La reforma constitucional y legal en materia político-electoral de 2014 implicó una redistribución de atribuciones de las autoridades administrativas encargadas de la planeación, desarrollo y ejecución de los procesos electorales federales y locales, por lo que el Instituto Nacional Electoral (INE), así como cada uno de los 32 Organismos Públicos Locales (OPL) adquirieron una serie de encomiendas específicas para homologar estándares técnicos y trabajos de coordinación institucional que han robustecido el Sistema Nacional de Elecciones. Desde entonces, una de las atribuciones sustantivas del INE ha sido la coordinación y vinculación permanente con cada uno de los OPL para la organización de los procesos electorales locales.
En este contexto, el próximo 5 de junio se celebrarán elecciones en 6 entidades federativas –Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas– en las que se elegirán a 6 titulares de gubernatura, 25 diputaciones, 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas de mayoría relativa y 327 regidurías de representación proporcional, lo que suma 436 cargos de elección popular en disputa. Contando las elecciones del próximo domingo, durante 8 años, el INE ha estado involucrado en 333 procesos electorales locales en los que se ha confirmado reiteradamente la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Con la finalidad de tener una adecuada coordinación y poder dar seguimiento al cumplimiento de las actividades, el INE y los OPL aprobaron un Plan Integral y Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales 2021-2022, en el cual se definieron 1,099 actividades esenciales en las 6 entidades federativas.
Para llevar a cabo todas estas tareas de coordinación y cumplimiento de actividades es preciso que los OPL tengan una estructura organizacional mínima que les permita cumplir con las actividades que les corresponden en este sistema de coordinación con el INE. Por ello, las áreas de organización y capacitación electoral, prerrogativas, jurídica, de administración, informática y, desde luego, el área de igualdad de género, son fundamentales para llevar a buen puerto cualquier elección.
El área de organización electoral se coordina con el INE para la acreditación de las personas observadoras electorales, además, tiene a su cargo la relación con los órganos desconcentrados y coordina lo correspondiente a los mecanismos de recolección, la recepción de paquetes y la preparación de las bodegas electorales, y se encarga de mantener la relación con los órganos desconcentrados locales para el debido desarrollo de los cómputos electorales. Por otro lado, el área de Capacitación Electoral del INE tiene una estrecha coordinación con los OPL para capacitar a las personas funcionarias sobre las particularidades de cada elección local, mientras que el área técnica jurídica de los OPL se encarga de revisar el convenio de colaboración que se instrumente con el INE.
La importancia de las áreas de informática radica en que, entre otras cosas, se encargan de implementar el programa de resultados electorales preliminares, pues el INE sólo establece los lineamientos para su funcionamiento, pero cada uno de los OPL se encarga de su correcta instrumentación. Lo mismo ocurre en el caso de los cómputos electorales, ya que el INE establece las bases y cada OPL aprueba sus lineamientos de acuerdo con las particularidades de cada entidad. Por otro lado, las áreas de prerrogativas, entre muchas otras cosas, se encargan de llevar a cabo el proceso de registro de nuevos partidos políticos para lo cual existe apoyo y se tiene una coordinación con las áreas del INE.
Mención aparte merecen las áreas de igualdad de género y no discriminación, toda vez que derivado de la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, el INE emitió lineamientos para prevenirla, atenderla, repararla y erradicarla y en estos se establecen obligaciones para cada OPL como requerir a las personas aspirantes a las candidaturas la firma y presentación del formato 3 de 3 contra la violencia y, en su caso, verificar la veracidad de las declaraciones señaladas en el mismo, o revisar que los partidos políticos en campañas destinen al menos el 40% del tiempo en radio y televisión a sus candidatas. Aunado a ello, derivado de la reforma constitucional de 2019 conocida como “de paridad en todo”, el INE ha establecido reglas en la materia para las postulaciones paritarias a las gubernaturas las cuales deben revisarse por cada uno de los OPL.
Por todo lo anterior, resulta evidente que cada OPL requiere de personal especializado y suficiente para llevar a buen puerto sus respectivos procesos electorales, y puede concluirse que el nexo entre el INE y cada uno de los OPL es interdependiente y requiere de un contacto permanente y fluido en el que se asegure el desarrollo y concreción de sus actividades constitucional y legalmente establecidas.
Contar con este personal y áreas especializadas requiere la erogación de recursos públicos, ese hecho es inevitable, pero encuentra su justificación en la plena garantía de los derechos político-electorales de la ciudadanía, por lo que no es oportuno que se impulsen iniciativas que mermen la independencia, autonomía y capacidad de organización de estos órganos del Estado mexicano, mucho menos bajo el argumento de generar ahorros sin que existan análisis y estudios que demuestren la efectividad de la medida. El ejercicio de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos no puede limitarse mediante recortes presupuestales o medidas de austeridad poco efectivas ni tampoco a partir de ajustes estructurales o de organización interna que sean adversos y que configuren un escenario regresivo para el proceso de consolidación democrática que tanto le ha costado a las y los mexicanos.
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