En su monumental libro Vida y muerte de la democracia (FCE-INE, 2018), John Keane recrea cómo esta civilizatoria y frágil forma de gobierno ha visto la luz y ha fenecido en diferentes momentos de la historia de la humanidad. Al despuntar el siglo XXI, Keane alertó del hecho de «que la mayoría de los nuevos enemigos de la democracia afirmarán ser amigos del pueblo» y que, si lograban abrirse paso en el mundo, entonces resultaría cierto que la democracia «sería destruida en nombre de la democracia» (p. 794).
Recordar la advertencia de Keane es oportuno a raíz de la propuesta del presidente de la República para celebrar una consulta popular sobre la Guardia Nacional, ejercicio a cargo de la Secretaría de Gobernación. Se trata de una iniciativa desde el poder que atenta contra la Constitución por partida doble.
El artículo 35 constitucional permite y regula los ejercicios de democracia directa, señala cómo hacerlos y también qué asuntos no podrán someterse a consulta popular. Así como los derechos humanos no pueden depender de una votación, pues la dignidad de las personas ha de garantizarse desde el Estado democrático incluso contra el eventual deseo de una mayoría, la Constitución también impide someter a consulta «la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente».
Consultar de forma directa a la población sobre temas vedados por la Constitución no busca sino hacer a un lado al Congreso, donde se representa la pluralidad política real de la sociedad, es decir, abroga atribuciones del parlamento, uno de los contrapesos indispensables al poder en democracia. La idea de interpelar al pueblo prescindiendo del Legislativo pretende anular el principal instrumento de intermediación entre sociedad y gobierno. Es una jugada de libro de texto: en el manual del populismo sólo existen el líder y el pueblo mientras que todo lo demás estorba, sea el Legislativo, el Poder Judicial, los órganos autónomos, las leyes que acotan a los mandatarios, los medios de comunicación independientes, etcétera.
Una segunda transgresión a la Carta Magna de la idea del presidente es prescindir del INE, el cual tiene a su cargo de forma directa «la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados» (art. 35 CPEUM) de las consultas populares. Los ejercicios de democracia directa en México deben cumplir con los principios rectores de la función electoral que determina la Constitución: certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Ninguna consulta convocada yorganizada por el gobierno, donde él sea juez y parte, podría cumplir con esos requisitos democráticos indispensables. Sería ilegítima e ilegal.
El INE no puede, ni debe, ser parte de un ejercicio contrario a la Constitución. Cuando haya una consulta popular digna de tal nombre, sobre un tema válido, sí o sí deberá ser organizada por el INE con todos los estándares de confianza que la ciudadanía merece.
La propuesta presidencial de consulta vulnera la Constitución tanto en el contenido como en el procedimiento, en el fondo y en la forma. Cualquiera de estas dos razones bastaría para rechazarla.
La democracia no se fortalece con la simulación de su ejercicio y el quebranto de las leyes, así sólo se desvirtúa y lesiona.
A nadie conviene que el debate sobre la militarización se entrelace con prácticas hacia la desdemocratización.