VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA CARLA ASTRID HUMPHREY JORDAN, EN EL PUNTO 9 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE LA POSIBLE IMPLEMENTACIÓN DE URNAS ELECTRÓNICAS EN CASILLAS ESPECIALES
En aras de economía procesal, me gustaría presentar el punto 9, 10 y 11 en esta sola intervención.
Respecto del punto 9, que ya se mencionó, la implementación de casillas electrónicas en casillas especiales, como ya se ha identificado en los estudios e informes anteriores, el uso de urnas electrónicas en los procesos 2020 y 2021 han permitido disminuir los materiales electorales y los tiempos de respuesta en cada una de las fases de la Jornada Electoral.
Su implementación en casilla especial solo requiere de manera general, que se programe la boleta electoral electrónica mostrada en pantalla, la determinación del número de electores que pueden registrar su voto en estas herramientas tecnológicas.
Es decir, solo se sustituye la boleta electoral impresa, pero todo el procedimiento conocido para la operación de la casilla especial sigue realizándose tal cual está previsto.
El beneficio esperado sería una disminución en el gasto para la producción de las boletas impresas, marcadores de boletas, urnas convencionales, de igual forma reducción del tiempo para el escrutinio y cómputo en la casilla, lo que posibilitaría la emisión de resultados casi inmediatamente después del cierre, libre de errores e imprecisiones.
Se vislumbran otras dos ventajas potenciales.
En primer lugar, la posibilidad de votar por cualquier cargo, con independencia del domicilio de origen de la o el elector.
La utilización de urnas electrónicas permitiría habilitar para el electorado, las boletas electrónicas para todas las elecciones en las que tendría derecho a participar, ya si aplicar las restricciones tradicionales por criterios geo electorales.
En segundo lugar, se emplearía la capacidad de atención de electores y electoras durante la Jornada Electoral.
Como se puede desprender de este estudio, es viable implementar un esquema de votación con urnas electrónicas en casillas especiales, mejorando notablemente el modelo general de operación de estas casillas especiales.
Sobre el punto 10. Estudio comparativo de los tiempos de votación y resultados electorales de urnas tradicionales y urnas electrónicas. En este trabajo se recopiló la información en casillas con urna electrónica y tradicional, en un universo acotado de casillas del proceso electoral 2021-2022, para determinar los tiempos de votación.
Se observó que la casilla con urna electrónica permite disminuir considerablemente los tiempos en tres de las cuatro fases de la Jornada Electoral y reduce los esfuerzos humanos.
Dicho de otra manera, mientras que en una urna tradicional el escrutinio y cómputo se lleva a cabo en promedio 90 minutos, en la urna electrónica sólo se requirieron 40 minutos. Mientras que la integración del paquete electoral de la urna tradicional, se llevó a cabo en un promedio de casi 50 minutos.
Con urna electrónica, la actividad fue completada en poco más de 30 minutos.
Del informe se puede concluir que la urna electrónica demostró no ser más complicada ni para los funcionariados de casilla ni para el electorado, pues los tiempos de instalación de las urnas y de votación, son claramente menores que con la urna tradicional.
Este trabajo no enseña que, en su momento, sería un error plantear casillas con urna electrónica con las mismas condicionantes, restricciones y requisitos, que las que se utiliza en las casillas con votación en urna tradicional.
Si este instituto está dispuesto a estudiar de manera objetiva la implementación de urnas electrónicas, es imperativo que se cuente con este y otro tipo de estudios e informes que nos den cuenta sobre su uso y operación, para ilustrar de mejor forma el nuevo modelo operativo, logístico, reglamentario legal, en su caso.
Finalmente, sobre el punto 11, referido al voto anticipado, esta comisión estudió dos cosas: Primero, las formas de votación anticipada en el mundo; y segundo, los mecanismos para instrumentar el voto anticipado en favor de grupos poblacionales con calidad específica en México.
Se trata de dos temáticas y retos que este instituto deberá atender en el corto plazo, pues como uno de los principales órganos garantes de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía, su deber es maximizarlos gradual pero permanentemente en términos del principio jurídico y democrático de progresividad y no regresividad, y de lo que en general demanda de todas las autoridades mexicanas, nuestro parámetro de regularidad constitucional y convencional.
En particular, esta investigación del punto 12, encontró que el voto anticipado sucede casi en todo el mundo, aunque en diversas modalidades como el voto por internet, por poder, hostal, en urna móvil y en centros de votación.
La modalidad con mayor incidencia es la que se despliega en centros de votación con 74 países, seguido de la urna móvil que se utiliza en 64; después el voto postal en 59; mientras que el voto por poder y el voto por internet se usan en 37, en el primer caso, en 14 naciones, en el segundo.
En resumen, este reporte concluye lo siguiente:
A comparación de otros países, la modalidad de voto anticipado aún se encuentra en ciernes en nuestro país. La primera diferencia entre qué sucede en el mundo y lo que tenemos en México, es su regulación normativa formal.
La votación anticipada en nuestros países se encuentra perfectamente definida, y en nuestro país aún no.
En nuestro país el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero puede considerarse un mecanismo de votación anticipada, pero excluye a los demás grupos que podrían tener una necesidad similar o mayor para emitir su voto a través de un mecanismo alterno aquí en territorio nacional.
Sin embargo, nuestro sistema electoral posee suficiente experiencia para diseñar e implementar un mecanismo de votación anticipada generalizada, similar a los que existen en otros países ajustado a las particularidades y dinámica poblacionales de la sociedad mexicana.
En efecto, la experiencia adquirida a través del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero y las pruebas piloto de voto de personas en prisión preventiva, y en especial la de voto anticipado en territorio nacional en junio de 2021 en Aguascalientes, brindan elementos suficientes para tener un punto de arranque sólido en el tema.
Agradezco y felicito el compromiso de las áreas al realizar estos análisis de estudios que me parecen que dan elementos a este Consejo General de hacia dónde tiene que continuar, los esfuerzos respecto a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las y los mexicanos en nuestro país y fuera de nuestro país.
Con toda seriedad y convicción creo que estos trabajos de investigación documental y análisis comparados no nos entregan de una vez y para siempre todas las respuestas que necesitamos, pero sí nos van enseñando como colegiado a cómo hacernos más y mejores preguntas respecto a este tema.
Es cuanto, colegas, Presidente.
-o0o-