Uno de los mayores flagelos que podemos vivir como sociedad es la trata de personas que irrumpe, desde la obligación de un Estado de prevenir, perseguir y sancionar este tipo de delitos, hasta el desmembramiento del núcleo fundamental y básico de una nación: la familia.
Este cáncer de toda sociedad, más allá de ser un delito y una violación a los derechos humanos, significa la ruptura y desarticulación de la sociedad, por la incursión de un mercado delictivo que, en muchas ocasiones forma parte de los terribles tentáculos del narcotráfico que es otra grave enfermedad que debemos extirpar y que genera ganancias ilícitas de miles de millones de pesos anualmente, por lo que las personas tratantes utilizan diversos mecanismos para el movimiento de recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con datos del Secretariado del Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SENSP), de enero a junio del año en curso se han abierto 331 carpetas de investigación del fuero común por este delito; en todo 2020 se abrieron un total de 551 carpetas, esto es, en 6 meses de este año, se contabilizan ya el 60.1% del total registrado el año pasado.
La incidencia delictiva de la trata de personas en el fuero común por entidad federativa de 2015 a 2021 (al mes de junio) tenemos, según cifras del SENSP, que la Ciudad de México registra los mayores índices con 523 carpetas, seguido del Estado de México con 420, Chiapas con 264 y Puebla con 96, por referir solo a los punteros de las 32 entidades federativas de México. No hay estado que no tenga, en este periodo, al menos 2 carpetas abiertas por este delito.
La trata de personas en un delito trasnacional que afecta a miles de personas que, de acuerdo con el Reporte Global sobre Trata de Personas 2020 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las mujeres siguen siendo las principales víctimas de este delito que deriva en la comisión de otros delitos como los de explotación laboral, trabajo forzado en temas delictivos con fines de explotación sexual, de esclavitud, tráfico de órganos y otras prácticas que desdibujan completamente el tejido social.
Por ello, y en atención a la realización de la Cumbre Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas celebrada en Washington, D. C., los días 25 y 26 de julio, con el fin de generar un intercambio mundial de buenas prácticas, por parte de diversas autoridades, en el marco de los 10 años de la promulgación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, presenté algunas acciones que, primero durante el periodo en que formé parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y después desde el Instituto Nacional Electoral (INE) del que ahora formo parte, se llevaron a cabo.
Desde la UIF se generaron espacios importantes para la investigación de este y otros delitos con acciones específicas entre las que resalto la generación de reportes de operaciones inusuales relacionados con la trata de personas; bloqueo y congelamiento de cuentas vinculadas a tratantes; presentación de las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República; conformación de tipologías sobre patrones que siguen las personas tratantes para introducir dinero ilícito al Sistema Financiero; desarrollar esquemas de actuación de las redes de trata de personas, entre otras.
Por su parte, desde el INE se llevan a cabo programas que coadyuvan, en múltiples formas a la detección de registros inconsistentes que posiblemente estén vinculados con la trata de personas como los siguientes:
• Verificación Nacional Anual Muestral para detectar la consistencia del padrón electoral y credencialización. Cualquier inconsistencia, es revisada y si se identifica alguna situación irregular se da vista a las autoridades competentes.
• Procedimiento para la detección y baja de registros duplicados.
• Procedimiento para el tratamiento de las notificaciones de pérdida de la ciudadanía o renuncia a la nacionalidad.
• Procedimiento para el tratamiento de registros y trámites con datos personales irregulares, entre otros.
Por otro lado, el INE ha celebrado casi en la mitad de las entidades federativas del país, convenios para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas a través de las huellas dactilares de cadáveres con los datos biométricos registrados en el padrón electoral, esperando que, de forma gradual, este tipo de convenios se materialicen en todo el país.
Finalmente, debo referir que un grave problema de la trata de personas es verlo como un asunto con perspectiva meramente criminal, cuando su enfoque debe ampliarse a aspectos relacionados con la vulnerabilidad de diversos grupos sociales, así como con perspectiva de género, toda vez que, de acuerdo con el Informe de Actividades 2021 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (que abarca de junio de 2012 a julio de 2017), se identificaron 5,245 víctimas de delitos en la materia, de donde el 85% correspondió a niñas y el 15% a niños y hombres.
Esta Cumbre Internacional fue un marco de referencia para la detección de múltiples acciones que como servidoras y servidores públicos podemos llevar a cabo desde cualquier trinchera en donde nos encontremos, con la finalidad de servir y apoyar un auténtico Estado de Derecho en una sociedad democrática.
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