Muy buenas tardes.
Es un verdadero privilegio estar esta mañana con ustedes, en esta reunión de la Asociación Nacional de Contraloras y Contralores de los Institutos Electorales del país.
De veras es un gusto poder reunirnos, sobre todo después de estos complejos tiempos, digamos, de encierro y poder participar en este espacio, en esta reunión nacional que emula esa sana tradición que han tenido los distintos OIC de nuestros órganos electorales en el país de, periódicamente, intercambiar puntos de vista, experiencias, desafíos, ahora en la ciudad de Monterrey, en este bello estado.
Quiero comenzar obviamente haciendo los agradecimientos del caso, al contador Público Jesús Limones Hernández, Presidente de la ANCIEN, también a nuestro anfitrión Ignacio Carrillo y, por supuesto, a las autoridades electorales del estado de Nuevo León, a la Presidenta, flamante Presidenta de la Comisión Estatal Electoral, a la doctora Beatriz Adriana Camacho y saludo también a nuestra delegada en el estado, la licenciada Olga Alicia Castro.
Y también, creo que está por acá, Jesús, mi compañero y camaradas, digamos, de batallas, el Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, mi buen amigo, el licenciado Jesús Georges.
He preparado una presentación, nada más que temo decepcionarlos, creo que la conferencias que se anunció que iba a dar es la que le tocó a Julieta hace unos minutos o que le va a tocar en un ratito más, porque no me meto yo en la plataforma de transparencia, sino como sujeto obligado que soy simple y sencillamente acato lo del INE como autoridad en la materia nos plantea.
Y quiero aprovechar este espacio que generosamente me han dado para hablar del rol de los órganos electorales, sobre todo en un contexto en el que, como ustedes saben, pues se ha detonado una discusión a nivel nacional, una importante discusión sobre la pertinencia o no de las modificaciones del sistema electoral que está en curso.
Hay quien ha planteado, por ejemplo, la desaparición de los Organismos Públicos Electorales, lo que supone también eventualmente la desaparición de los respectivos órganos internos de control, como parte de un balance, de un diagnóstico particular que se ha hecho sobre nuestro sistema electoral, pero me parece que para poder situar la discusión respecto de una potencial reforma electoral, pues vale la pena hacer un análisis de contexto que vaya un poco más allá y que analice cuál ha sido la figura de los órganos electorales como órganos constitucionales autónomos, tanto en el plano local como en el federal en el diseño constitucional del Estado mexicano.
Parto de una serie de consideraciones generales, es decir, si se quiere más de tipo conceptual, pero que vale la pena, insisto, tener presentes, porque me parece que, insisto, definir qué somos los organismos constitucionales autónomos y, particularmente los electorales, pue es el primer punto de partida para poder hacer un diagnóstico respecto de funciona o no el propio sistema y hacia dónde tiene que estar encaminado el mismo en el caso de una eventual reforma.
Primer punto. Aunque se habla mucho de los organismos constitucionales autónomos como una parte del constitucionalismo mexicano a la discusión constitucional a nivel global, en estricto sentido se trata de figuras que, más allá del nombre, nacen en el funcionalismo norteamericano del siglo XIX.
La especialización cada vez mayor de los aparatos estatales en el siglo XIX llevó a los norteamericanos a plantear la necesidad de lo que ellos llaman agencias autónomas especializadas, que no son órganos que dependen del Poder Ejecutivo, tampoco del Legislativo, mucho menos del Judicial, pero sí se trata de órganos públicos que cumplen ciertas funciones que requieren, digamos, niveles de actuación técnica y, en consecuencia, política, que no pueden estar subordinados a los intereses de los distintos gobiernos que son naturalmente elegidos en las urnas, definidos periódicamente en las urnas.
Así que, nuestro antecedente remoto son aquéllos.
Segundo, los Organismos Públicos Locales son parte de un proceso de transición a la democracia, abundaré sobre ello un poco más; es decir, entender a los organismos constitucionales autónomos como una figura propia del constitucionalismo mexicano es indispensable, o más bien es indispensable asumir que es parte del proceso de transición a la democracia; es una de las rutas mediante las cuales la transición a la democracia en México se fue planteando.
En tercer lugar, los OCAS complementa la lógica de la división de poderes, fortalecen el control político y el combate a la corrupción, mes parte de su propia lógica, evidentemente no se trata de órganos que están ajenos a la estructura del Estado, por lo tanto, los organismos constitucionales autónomos o a la autonomía que éstos gozan no significa autarquía.
Y, finamente, ¡hombre!, se trata de órganos que, en los momentos que corren, pasan por el país, no gozan de, digamos, de su mejor momento en términos del aprecio, no digo público, porque paradójicamente los organismos constitucionales autónomos seguimos siendo los organismos civiles del Estado mexicano con mayor confianza pública, pero no gozan de las mayores simpatías de buena parte, digamos, de los actores políticos y, sobre todo, del poder político.
Y, finalmente, ¿hay necesidad o no de una reforma electoral?, estos son como los grandes ejes sobre los que quisiera platicar con ustedes en los próximos minutos, si ustedes no tienen inconveniente.
Primer gran dato, ya lo mencionaba. Los organismos constitucionales autónomos, si bien el término es un término muy mexicano, en realidad se trata de una figura que ya data de más de 150 años y que fue surgiendo con la evolución del constitucionalismo norteamericano en el siglo XIX.
Se trataba, como anticipaba, de organismos públicos, sin lugar a dudas, pero con una especialización técnica que no puede depender de criterios políticos para su funcionamiento y que, dependiendo de las materias, pues fueron implicando la creación de estas agencias, repito, autónomas, así las llaman los norteamericanos que, en el constitucionalismo norteamericano, nosotros nos quejamos porque tenemos creo que son 11, 12 organismos constitucionales autónomos.
