Desde el inicio de la independencia que celebramos hoy, México se construyó con el ideal de que su organización política estaría regida siempre y en todo momento por un gobierno democrático, en el que las y los mexicanos podrían elegir libremente a las personas que querían para que los gobernaran y además de que esta misma ciudadanía tomaría parte, por las vías diseñadas para ello, de las decisiones de su propio gobierno.
Nuestra transición a la democracia ha sido un largo proceso cuyos inicios se pueden rastrear principalmente a partir 1977, con la aprobación de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, con la que el Estado Mexicano reconoció por primera vez la pluralidad de fuerzas políticas existentes en el país y la necesidad de que el país contara con un sistema de partidos que permitiera la competencia real por el poder político.
La reforma electoral de 1977 desencadenó una serie de reformas constitucionales y legales, cuyo resultado en los últimos 40 años, ha sido la construcción paulatina de un sistema electoral democrático, competitivo y plural. Este sistema, sustentado en el principio básico de “una persona, un voto” permite que todos y todas tengamos la misma capacidad de incidencia frente a la política y ejerzamos de esta forma un control sobre el poder del Estado.
Sin embargo, hoy en día podemos decir que la democracia trasciende la perspectiva electoral, se entiende como un sistema que promueve y permite el respeto irrestricto de los derechos y libertades de las personas, la creación de oportunidades iguales para todas las personas, la vigencia del Estado de derecho, la consolidación de valores de igualdad, tolerancia y respeto mutuo a las diferencias, los cuales son fundamento básico de las relaciones sociales pacíficas.
La democracia es una condición que sólo puede ser alcanzada a través del respeto de los derechos humanos de las y los gobernados y, por consiguiente, del Estado de derecho. De igual forma, está íntimamente relacionada con la búsqueda de mayor igualdad social y la lucha eficaz contra la superación de la pobreza.
A nivel mundial diversos organismos internacionales y regionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros, han suscrito una gran variedad de instrumentos jurídicos que regulan de manera general o específica aspectos relacionados con la democracia tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana. Instrumentos de los que es parte y ha suscrito nuestro país.
En este sentido en el año 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su resolución A/RES/62/7, decidió declarar cada año el 15 de septiembre como Día Internacional de la Democracia. Asimismo, por medio de este documento, alentó a los gobiernos del mundo a fortalecer programas nacionales para promover y consolidar la democracia en sus países.
La Asamblea General de la ONU escogió esta fecha debido a que la Unión Interparlamentaria adoptó el 15 de septiembre de 1997 la “Declaración Universal sobre la Democracia”. En esta declaración, los estados miembros de la Unión reafirmaron su compromiso con los principios, los elementos y prácticas necesarios para un gobierno democrático. Definiendo con ello a la democracia como un valor universal cuyo fundamento es la voluntad de los pueblos, libremente expresada para determinar su propio sistema político, económico, social y cultural, con participación plena en todos los aspectos de su vida.