunas de las propuestas. Desde entonces, el nutrido debate sobre la iniciativa y sus implicaciones han tenido efectos en la opinión pública. Al final de octubre, la encuesta de Reforma (01/11/2022) revela cómo ha cambiado la percepción social: 80% considera que el INE es importante para garantizar elecciones libres, sólo 13% apoyaría desaparecer al INE por otra institución y 65% estima que no es adecuado hacer un cambio en las reglas antes de las elecciones de 2024.
La mejor defensa de la democracia la protagoniza hoy una ciudadanía cada vez más activa y comprometida con sus derechos y libertades.