En el régimen constitucional norteamericano son cientos de agencias autónomas las que operan desde hace más de 150 años y es normal que periódicamente, con base en las nuevas preocupaciones, en las nuevas problemáticas vayan surgiendo organismos autónomos.
Así, por ejemplo, en el gobierno Biden, solamente para mencionar que se trata de una historia que sigue y sigue dando de sí en aquella experiencia constitucional, se ha creado una agencia para la Atención del Cambio Climático de manera particular, rescatando una agencia que ya existía en la época de Clinton y después desapareció en la época de Trump, pero, ¡hombre!, no es difícil entender por qué.
En todo caso, insisto, eso es una figura que nos es propia de nosotros, sino es una figura que en buena medida el funcionalismo norteamericano ha heredado a otras experiencias.
Creo que es importante entender que los organismos constitucionales autónomos, como son las agencias autónomas, pues vienen a, no es que pongan en entredicho, pero sí vuelven mucho más complejo la discusión o, digamos, la teoría clásica de la división de poderes, no porque contrapongan o contrapunteen su lógica, como diré en un momento, a lógica que siguen los organismos constitucionales autónomos; sigue la misma lógica de la división de poderes, desde sus orígenes conceptuales con Locke y Montesquieu, hace 400 años y 350, respectivamente, aunque evidentemente, pues sí trasgreden aquella formulación originaria de tres grandes órganos en los que se divide el poder del Estado.
Insisto, la lógica es la misma que la división de poderes, aunque evidentemente la división clásica de esta teoría, pues ha tenido que replantearse con la existencia de estos órganos.
Y, desde ese punto de vista, la lógica que se sigue es la lógica de que el poder frena al poder, como Montesquieu lo decía.
Bueno, no son. Los organismos constitucionales en México tienen una particularidad adicional. No ocurrió así en Estados Unidos; en Estados Unidos el surgimiento de las agencias autónomas respondió a la complejidad técnica cada vez mayor de la operación del aparato del Estado.
En el caso mexicano, los organismos constitucionales autónomos, todos, sin excepción, son un resultado del proceso de construcción de nuestra democracia; es decir, la transición en México hizo de los organismos constitucionales autónomos a una de las rutas, convirtió a estos en una de las rutas mediante las cuales el proceso de democratización fue operando.
Y aquí hay un dato que vale la pena subrayar: todos, todas las funciones que hoy cumplen los organismos constitucionales autónomos, sea a nivel federal, sea a nivel local, todas en su momento estuvieron en la órbita del Poder Ejecutivo.
¿Quién organizaba las elecciones hace 30 años? La CFE, por supuesto, me estoy refiriendo a aquel órgano dirigido por Manuel Barttlet, bueno también esta, no, aquella es la Comisión Federal Electoral, esta es Comisión Federal de Electricidad, es el mismo Manuel Barttlet, las siglas son las mismas, pero las funciones eran distintas ¿no? Es decir, la función electoral la desempeñaba, la realizaba el Ejecutivo.
¿Quién era el responsable de la política, del control de la inflación y de la política, de determinar los ejes de la política monetaria que hoy, desde principios de los noventa, es una responsabilidad de El Banco de México como organismos constitucional autónomo? Pues la Secretaría de Hacienda.
¿Quién era el responsable de la garantía de los Derechos Humanos? Bueno, hoy a veces también nos preguntamos quién es el responsable de la garantía de los derechos humanos, pero bueno, la constitución nos da la respuesta, la Comisión Nacional de los Derechos humanos y que en su momento nació, no hay que olvidarlo, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. La CNDH nació dentro de la Secretaría de Gobernación a finales de los noventa.
Es decir, toda la lógica de garantía originalmente estaba dentro de la órbita del Ejecutivo y fue en los noventa cuando se volvió un órgano constitucional autónomo.
¿Quién era el responsable, bueno, de las políticas de transparencia? Pupes prácticamente nadie, digamos, cada órgano era responsable de las mismas, la misma democratización implicó la creación de políticas, digamos, de normas de transparencia de órganos garantes de la misma y del derecho a la información que, bueno, en plena transición ala democracia fue natural que implicara que estas funciones se le concedieran aun órgano como el IFAI, primero, que evolucionó hacia el INAI después.
¿Quién era el responsable de la vigilancia de la competencia, digámoslo así, económica y, en consecuencia, el garante de que la prohibición de los monopolios establecida en el artículo 28 constitucional operara en México? Pues la Secretaría de Economía, después surgió un órgano autónomo, que fue la Comisión Federal de Competencia.
¿Quién era el responsable de la asignación de las concesiones de radio y televisión, de la revisión de las renovaciones de dichas concesiones, del cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios, etcétera? Pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Gobernación, que era RTC. Aunque la transición trajo como consecuencia que estas funciones se arrebataran del Poder Ejecutivo y se le concedieran al IFT y así sucesivamente.
No hay un solo órgano constitucional autónomo que no cumpla hoy en México funciones que originalmente estaban en el Ejecutivo y a lo mejor esto es una de las razones por las cuáles, pues, es explicable esta antipatía, por decir lo menos, que se tiene respecto a los órganos constitucionales autónomos que desde el discurso en el poder, en múltiples ocasiones se ha planteado que son órganos al servicio, digamos, de intereses particulares y no que cumplen una función constitucional propia, insisto del proceso de democratización.
Vuelvo al punto, fue la transición a la democracia la que creó este tipo de órganos, y todos se crearon arrebatando funciones al Ejecutivo, todos, sin excepción.
Creo que es importante tenerlo presente porque, desde este punto de vista, los OCAS, de los que todos formamos parte, en el tramo federal, en el plano local, nacional ahora o en el plano local, pues responde a una lógica y a un diseño constitucional que tuvo, que resultó de un propósito específico: democratizar el país.
