Una de las fortalezas que ha tenido nuestro sistema electoral ha sido que el legislativo atendió por largo tiempo las necesidades y circunstancias políticas del momento; la imperiosa necesidad de establecer reglas claras para la competencia electoral y las exigencias de la sociedad.
Ello tuvo como resultado que la normativa electoral con la que hoy contamos sea de las más robustas y, a la vez, de las más complejas para la organización, operación y desarrollo de los procesos electorales en nuestro país. No obstante, en últimas fechas el propio órgano legislativo no ha evaluado ni analizado con detenimiento una serie de propuestas que las instituciones electorales observan como herramientas que pueden ser utilizadas para eficientar el voto; contar con resultados electorales más oportunos y sin errores aritméticos; reducir costos en los procesos electorales, entre otros; me refiero al voto electrónico.
La implementación de las tecnologías de la información y comunicación no sólo se refiere a la votación electrónica, sino también a los mecanismos electrónicos aplicables a diversas fases de los procesos electorales y de participación ciudadana en nuestro país.
Por ello, el voto electrónico considera los mecanismos como la urna o tableta electrónica, así como el voto por internet; sistemas que, a su vez, implican herramientas como sistemas informáticos; lineamientos para su correcta operación; controles de verificación; esquemas permanentes de auditoría, entre otros.
Para el caso de que la urna o tableta electrónica pueda convertirse en un elemento que muestre su efectividad, sus beneficios y aciertos, el Instituto Nacional Electoral (INE), en coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) deben dirigir los esfuerzos que han desarrollado hasta ahora en incrementar el número de estos instrumentos que pueden utilizarse en los procesos electorales. Justamente en 2023, proceso el que se renovarán las gubernaturas en Coahuila y el Estado de México, puede ser la oportunidad para no colocar solo 100 urnas electrónicas como ha sido la tradición del INE, sino buscar un auténtico ejercicio vinculante que arroje una muestra más representativa y con economías a escala.
Por cuanto hace al voto electrónico por internet, la legislación electoral federal permite su uso solo para las y los mexicanos residentes en el extranjero para algunos cargos a nivel federal y, de acuerdo con lo que marcan las legislaciones electorales locales, para diversos cargos a nivel local. En este sentido, y potenciando los derechos políticos y electorales de la ciudadanía residente al interior de la República dicho mecanismo debe abrirse para todas y todos los mexicanos que, una vez inscritos en la lista nominal, puedan votar ya sea desde cualquier parte del mundo o desde cualquier lugar de la República mexicana donde se encuentren.
Bajo este contexto, sería fundamental una reforma a las leyes electorales que haga posible la implementación del voto electrónico, entre las que destaco los siguientes aspectos:
· La determinación de urnas o tabletas electrónicas que permita su incorporación gradualmente, preferentemente, bajo un modelo único que garantice funcionabilidad y optimización en las elecciones.
· Que el uso del voto por internet se incorpore también, para las y los mexicanos que residen en la República mexicana, abriendo, además, un periodo de voto anticipado que permita incrementar la participación ciudadana.
· De acuerdo con la gradualidad que decida el legislativo respecto al voto electrónico, establecer que el cómputo de los votos se realice al término de la jornada electoral tanto para los procesos electorales federales como locales, lo que le daría al sistema democrático electoral confiabilidad en los resultados electorales.
· Que la rectoría de voto electrónico, respecto a la emisión de los lineamientos respectivos, esté a cargo del INE.
· Que el voto electrónico sea el único mecanismo de votación para ejercicios de participación ciudadana.
Ahora bien, lo que resulta relevante del uso de más tecnología en más elecciones es optimizar procesos, modernizar las elecciones y ejercicios de participación ciudadana, recudir el impacto ecológico de las actividades electorales y, sobre todo, facilitarle a la ciudadanía el ejercicio de su derecho al voto, dar certeza con celeridad respecto del resultado de la votación, con lo que muy probablemente se incrementaría la participación de las y los electores en las urnas. Además, en un mediano plazo, implicaría ahorros presupuestales que, en su oportunidad, podrían ser canalizados a programas que beneficien a la población.
El legislativo tiene la última palabra.
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