Una de las condiciones para el correcto funcionamiento de las instituciones públicas, es que cuenten con los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de sus funciones legalmente establecidas y el respeto gubernamental para su ejercicio, de ello depende en gran medida su eficiencia y eficacia. Sin embargo, desde el año pasado hemos advertido que varios órganos autónomos carecen de los recursos necesarios para ejercer sus atribuciones.
Un ejemplo de esto lo tenemos con lo que ocurrió el pasado 5 de septiembre, cuando amanecimos con una noticia verdaderamente abrumadora: las y los trabajadores del Instituto Electoral del Estado de Colima anunciaron públicamente que la situación económica que vive el Organismo Público Local (OPL) ha llegado a tal grado que se han visto afectadas no sólo las actividades institucionales, sino que ha impactado directamente en su percepción salarial, la cual es un derecho fundamental reconocido por nuestra constitución. A pesar de esta situación, las y los funcionarios del OPL manifestaron su compromiso con la democracia y señalaron que seguirían trabajando, a la espera de que la situación por la que atraviesan se resuelva pronto; y aunque esa postura es digna de reconocimiento no es admisible que se pretenda contar con mártires que sacrifiquen sus derechos laborales para que la vida democrática continue en esa entidad.
Lo ocurrido en Colima es el extremo de una realidad que hemos avizorado desde el inicio de 2021, gracias a que el Consejo General del INE, mediante informes periódicos, ha dado a conocer la situación presupuestal de cada uno de los 32 OPL. En ellos ha quedado constancia de que algunos gobiernos estatales han respondido favorablemente a las solicitudes presupuestales de los OPL; pero en muchos otros casos la función electoral se ha visto seriamente afectada por las constantes reducciones presupuestales, retrasos o falta de ministraciones, y ausencia de respuesta por parte de los gobiernos locales ante la solicitud de ampliaciones presupuestales. Pareciera que existe una persecución a los órganos electorales como parte de una estrategia para comprometer su funcionamiento y después culparlos, con aparente justificación, de no cumplir con sus fines constitucionales.
Es necesario que tanto la Cámara de Diputados y Diputadas como los congresos locales tomen conciencia de que del presupuesto aprobado año con año depende el correcto funcionamiento de las autoridades electorales y el cumplimiento de sus fines, que no son solamente de organización de procesos electorales, sino que involucran actividades como: ministrar el financiamiento y dar acceso a las prerrogativas de los partidos políticos, conformación de nuevos partidos políticos, educación cívica, organización de ejercicios de participación ciudadana, entre muchas otras.
Este contexto tempestuoso nos obliga a reflexionar en la importancia que implica que las instituciones cuenten con el presupuesto necesario para cumplir con los fines para los que fueron creadas. Para ello, merece la pena recordar que la autonomía -como responsabilidad pública- es la capacidad que tienen las instituciones para autogobernarse. De manera que, limitar o negar el presupuesto a las instituciones autónomas, se vuelve un mecanismo de control político que pone en riesgo el desempeño de las labores institucionales. En materia electoral ello puede implicar poner en riesgo la regularidad democrática que hemos cimentado desde hace más de 30 años y que hoy vivimos en México.
Existen estudios desde la academia especializada en políticas públicas donde se menciona que el ahorcamiento presupuestal es una evidencia de incidencia de los actores e instituciones contra el modelo democrático, por ello, la ideología política y las alternativas de cambio social no deben trastocar aquellas actividades relevantes del Estado que no pueden ser llevadas a cabo por los gobiernos, es decir, aquellas provenientes de las instituciones autónomas, que desde la década de 1990 han robustecido el andamiaje institucional mexicano. En ese aspecto, uno de los cuatro pilares del diseño de políticas públicas, es que tanto la democracia como el Estado de derecho son dos variables que no deben ser ignoradas por quienes tienen el control de los recursos.
Los embates presupuestales contra las autoridades electorales son más de un carácter confrontativo que de rediseño institucional y, por ende, las consecuencias que esta acción gubernamental específica puede tener en la democracia mexicana pueden ser irreversibles. Ahora bien, aunque es posible recurrir los recortes presupuestales ante el Poder Judicial, tanto en el ámbito local como federal, la resolución nunca será inmediata, por lo que el daño a las funciones que deben desempeñar los organismos electorales y la posible afectación a los derechos humanos de la ciudadanía, pueden ser irreparables.
Sin duda es importante generar ahorros en el gasto público, pero debe considerarse que para generarlos es necesario evaluar a las instituciones de manera integral, es decir, no es admisible que cada vez se les otorguen mayores atribuciones y se pretenda dotarlas de menores recursos, sobre todo si no se realiza un análisis profundo de la manera en la que se ha ejercido el presupuesto en años anteriores.
En palabras de Charles Lindblom: las instituciones autónomas son un límite al gran gobierno; pero ello no debe suponer que aquél actué en contra de estas instituciones, sino por el contrario, los gobiernos deben actuar siempre en favor de los valores democráticos, pues hacerlo de otro modo puede poner en riesgo los pilares que sostienen nuestra vida en democracia.
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