Y eso pasó ineludiblemente por acotar aquello que Jorge Carpizo definió magistralmente como el tipo de presidencialismo mexicano, que, claramente era un presidencialismo de corte autoritario.
Tercero, pone o no en crisis la teoría tradicional de la división de poderes los Organismos Constitucionales Autónomos, porque al ser tales, evidentemente no depende de ninguno de los tres poderes tradicionales, la respuesta es no, desde mi punto de vista. No, si se piensa en la división de poderes como el resultado de un propósito declarado por parte de quienes la inventaron en el mundo moderno, que son John Locke, primero y Montesquieu después, perfeccionando en la clásica tripartición de Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial.
Y, por cierto, algo que siempre hago con mis alumnos de Derecho Constitucional, es preguntarles cuáles son los tres poderes. Y siempre hay algún alumno que cae en el garlito y me dice poder ejecutivo, legislativo y judicial, no.
Locke y Montesquieu hablaron del Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Nuestra Constitución habla de Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Nuestra Constitución instituye primero al Legislativo, luego el Ejecutivo y luego al Judicial, por una simple y sencilla razón, en todo sistema democrático, los poderes legislativos tienen siempre una preeminencia lógica, jurídica y política respecto de los poderes ejecutivos.
Incluso en los sistemas presidenciales en donde la elección del Ejecutivo corre por cuerda separada de la elección del Parlamento.
Dicho eso, es cierto que ninguno de los órganos constitucionales autónomos está en la órbita de estos tres poderes tradicionales, con lo cual podría decirse que van en contra de la teoría tradicional de los poderes, lo cual es un absurdo, porque hay muchos países, como por ejemplo Venezuela o Perú, en donde el así llamado poder electoral es el cuarto poder.
La Constitución chilena está constituyendo, bueno no sé si se va a aprobar o no, pero que está en vías de aprobación o por lo menos de su validación en un referéndum en las próximas semanas, establece al Poder Electoral como uno de los cuatro poderes del Estado.
Es decir, lo que quiero decir es que la teoría tripartita de los tres poderes del Estado, derivada en su formulación más acabada por Montesquieu, pues es una teoría que con el paso del tiempo ha tenido que irse adecuando a las complejidades que han ido adquiriendo los estados constitucionales modernos.
Y los Órganos Constitucionales Autónomos no están inscritos en ninguna de esas, por eso son autónomos y, por eso son, como tales, ni están inscritos en ninguno de los tres poderes.
Sin embargo, lo que sí es cierto es que la lógica que subyace a la teoría moderna de la división de poderes, no hace sino reforzarse con la existencia de los OCAS.
¿Por qué?, porque la división de poderes no se hizo para otra cosa, sino para que, cito a Montesquieu: “que el poder controle al poder” y que se eviten, en consecuencia, concentraciones indebidas o que propicien el abuso del, de hecho, parte de nuestro proceso de democratización fue que la división de poderes que está en nuestras constituciones desde 1824, por primera vez dejara de ser papel mojado y los otros poderes, el Legislativo y el Judicial, controlaran también o se controlaran recíprocamente y controlaran al Ejecutivo.
Dicho lo anterior, los OCAS no vienen sino a potenciar esta lógica, porque los organismos constitucionales autónomos tenemos la función de ir controlando también la tarea de los otros poderes.
Somos órganos de control, ya sé que ustedes son los órganos de control de las tareas sustantivas de la que estamos encargados quienes dirigimos las instituciones, estas instituciones, pero esa misma lógica, el control interno, que Jesús verifique que lo que hace administrativa el INE y que la normativa que se ha dado se cumpla, es una manera de controlar al poder de un órgano constitucional autónomo.
Lo mismo que los órganos constitucionales autónomos tenemos cuando determinamos, aplicamos la ley y aplicaciones a los funcionarios públicos que, por ejemplo, se ponen a hacer campaña electoral con bienes públicos o que intervienen en procesos para lo que no están habilitados.
Es decir, somos mecanismos de control del poder y a lo mejor eso, por cierto, es una de las razones por las cuales resultamos incómodos.
Y déjenme decírselos así: los órganos constitucionales autónomos, por su propia naturaleza, están para ser incómodos; como el Legislativo está para ser incómodo al Ejecutivo o al menos debería y el Judicial está para ser incómodo a los otros dos y el Ejecutivo a los demás, es decir, es la misma lógica de funcionamiento a la propia democracia.
Entender esto es entender justamente la naturaleza de la función que tenemos. Bueno, y además de todo tenemos una función que es, digamos también una función fiscalizadora; particularmente -todos-, pero particularmente los órganos electorales.
Formamos parte indirectamente, no directamente, pero sí indirectamente de un aparato, digámoslo así, de una arquitectura institucional para combatir la corrupción. Entendiendo la corrupción no nada más robarse dinero o hacer dinero aprovechando, indebido, aprovechando las funciones, sino entendiendo por corrupción en el sentido más alto y más amplio, el no cumplimiento de las reglas mediante las cuales deben operar los órganos públicos.
Quien abusa del poder yendo más allá de las facultades legales y constitucionales que tiene un órgano, está cometiendo de alguna manera corrupción; por supuesto, quien se enriquece del ejercicio del cargo, indebidamente, pues evidentemente lo hace de manera más clara.
¿Por qué digo que los órganos electorales tenemos estas funciones de control en funciones anticorrupción?, bueno, en primer lugar, porque la alteración del voto ciudadano implica también un acto de corrupción.
Si no gana quienes los ciudadanos dijeron en las urnas que debía ocupar un cargo público y conforme a las reglas que tenemos, estamos frente a un acto de corrupción. Así que la gestión electoral, propiamente hablando, es también una manera de impedir la corrupción política.
