Como un reconocimiento a las contribuciones de las y los africanos en todo el mundo y con el objetivo de eliminar todas las formas de discriminación de este importante sector de la población mundial, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, proclamó el 31 de agosto como el Día Internacional de los Afrodescendientes.
Con este reconocimiento la ONU busca promover el pleno reconocimiento y respecto al importante legado de los afrodescendientes al desarrollo de las sociedades en el mundo, a la par de promover la plena garantía de sus derechos humanos, así como sus libertades fundamentales.
En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, viven 2 millones 576 mil personas que se reconocen como afromexicanas y que representan alrededor del 2% de la población total del país que asciende a poco más de 126 millones de personas. Por grupos de edad, alrededor del 40% de esta población afromexicana se encuentra en un rango de los 30 a los 59 años, seguido del grupo que va de los 15 a los 29 años que representan el 26% de esta población.
Dada la importancia de la población afromexicana para nuestro país, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su sentencia SUP-RAP-121/2020, de fecha 29 de diciembre de 2020, determinó que el Instituto Nacional Electoral debía establecer diversas acciones afirmativas en favor de grupos que históricamente han permanecido invisibilizados.
A raíz de esta sentencia, el INE a través del Acuerdo INE/CG18/2021, de fecha 15 de enero de 2021 estableció cinco acciones afirmativas: para personas indígenas, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, personas migrantes y residentes en el extranjero, así como para personas afromexicanas, mismas que, en su conjunto, se instrumentaron en el proceso electoral 2020-2021.
Para el caso particular de las acciones afirmativas en favor de las personas afromexicanas, el INE consideró pertinente aplicarla en forma progresiva en relación con su representatividad, para que en el proceso electoral señalado se lograra un porcentaje suficiente de participación de las personas afromexicanas en las candidaturas propuestas por los partidos políticos con registro nacional y coaliciones, que pudiera resultar significativo para su inclusión en la Cámara de Diputadas y Diputados.
En este sentido, el INE determinó exigir a los partidos políticos y coaliciones un piso mínimo que permitiera expandir los derechos políticos y electorales de las personas afromexicanas, para lo cual debían postular a cuando menos tres fórmulas de candidaturas integradas por este sector de la población para la fórmula conformada por el principio de mayoría relativa en cualquiera de los 300 Distritos Electorales Uninominales en que se divida la geografía electoral del país; para el caso del principio de representación proporcional debían de postular, al menos, una fórmula en cualquiera de las cinco circunscripciones electorales debiéndolas ubicar dentro de los diez primeros lugares de la lista. Asimismo, el acuerdo del INE determinó que las cuatro postulaciones debían realizarse cumpliendo el principio de paridad.
Ahora bien, tal y como lo dispone el Acuerdo del INE mencionado, “…en el caso de coaliciones parciales o flexibles, las personas afromexicanas postuladas por éstas se sumarán a las que se postulen en lo individual cada uno de los partidos políticos que las integren, independientemente del partido político de origen de la persona”.
El resultado de esta acción afirmativa para el caso de las personas afromexicanas, al menos para el inicio de la Legislatura, fue que 4 mujeres y 2 hombres que se autoidentificaron como afromexicanas son Diputadas y Diputados; de los hombres, 1 ganó por el principio de mayoría relativa y otro por la vía de la representación proporcional, en tanto que las 3 mujeres lo hicieron por mayoría relativa y una por la vía de la representación proporcional.
Estas acciones afirmativas, como lo hemos visto para el caso de personas afromexicanas, permiten que la sociedad sea tomada en cuenta en su totalidad, tengamos órganos electos de forma inclusiva para potenciar sus derechos consagrados en nuestra Constitución y visibilizando a los sectores que durante muchos años han sido discriminados. La adopción de estas acciones es importante para conseguir una sociedad plural en beneficio de nuestro sistema democrático cuya regla básica es la participación de todas y todos los ciudadanos de manera igualitaria.
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