Uno de los pilares que ha dado certeza por más de 30 años a los procesos electorales federales y locales en México, así como a diversos ejercicios de participación ciudadana, es la conformación tanto del padrón electoral como de los listados nominales de electores que se construyen bajo estrictos esquemas metodológicos; con transparencia y con la participación de los partidos políticos a través de 332 Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores, así como con mecanismos permanentes de actualización y sujetos a diversos procesos de auditoría.
Estas herramientas representan un aporte social importante para la renovación periódica del poder público y que incluso, la credencial de elector que se conformó como medio de identificación para poder ejercer nuestro derecho al voto, hoy prácticamente se usa como si fuera una cédula de identidad nacional justamente por todos los candados de seguridad con los que cuenta y la confianza que ha generado en instituciones y en la propia ciudadanía.
Estos instrumentos que se usan tanto en territorio nacional y se usarán en el exterior para recibir el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero en embajadas y consulados; se utilizan, además, elección tras elección, con la protección de los datos personales respectivos, para conocer estadísticas de grupos de edad, proporción de personas votantes por entidad federativa, por distrito y hasta nivel sección electoral, entre otros aspectos.
En últimas fechas el padrón electoral, a través de diversos convenios de colaboración con instituciones del estado mexicano, se ha convertido en una herramienta para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como de identificación de cadáveres.
En este sentido, el Instituto Nacional Electoral (INE), en el transcurso de las últimas dos semanas, ha firmado diversos convenios de colaboración; el primero con el gobierno del estado de Nuevo León y más recientemente con el gobierno de Coahuila.
En ambos casos el objetivo de los respectivos convenios es la búsqueda e identificación de personas desaparecidas a través de las huellas dactilares de cadáveres con los datos biométricos registrados en el padrón electoral. De acuerdo con información pública del INE, con corte al 17 de junio, en el estado de Nuevo León hay registrados más de 4 millones 188 mil personas, en tanto que en el estado de Coahuila hay más de 2 millones 298 mil personas.
Es importante decir que este tipo de convenios han sido replicados en casi la mitad del país por lo que se demuestra que, de forma gradual, se va consolidando el uso del padrón para las acciones de gobierno en plena colaboración con las instancias públicas de nuestro país. De hecho, y de acuerdo con lo declarado por el presidente del INE, al 20 de junio la institución había recibido casi 60 mil solicitudes de personas desconocidas, de donde más de 16 mil registros han sido identificados en el padrón electoral.
Lo ideal sería que se firmaran este tipo de convenios con las 32 entidades federativas y a nivel federal ya que el padrón electoral registra en toda la República mexicana más de 94 millones 164 mil personas, lo que implicaría una auténtica política nacional para colaborar en este tema tan relevante y que tanto daña a nuestro país.
Con estas acciones el INE demuestra una vez más su vocación de servicio con la ciudadanía al igual que lo hace en los procesos electorales y ejercicios de participación ciudadana y, en particular, correspondiendo a la confianza social lograda por los instrumentos registrales, sirve a otras instituciones para cumplir con sus funciones legales.
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