En segundo lugar, porque tenemos la facultad de ser órganos de control de los recursos de los partidos. Digo, no me detengo mucho sobre esto porque es absolutamente obvio; fiscalizar a los partidos significa ejercer un control para garantizar que los recursos que disponen estas instituciones, fundamentales del aparato constitucional del Estado mexicano, pues se ajuste a las disposiciones legales en la materia, tanto en los dineros que reciben, como en los dineros que gastan.
Y también creo, y aquí hay un dato importante, porque justo lo hemos platicado mucho con Jesús, no me dejarás mentir, que, y esto se ha hablado incluso con la función pública, que la cultura cívica implica también una lógica de digamos combate a la corrupción, en la medida en la que un ciudadano que cumple con las obligaciones constitucionales que debe tener todo ciudadano, pues es un ciudadano que ayuda a combatir la corrupción, que paga los impuestos que debe pagar, una cultura de la contribución, que denuncia los ilícitos cuando tiene conocimiento de los mismos, una cultura de la rendición de cuentas.
Que se ajusta, en suma, a las reglas del juego de la convivencia política y electoral. Así que también la cultura cívica es, dado que ésta es una facultad de los OPLES, creo que ustedes mismos como titulares de los OIC de los institutos estatales pues deberían también de tener un rol fundamental en la promoción de la propia cultura cívica, entendida ésta también como la creación de un Estado de Derecho.
Y la creación del Estado de Derecho es ajustarse a las reglas tanto autoridades, pero también los propios ciudadanos. Entonces, cada quien, con la lógica de cómo le aplica el principio de legalidad, a las autoridades porque no podemos hacer nada que no esté expresamente facultado, que no estemos expresamente facultados por las normas y a los particulares porque no pueden hacer nada que no le esté expresamente prohibido.
Como sea, el Estado de derecho tiene estas dos dimensiones y creo que eso implica ir en contra de las prácticas de corrupción y ésa es una función de los organismos constitucionales.
Autonomía no es autarquía, no digo mucho al respecto.
Sí, una cosa es que seamos autónomos, otra cosa es que no entendamos que somos parte del Estado mexicano y que hay ciertas funciones que solamente van a poder resolverse con la colaboración y la debida participación nuestra con otros órganos de gobierno, federal y local u otros órganos del Estado, como los legislativos o los judiciales.
Pongo un par de ejemplos, ¡hombre!, ante el flagelo que representa, aunque algunos lo minimicen, los desaparecidos en este país, siendo el INE el depositario de la base de datos más grande del país que no puede entregar de acuerdo con las leyes de transparencia, a otros poderes, pues sí claro que se pueden utilizar, aunque el Padrón tiene una finalidad eminentemente electoral, tiene sentido que se utilicen los biométricos que ahí están para tratar de identificar a las personas desaparecidas y por eso hemos insistido con tantísimo tiempo que hasta parece que los más interesados en resolver el problema somos nosotros.
Es más, tenemos hasta el problema de los menores de edad. En México no tenemos una base de datos de menores de edad ni tenemos credencializados a los menores. Por eso desde hace rato a los distinto Secretarios de Gobernación de antes y de ahora, hemos venido insistiendo, oigan vamos a firmar un convenio con el Secretario de Gobernación, ustedes tienen la facultad de credencializarlos, pero no tienen la infraestructura.
Nosotros no tenemos la facultad, pero sí tenemos la infraestructura y la credibilidad pública. Trabajemos conjuntamente, de modo tal que con el mero pago del plástico, sin todo el aparato, pues nosotros les credencialicemos a los menores, pero creo que los gobiernos, los otros y el actual, están más interesados en hacerse de la base de datos del Padrón Electoral que no al resolver un problema.
Pero buen, eso ya es política y no me meto en política, a mí no me gusta meterme en política.
Bueno, pero, es decir, la colaboración es importantísima, del mismo modo que ustedes tienen que tender como titulares de los OIC canales de comunicación con las otras instancias de fiscalización del Estado mexicano para el adecuado cumplimiento de las funciones.
Insisto, una cosa es que sean autónomos y eso se los dije en alguna ocasión y estoy cada vez más convencido, los OIC son una pieza clave de la autonomía de los órganos electorales. No es nada más una responsabilidad de los Consejos Generales o de los órganos ejecutivos; ustedes son también pieza clave de la autonomía, en la defensa de la autonomía.
Y, en esos no son no hay un ustedes y nosotros todos que les entregamos a los órganos electorales somos responsables de cuidar la autonomía de los mismos cada quien desde su trinchera y ejerciendo debidamente sus funciones, vigilar el debido manejo de los recursos y la adecuada cumple la cumplimiento de la normatividad es una manera mediante la que ustedes defienden también la autonomía generando contextos de exigencia a los tomadores de decisiones en los órganos electorales.
Pero, una cosa es eso insisto, y otra cosa es autarquía, asumir que somos la hermana república electoral y, por lo tanto, con los gobiernos ni nos hablamos, ya si los gobiernos no nos quieren hablar, pues eso es un problema de los propios gobiernos, no, de este lado siempre hemos tendido puentes.
Y sin embargo la autonomía hoy está viviendo momentos de riesgo, perdón, aquí ya me retrasé.
¿Cuáles son los riesgos a las autonomías que estoy viendo en los tiempos actuales? Los mencionó telegráficamente: Primero, la usurpación de facultades, órganos que buscan suplantarnos o suplantar los órganos nacionales autónomos en el ejercicio de sus funciones.
Segundo, la lógica de las reformas. Modificar reformas para vulnerar o acotar o incluso desaparecer a los órganos de control, a los órganos constitucionales autónomos.
Tercero, la cooptación o la sustitución titulares. Cuando tú nombras a alguien que no está dispuesto a ejercer las funciones y, más bien, asume que la titularidad de un órgano de control, un órgano constitucional autónomo es la de ser condescendiente con el poder en turno, pues se acabó la autonomía. La autonomía no solamente es una parte de un diseño constitucional, es también una actitud y la autonomía se ejerce todos los días en una decisión.
