Un sistema político electoral está conformado por una serie de normas tanto constitucionales como legales cuyo objetivo fundamental es la renovación periódica del poder público bajo condiciones de certeza, equidad, justicia, igualdad, paridad y transparencia para todas y todos los competidores en la contienda electoral.
Por ello, resulta importante referirnos a uno de los múltiples temas que se han discutido y analizado en los foros de la llamada Reforma Política, que se han llevado a cabo en la Cámara de Diputadas y Diputados, me refiero a la permanencia o no de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
En principio hay que referir que para la organización de las elecciones existen dos rutas para su correcta administración. Por un lado, a nivel federal encontramos al Instituto Nacional Electoral (INE) y a nivel local a los OPLE, es decir, el INE se encarga de la planeación, desarrollo y operación de las elecciones de Presidente de la República, senadurías y diputaciones federales, así como de la capacitación electoral, la fiscalización de los recursos y la emisión de lineamientos para el adecuado funcionamiento de los procesos locales y federales, en tanto que los OPLE (uno por cada una de las 32 entidades federativas del país), son responsables de las elecciones de la Gubernatura del Estado (Jefe de Gobierno para el caso de la Ciudad de México), diputaciones del Congreso local, presidencias municipales, síndicos y regidores (alcaldes y concejales para la Ciudad de México), entre otros cargos relacionados con juntas municipales.
Con la Reforma Constitucional en materia electoral de 2014 al INE se le otorgaron múltiples facultades, entre ellas, la de generar diversos criterios y lineamientos para buscar unificar determinados procedimientos electorales; asimismo, el INE se hizo cargo de la Fiscalización federal y local; de generar directrices en materia de capacitación electoral; tiene a su cargo, luego de un proceso de concurso abierto, la designación de consejeras y consejeros de los OPLE, así como de establecer un vínculo de coordinación y comunicación permanente con los OPLE para la consecución de sus funciones.
No obstante, estas funciones no sustituyen de ningún modo, la muy importante labor que ostentan los OPLE que, como ya hemos visto, su labor está directamente relacionada con la organización de las elecciones de su entidad que tienen particularidades normativas y que no necesariamente son iguales a las normas federales, por lo que plantear desaparecerlos atenta no solamente contra nuestro pacto federal y la autonomía de las entidades federativas, sino con nuestro sistema democrático y la estabilidad de las transiciones democráticas que, gracias al actual sistema electoral se han llevado a cabo en paz y, en su caso, las controversias que se presentan son resueltas de forma institucional por los organismos electorales jurisdiccionales.
También hay que señalar que las voces que refieren los supuestos ahorros presupuestales que la Federación obtendría por la desaparición de los OPLE son falsas, ya que se pasa por alto, entre otros aspectos, que del presupuesto que reciben dichos institutos electorales locales, alrededor del 25% en promedio se destina a las prerrogativas que son exclusivas de los partidos políticos para sus gastos ordinarios y de campaña en los procesos locales.
Además, los OPLE han sido los pioneros en implementar mecanismos de votación electrónica a través de la utilización de urnas electrónicas o del uso del voto por internet para emitir el sufragio con lo que, en un mediano plazo este esquema de modernización electoral traería consigo un importante ahorro presupuestal. Aquí es donde debemos mirar.
Otro aspecto importante, es que varios OPLE tienen la función de organizar, de forma permanente, ejercicios de participación ciudadana que permiten involucrar a la población en esquemas de democracia directa que, a nivel local, llevan al menos más de 10 años de su implementación.
Finalmente, será el Legislativo quien tenga la última palabra, no obstante, la opinión de inclinarse por desaparecer a los OPLE estaría invariablemente vulnerando un esquema que ha demostrado su eficacia: garantizar elecciones libres.
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