Uno de mis principales compromisos ha sido el de luchar por una sociedad igualitaria, en donde hombres y mujeres gocen a plenitud de sus derechos. En este sentido y en razón de que mi trayectoria profesional ha estado vinculada la mayor parte del tiempo en el ámbito político electoral, he pugnado por garantizar los derechos políticos y electorales de las mujeres y potenciar sus alcances para lograr una igualdad sustantiva que nos garantice la igualdad sustantiva y la inclusión.
El camino que se ha recorrido para garantizar la igualdad tiene muchos años en México. Tan solo apenas hace 69 años se reconoció en la Constitución Política los derechos de las mujeres de votar y ser electas a cargos de elección popular.
Hasta antes de las elecciones locales de 2021, solamente siete mujeres han sido electas gobernadoras y dos de ellas de forma provisional, lo cual registra un terrible precedente de discriminación y evidencia el patriarcado latente que perpetúa la igualdad entre hombres y mujeres.
Por ello y ante la reforma constitucional de 2014 en la que el Congreso elevó a rango constitucional el principio de paridad de género en la postulación de cargos de elección popular y de acuerdo con la reforma constitucional de 2019, que conocemos como «paridad en todo» que establece que todos los Poderes de la Unión, locales, federales y municipales, entes autónomos y demás organismos públicos deberán estar conformados de manera paritaria, así como de la reforma en materia de violencia política en razón de género de 2020 que modificó diversas disposiciones entre las que le otorgó al Instituto Nacional Electoral (INE) mayores facultades tanto para combatir la violencia política contra las mujeres, como para garantizar el principio de paridad, el INE aprobó en noviembre de 2020 las reglas para garantizar dicho principio en la postulación de candidaturas a las gubernaturas en las elecciones de 2021.
En este sentido, el INE y toda vez que los Organismos Públicos Locales Electorales no cuentan con la atribución que les permita garantizar la postulación paritaria de mujeres en dichos cargos unipersonales, estableció, con el fin de garantizar la paridad de género en las candidaturas a gubernaturas que, en ese proceso que estaban 15 en disputa, los partidos políticos y/o coaliciones debían postular al menos a siete candidatas mujeres.
Dicho acuerdo fue controvertido ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no obstante, la sentencia SUP-RAP-116/2020 de dicho órgano jurisdiccional, vinculó a los partidos políticos para que postularan candidaturas a las gubernaturas en siete de las 15 gubernaturas en disputa. El resultado fue que, por primera vez en la historia, en un solo proceso electoral seis entidades federativas son gobernadas por mujeres.
Ahora bien, para la elección que tuvo verificativo el pasado 5 de junio de este 2022, el INE en agosto de 2021, antes del inicio de los procesos electorales en seis entidades federativas, aprobó el acuerdo respectivo que estableció los criterios para la postulación de, al menos, tres mujeres para las candidaturas a las gubernaturas de las seis entidades respectivas: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Resalta que en esta ocasión ninguna fuerza política impugnó dicho acuerdo.
El resultado de este acuerdo ha tenido claroscuros. De entrada, hubo 14 candidatos por 13 candidatas, destacando Aguascalientes en la que fueron postuladas cinco mujeres y ningún hombre, caso contrario a Oaxaca, por ejemplo, en donde se registraron cinco candidatos hombres por tan solo dos mujeres o peor, en Tamaulipas en donde no hubo una sola mujer candidata.
Bajo este contexto, de las seis elecciones en disputa dos mujeres logran el triunfo electoral por lo que en este momento tendremos a nueve mujeres gobernando igual número de estados. Nunca habían existido tantas mujeres gobernadoras en la historia de México.
Falta mucho por recorrer en esta materia en donde, además de las gubernaturas debemos mirar a nivel municipal donde hay mucho rezago en la materia.
Estoy comprometida totalmente para que se logre una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres que consiga una sociedad equitativa, inclusiva y libre de violencia en nuestro país. Por ello, como mujer violentada políticamente de manera reiterada por mi ex esposo, no claudicaré en la lucha de las mujeres mexicanas para garantizar el pleno ejercicio de todos nuestros derechos en contextos libres de violencia política contra las mujeres en razón de género.
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