Y, tan autónomo es decir no al poder, como autónomo es tratar de incidir para ir en contra del poder. Una cosa es otra cosa, o sea una cosa y otra cosa es otra cosa; es decir, la autonomía significa no tener filias ni fobias y cumplir nuestras funciones, con independencia de quien está en el poder y, por cierto, entre nuestras atribuciones, entre nuestras funciones no está solamente nuestros principio rector no está solamente el de la autonomía, está también el de la independencia qué significa no favorecer a ninguna fuerza política, ni perjudicar alguna en particular.
Cuatro, la captura del órgano de decisión a través de los procesos de designación, por eso es tan importante, por cierto, ahora que se renovarán cuatro espacios en el INE, pues que ojalá y prevalezca lo que ha ocurrido en los últimos procesos, incluido el último, ¿no? Es decir, en la maximización de un consenso y no la lógica de intentar partidizar, digamos, los órganos de dirección.
Cinco, la estabilidad de remuneraciones, pero aquí no digo nada que no haya dicho la Suprema Corte de Justicia, a diferencia de todos los funcionarios de los gobiernos nosotros estamos impedidos para tener otras remuneraciones. Todos los funcionarios del gobierno y los legisladores tienen otras remuneraciones o casi todos, con independencia que nadie sabe a ciencia cierta cuánto gana, en parte porque no se ha cumplido con lo que dice el 127 constitucional, porque el 127, por cierto, y lo digo aquí, no, es falso que mi remuneración y que la de los consejeros sea mayor a la del Presidente, falso, lo que pasa es que no se ha calculado cuál es la remuneración del Presidente, que es otra historia y se ha querido simplificar esto a los sueldos, lo cual es una falacia.
Pero bueno, más allá de eso, evidentemente pues tiene que haber ciertas garantías como la, que son las mismas que tienen los jueces, por cierto, control del presupuesto, pues sí, afortunadamente tenemos ahora una sentencia, va a ser muy divertido porque la Cámara fue muy interesado en saber, lo que por primera vez la Cámara de Diputados va a tener que justificar lo que hasta ahora había sido una atribución discrecional y arbitraria de su facultad presupuestaria ahora la Cámara va a tener y esto vale para los congresos locales, van a tener que justificar, se vale que hagan recortes a los presupuestos que se solicitan, pero tienen que justificar con una justificación, con una motivación reforzada la modificación a los presupuestos que los órganos técnicos planteamos.
Y, finalmente, ¡pues, hombre!, la denostación pública y la descalificación, pero bueno, en fin, eso ya son los riesgos y sobre eso no apunto demasiado.
Ahora, reforma electoral o no y me acerco a la conclusión.
Pues miren, siempre va a ser pertinente una reforma electoral si mejora el sistema, pero eso depende de muchas cosas, que sea pertinente no depende solo de los contenidos, sino también de cómo se procesan.
¿Si no hay reforma electoral podemos ir a 2024? Como sociedad y aquí el podemos, podrán ustedes, digamos, si lo vemos desde funciones, porque en el 24 yo participaré ojalá como funcionario de casilla, porque siempre ha sido uno de mis sueños, a ver si salgo sorteado, pero no, pero desde fuera, digamos ¿no?
Lo que quiero decir es que podríamos como sociedad ir al 2024 si no hay una reforma electoral con el sistema actual, con la institucionalidad actual, con las reglas que tenemos, y con los criterios: Sí, sin problemas.
Y estoy seguro que como en 2021 el INE en su momento junto con los OPLES organizamos la elección, la mejor elección, desde el punto de vista técnico de nuestra historia, en 2024 una vez más la institucionalidad electoral nos volvería a sorprender y organizaría, van a organizar una elección todavía mejor desde el punto de vista técnico. En ese proceso gradual de aprendizaje institucional que ha caracterizado el funcionamiento de los órganos electorales, elección tras elección.
Así que, si no hay reforma electoral no nos va a pasar nada en términos democráticos, es decir, no es necesario desde ese punto de vista.
¿Es pertinente? Miren, pues yo diría que es pertinente siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, porque si no, no lo es, y la verdad el contexto en el que hoy estamos, sobre todo la crispación en el debate público me da la impresión de que no genera un contexto de pertinencia.
Insisto, si la reforma cumple con ciertas condiciones será siempre pertinente, pero las condiciones son estas: primero, que haya un consenso lo más amplio posible y, si se puede, unánime entre los actores políticos para cambiar las reglas del juego.
Las reglas del juego no son como cualquier otra decisión en mayoría. Las reglas del juego son las reglas fundacionales, las reglas de operación básica del sistema democrático y no es como en una ley de ingreso que siempre tendrá, un presupuesto de egresos que siempre tendrá la pertinencia de ser aprobado por el mayor número posible de fuerzas políticas, pero sino, bueno, para eso están las mayorías.
Aquí no, ya lo decía Norberto Bobbio, “cuando se definen las reglas del juego va a ser muy complicado exigirle a uno de los actores que se ajuste a las mismas cuando las descalifica desde el principio”. Y en esto sí nuestra historia nos enseña, ya hemos tenido designaciones de consejeros realizadas por mayoría, excluyendo algunos actores del espectro político.
Hemos tenido definición del juego excluyendo algunos actores, y lo único que ha pasado es que esas reglas del juego se convierten en fuente de problema, porque habrá alguien que no se identifica con ellas y que siempre va a tener la justificación de decir “esas reglas yo no las acepté al principio y por lo tanto son reglas que me desfavorecen”.
Hay quien va a decir seguramente “que las reglas son reglas fraudulentas”, y entonces, lejos de resolver un problema, la reforma puede acabar creando un problema en donde no lo hay porque hoy nadie cuestiona las reglas del juego en el fondo.
Dicho eso, ojalá y haya un consenso.
Ahora, cuando tú tienes un contexto político en el que si no estás conmigo, prevalece la lógica de estás conmigo o contra mí.
Y si no estás de acuerdo conmigo, entonces eres un traidor a la patria y no solamente eres un traidor a la patria, sino además te denuncio penalmente. Bueno, ya se está volviendo cada vez más frecuente esto de las denuncias penales para quien ejerce sus propias funciones y, en la toma de decisiones, pues uno puede tomar decisiones que no le puede gustar al de enfrente, pero de ahí a cometer delitos hay un trecho.
Por cierto, el Presidente saliente de la Cámara de Diputados, que entiendo que lo hizo porque tenía aspiraciones políticas y se vale, ¿no?, pues ya se le cayeron sus denuncias penales por ridículas y abusivas.
Ya, se archivaron sus expedientes, qué bueno, ¿no?. Pero lo malo no es que hayan prosperado o no esos expedientes. Lo malo es que ya se siente, hay quien se siente con la legitimidad de traspasar eso que nunca debió ser traspasado: que es el uso del brazo penal del Estado para tratar de coaccionar a los de enfrente.
Bueno, hoy la mitad de la Cámara está denunciada por la patria y ahora se necesitan todos para poder aprobar una reforma. Por eso digo que no sé si sea pertinente en este momento.
Que sea apta para mejorar el sistema, es decir, si vamos a tener una reforma para echar para atrás, lo que nos ha costado tanto construir, pues no vale la pena.
Y en ese sentido, pues no perdamos ni en la calidad de los procesos electorales, ni en la autonomía de los Órganos electorales, ni en la equidad en las condiciones de la de equidad de la competencia, el trecho que nos ha costado tanto avanzar, ni en la lógica de la inclusión y de la representación política.
Sin estos cuatro temas: condiciones de la competencia electoral; calidad de la organización de las elecciones y garantías del voto y calidad de la representación política y autonomía las instituciones electorales, vamos a perder con una reforma, será una reforma que no vale la pena, así de sencillo, para decirlo con todas sus letras.
Y cuarto, que sea el producto de diagnósticos adecuados. Si las reformas se van a hacer con el hígado o con el estómago y no con la cabeza; si se van a hacer a partir de los de los rencores personales o de filias y fobias, seguro va a salir mal, lo que salga.
Así que si estas condiciones se cumplen, pues bienvenida sea una reforma electoral. ¿Se cumplirán? Estamos en, no lo sé, pero bueno.
Por cierto, datos curiosos de las iniciativas que se han presentado, sobre todo la presentada por la Presidencia, no entró al mérito, no me toca a mí, eso le tocará a los legisladores juzgar si las propuestas son pertinentes, o no, pero hay unos datos curiosos que vale la pena poner sobre la mesa: Es la primera iniciativa, de toda nuestra transición, que se presenta desde el poder. Siempre las reformas habían sido demandadas por oposiciones que querían mejorar las condiciones de la competencia electoral.
Esta la primera vez que el Ejecutivo pone una propuesta de reforma electoral sobre la mesa.
Segundo, además, es la primera vez que no hay una amplia discusión. Siempre todas las reformas habían tenido más o menos, digámoslo así, espacios para tratar de generar consensos a priori, por supuesto que el consenso definitivo es el que se genera en las cámaras del Congreso de la Unión y en donde se tienen que construirlos las decisiones de manera colegiada, pero aquí estamos discutiendo las reformas después de que se presentaron las iniciativas.
No hubo un esfuerzo político por construir una primera, un saque de consenso y así había ocurrido en las reformas previas, de buenas o malas maneras, no, pero pues bueno, la reforma del 14 resultó del así llamado Pacto por México, que puede criticarse todo lo que se quiera, pero hubo un intento de consenso previo.
La reforma de 2007 fue consensuada entre las fuerzas políticas luego de la crisis que se detonó después de las elecciones 2006 y así sucesivamente para atrás.
Hasta la de 77 que presentó don Jesús Reyes Heroles cuando había un partido hegemónico, pues ahí están que por cierto es una delicia históricamente revisarlo, los 13 volúmenes de los foros de reforma electoral, en donde entre otras cosas está el discurso célebre aquel de don Jesús Reyes Heroles, en Chilpancingo, el 1° de abril de 1977, pues hubo una enorme escucha pública antes de presentar la iniciativa.
Acá no y está bien, no hay nada que obligue a hacerlo, son datos que vale la pena tomar en cuenta.
Tercer, es la primera ocasión que se va a poner a prueba, en los últimos 25 años, si hay reforma, esta reforma en una elección presidencial.
Las tres reformas previas, la de 96, la de 2007, la de 2014 se pusieron a prueba en elecciones intermedias y eso da un margen para sí, en un país presidencialista como el nuestro, para si hay algún problema pues ajustar las reglas de cara a la elección presidencial, así iríamos a una elección presidencial muy complicada desde el punto de vista organizativo, pero también desde el punto de vista político; va a ser la organización más grande de nuestra historia.
Ya sé que me van a decir oigan, pero eso lo vienen diciendo todo el tiempo, sí, pero no es mi culpa si el Padrón Electoral crece elección tras elección, pues digo, nadie ha mentido ¿eh?, la del 2015 fue la elección más grande hasta ese momento, la del 18 la más grande hasta ese momento y la del 21 la más grande hasta ahora, la del 24, ya lo digo de una vez, va a ser más grande de las que se han organizado hasta ahora por el número de potenciales electores, pero también por el número de cargos en disputa.
La concurrencia de las elecciones locales con las federales va a llevarnos a una disputa por el poder nunca antes vista.
Bueno, ¿vale la pena experimentar nuevas reglas, más todavía, sí, cuarta característica, son refundacionales?, porque todas las reformas que habíamos tenido hasta ahora, tal vez salvo la de 1990 que sí refundó el sistema electoral, creando el entonces IFE, pues todas habían sido reformas de ajuste, a veces muy profundo, pero ajuste al fin y al cabo de un sistema electoral que seguía en su esencia siendo el mismo.
Ahora lo que está planteando es una refundación del sistema electoral y no juzgo las razones, pueden ser absolutamente válidas, solamente señalo el hecho de que ésta no es una reforma de ajuste, digo, es una reforma que remueve el sistema electoral y el de la representación desde sus propios cimientos.
En fin, datos a considerar. Termino y ¿para dónde creo que debería ir una reforma electoral? Miren creo que los nuestros son problemas, parto de mi diagnóstico que bueno, puede compartirse o no y puede aceptarse o no y puede estar equivocado o no.
Yo creo que el sistema electoral en términos generales funciona bien, en términos generales y que se ha robustecido cada vez más, por ejemplo, con la presencia de ustedes al interior de los órganos.
Alguien puede decir, siempre me preguntan y seguro a Jesús le preguntan ¿cómo se llevan con Jesús?, yo bien, la verdad, creo, ¿no? Espero que Jesús no me diga otra cosa porque entonces me empiezo a preocupar.
No, pero creo que, a ver, la existencia para un órgano electoral, lo digo, un órgano como el Consejo, como la Presidencia del Consejo, de un órgano que acompaña crítica, porque esa es su función, mente, de manera crítica, generando contexto de exigencias es la mejor manera, sobre todo si existe la disposición, como lo hemos venido haciendo, de privilegiar la dimensión preventiva.
Incluso se agradecen mucho ciertas decisiones que nos permiten hoy, digamos, incluso romper esa ceguera de taller que muchas veces el estar operando, digamos, una institución, supone.
Es decir, creo que todas estas reformas, la introducción en 2007 de una figura, por cierto, la primera en el país, de un órgano de control designado desde el Congreso para un órgano constitucional autónomo y que fue la ruta en la que en 2014 se extendió al resto de los órganos constitucionales autónomos a nivel nacional y en muchos ámbitos locales esto se ha retomado, pues me parece que es una reforma que busca fortalecer.
Así que en una lógica de lo que yo creo, debería de ser una reforma para fortalecer lo que hoy tenemos.
Y, aquí sí me van a llamar conservador, bueno, suelen llamarme conservador, pero si el sistema funciona yo no sé ni para qué, el INE es conservador en términos políticos, que en eso soy mucho más liberal que muchos y además soy un hombre de izquierda y eso no lo he negado nunca.
De izquierda de a de veras, digo yo, luego eso lo podemos discutir, pero creo que me desviaría demasiado así que sólo lo dejo como statemen, créanme o no me crean, pero bueno yo creo que nuestro sistema habrá que hacerle ajustes y dónde están los ajustes que hay que hacerle al sistema político electoral.
Yo creo que hay que mejorar nuestro sistema de representación, primer punto. Creo que hoy tenemos una sobre y una subrepresentación en el Congreso que no es pertinente y yo creo que entre más esté reflejada la diversidad pública expresada en las urnas en un Congreso pues más democrático en términos de más representativos será ese Congreso.
Y nuestro Congreso sigue teniendo atavismos que responden a otras épocas. El ocho por ciento de sobre representación que permite nuestra Constitución fue producto de un arreglo político de hace 25 años, cuando un partido mayoritario y hoy lo sabemos gracias a personajes como Porfirio Muñoz Ledo, el PRI quería 16 por ciento de sobre representación y se bajaron al ocho por ciento como condición última y si no, no aprobaban la reforma.
Bueno, pues así salió la reforma de 1996, pero por qué hoy que tenemos una pluralidad en la que no hay ningún partido político que tiene una mayoría predefinida, pues tiene que tener esta sobrerrepresentación y subrepresentación, que en un contexto como el actual está claro que altera la voluntad ciudadana.
Segundo, yo creo que habría que racionalizar el financiamiento a los partidos políticos. Hoy la cantidad de dinero que se le da a los partidos lejos de generar, de ser beneficiosa, incluso en algunas ocasiones hasta estímulos perversos.
Es decir, dirigir un partido es como dirigir una empresa trasnacional de mediano tamaño y yo no sé si la cantidad de dinero que hoy le estamos inyectando a la política sea lo más conveniente. Lo que sí me queda claro es que no vale la pena tocar la fórmula de financiamiento si eso va a alterar lo que sí conseguimos que es equidad en las condiciones de la competencia.
Porque hoy todas las fuerzas políticas y lo demuestran los resultados electorales de los últimos 25 años, todas tienen la posibilidad de ganar elecciones, todas. Si así lo deciden las y los ciudadanos con su voto. No vayamos a afectar eso porque miren, esto ya lo vimos, sé que la fórmula que pronunció el Presidente es distinta a la que había presentado su partido, pero la fórmula que presentó su partido hace tres años fue exactamente la misma que la que presentó el PAN cuando gobernaba el PAN, eh. César Nava en 2008 presentó una fórmula que era reducir el financiamiento público de los partidos a la mitad.
Y la misma que presentó Enrique Ochoa cuando era Presidente del PRI y cuando gobernaba el PRI, algo raro debe haber, ¿no? ¿Por qué el partido en el gobierno siempre quiere que se baje el financiamiento público? No lo sé, lo dejo como cuestionamiento científico, ¿no? Quién sabe por qué será, ¿no?
Yo creo que el financiamiento público tiene que racionalizarse, pero creo que esto tiene que ser una operación muy delicada para que ello no implique una alteración de las condiciones de equidad porque si no, no vale la pena.
Tercero, creo que abaratar los costos del sistema electoral y en este sentido hay muchos, lamentablemente, hay muchos temas en los que no se van a poder avanzar porque la desconfianza sigue siendo la que es y si hoy cuesta el sistema electoral mexicano lo que cuesta es por la desconfianza.
Por cierto, para que no les mientan, no es cierto que el sistema electoral sea el más caro, quiero ver cómo van a resolver las cifras tramposas que se presentaron el año pasado cuando compararon el costo del INE cuando tuvimos elección, una elección federal como la del 21, con el costo de algunos órganos como los órganos colombianos, nada más pusieran al Consejo Nacional Electoral que era, que es el equivalente al Tribunal y no el de la Registraduría, pero además en un año que no había elecciones.
Este año hubo elecciones presidenciales en Colombia y adivinen qué, el costo del sistema electoral colombiano en este año fue mayor que el costo del sistema electoral mexicano el año pasado y eso es comprobable cuando quieran sacamos cifras y lo checamos.
Y, después me gustaría una disculpa pública, pero creo que eso es aspirar demasiado, no se puede todo en la vida pues.
Y, por cierto, habrá elecciones en Brasil, las selecciones más grande del Continente tienen urnas electrónicas en las que ya les invirtieron y, sin embargo, cuesta más el sistema electoral brasileño que el mexicano.
Bueno, los costos de las desconfianzas de nuestros países son lo que son. Estoy terminando.
Yo creo que habría que terminar el secreto ministerial para el INE ya que si estamos hablando de rendición de cuentas y qué sé yo, hoy estamos exactamente en una discusión con la Fiscalía General de la República, que se han llevado a la Suprema Corte de Justicia, que debería resolver el Congreso de una vez y para todas, y yo creo que debería resolverse como en su momento se resolvió favorablemente para los órganos electorales la posibilidad de trascender los secretos bancarios, fiduciario y fiscal en las tareas de fiscalización.
Hoy hay muchos casos en los que la Fiscalía nos está negando acceso a los expedientes aduciendo el secreto ministerio, y yo creo que eso no tiene ningún sentido. Bueno aquí tenemos expertos en materia de transparencia, pues la información de un expediente de una carpeta de investigación, por supuesto que está regida por el secreto ministerial y, también, el INE si tiene acceso a las mismas estaría obligado por ese secreto.
Pero una cosa es eso y otra cosa que no nos dejen ver lo que tenemos, porque hay casos que luego dicen es que viene no quiere avanzar nada en un Odebrecht. No, sí queremos pero Odebrecht es un caso se está llevando en Brasil y lo que se tiene en el Estado mexicano ha sido producto del intercambio de información con las con las fiscalías brasileñas. Y el INE si va con la fiscalía brasileña a pedirle la información nos van a mandar a freír espárragos, además de que n podemos hacerlo directamente, tenemos que recurrir a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Relaciones Exteriores tendría que recurrir a la Fiscalía; es decir, el tramo que ya se recorrió.
Entonces, yo creo que habría que resolver eso y, por cierto, si nos puede quitar las medidas cautelares y dárselas al Tribunal Electoral, mejor para todos, porque yo creo que, es que es absurdo ¿Quién dicta la suspensión en un juicio de amparo? ¿Pues el propio juez de la causa, no? Pues yo creo que sí aquí va a resolver la Sala Especializada del Tribunal, quien debería emitir las medidas cautelares en los procedimientos especiales sancionadores son ellos.
¿Quién dicta medidas cautelares en los procedimientos que ustedes toman? Pues ustedes mismos, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esa unidad debería también trasladarse a la parte electoral.
Luego, simplificar el sistema electoral, ¡híjole! Sí, por favor, si se puede simplificar, adelante.
Y, finalmente creo que hay algunas decisiones en las que a lo mejor se nos ha pasado la mano como órganos electorales, algunas medidas afirmativas y demás de las que, yo estoy muy orgulloso, pero que, me queda claro que hemos tal vez exagerado y la el espacio legislativo es una buena manera para, o bien, hacer de esa medidas norma definitiva, porque en abril cambiarán cuatro miembros del Consejo General; quien quita y si para 2024 las medidas afirmativas que hoy ha tomado la mayoría del Consejo actual seguirán gozando de la mayoría o se cambian.
Pues habrá unas que valgan la pena que se sigan manteniendo, otras que a lo mejor han implicado un exceso de parte de las autoridades electorales, para eso es la discusión parlamentaria y, ojalá una reforma, si la hay, pues nos dé claridad hacia el futuro sobre sobre este tema, llevando a la letra de la ley, lo que hoy son decisiones administrativas de los órganos electorales.
En suma, tela para, son solamente algunos ejemplos.
Tela para hacer una reforma, habría y hay muchísimas, lo que no sé si este sea necesariamente el mejor momento, sobre todo, porque me da la impresión, no sé por qué, pero me da la impresión que los partidos políticos ya están pensando en el 24; y, si están pensando en el 24 va a ser inevitable, mucho me temo, que la acción legislativa esté condicionada por, de manera toda, siempre es así, pero de manera todavía más exacerbada por intereses políticos.
Y, si vamos a hacer una reforma con los partidos pensando cómo le va en el 24, créanme, no importa cuál sea, va a ser una mala reforma, porque lo que necesitamos son normas de largo aliento y si se puede tomadas con el (inaudible) llamaba “el velo de ignorancia”, no reformas pensadas con una intencionalidad política de coyuntura, porque entonces van a ser reglas, que no van a ser realmente imparciales y, dos, van a ser reglas que nos van a durar muy poco.
Y, si vamos a hacer el esfuerzo de una reforma, que sea para que sea una reforma épocal, si se puede.
Bueno, creo que he abusado del tiempo, entiendo que hay espacio para preguntas y respuestas, así que yo ya me callo y mejor los escucho ustedes.
Mil gracias
-o0o-