VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN LA PRESENTACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y LA ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGO EN LOS CASOS DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO
Gracias, Norma.
Yo comenzaría diciendo que la definición de democracia es justamente la negación de la violencia, por eso la incompatibilidad de estos conceptos y no de la violencia en general, en abstracto, de la violencia sólo física, de la violencia entendida como la eliminación del otro, sino la violencia de cualquier tipo.
Democracia significa, insisto, todo lo contrario a la violencia.
Hoy nos convoca una de las preocupaciones centrales y banderas más importantes que el Instituto Nacional Electoral ha tenido como órgano del Estado mexicano en su rol de garante del ejercicio de los derechos políticos de las y los mexicanos y como promotor de la participación política incluyente y paritaria en nuestro país.
El Protocolo para la Atención a Víctimas y la Elaboración de Riesgo en los Casos de Violencia de Género que hoy presentamos aquí, en Hidalgo, es producto de la más reciente decisión que tomó el Consejo General del INE para darle certeza, claridad y eficacia a su actuación para atender las víctimas de violencia política de género en todo el país.
Pero ésta no es la primera determinación, como se ha comentado aquí por mis colegas, que el INE ha tomado en esta materia y se inscribe, más bien, en un proceso de paulatino avance en la protección de los derechos político-electorales de las mujeres.
Hace seis años, en 2016, el INE aprobó la primera versión del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, la aprobación de este protocolo partió del reconocimiento de la existencia de un problema que, de forma paradójica, como mencionaba justamente Norma, se ha venido incrementando notablemente conforme se expande la participación de las mujeres en la vida política nacional.
Es comprensible, hay quien rechaza esto y quien reacciona a partir de códigos tradicionales antidemocráticos que deben ser superados.
Cuatro años más tarde, en abril de 2020 se aprobó en el Congreso mexicano, como saben, una reforma legal en esta materia, una reforma que mandató específicamente al INE para atender esta creciente problemática y nos condujo al desarrollo de nuevos mecanismos institucionales, así como nuevas decisiones para aterrizar las atribuciones establecidas en la ley y armonizar la normatividad interna del Instituto respecto de aquella reforma.
Esta armonización se materializó en distintos ámbitos, desde la determinación de la Comisión de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral como una Comisión permanente, hasta la expedición de un reglamento en materia de Quejas y Denuncias que requirió, como se ha mencionado, el desarrollo de un procedimiento específico para atender casos de violencia política contra las mujeres por razón de género, teniendo como objetivo la máxima protección a las víctimas y, lo que parte de ello supone, es justamente la agilidad, el carácter sumarísimo que tienen que tener las actuaciones por parte de la autoridad electoral para poder atender debidamente este fenómeno execrable.
Este proceso también le dio a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, como se ha mencionado, la facultad para elaborar el análisis de riesgo y solicitar a las autoridades competentes un plan de seguridad acorde a cada caso y situación.
Sin embargo, a partir de la experiencia de los años recientes, en el Instituto identificamos que era necesario un mecanismo que delineara la forma de actuación del INE en el primer contacto con la víctima.
El protocolo que hoy presentamos y que aprobó el Consejo General del Instituto el pasado 25 de febrero, justo tiene el objetivo de darle mayor claridad y eficacia a ese primero momento clave en la atención a las víctimas.
Con este protocolo tenemos ahora una guía de actuación que el INE deberá seguir desde los primeros acercamientos que se tengan con las mujeres que presenten una queja o denuncia ante el Instituto por violencia política en contra de ellas por razones de género.
Con este protocolo podemos señalar, estamos atendiendo el compromiso y cumplimiento del mandato institucional del Instituto con la máxima protección de los derechos político-electorales de las mujeres. Un compromiso que se expresa, no solo en el conjunto de decisiones que el INE ha tomado en aspectos normativos y procedimentales para atender la violencia política contras las mujeres en razón de género, sino también, muy destacadamente, en el trabajo colaborativo que supone la atención de este problema al interior del Instituto, entre las distintas áreas, entre las distintas unidades y, por supuesto, en conjunto con otras autoridades e instancias. Es decir, dentro y fuera de la propia institución.
En efecto, si bien la Unidad Técnica de lo Contenciosos Electoral tiene un papel central en el proceso de atención a las quejas, de las quejas y denuncias que se presenta en esta materia, la eficacia de su respuesta está, como se ha mencionado, como se ha explicado, íntimamente vinculada con el trabajo coordinado al que integra, que se integran muchas áreas otras áreas del Instituto.
La complejidad misma de la atención de esta forma de violencia política exige un trabajo de coordinación, de comunicación y de colaboración interna que involucra, lo mismo a órganos desconcentrados del INE que a unidades técnicas, digámoslo así, involucradas desde sus ámbitos de competencia, la atención de esta problemática.
A ese trabajo de coordinación y articulación interna hay que sumar la colaboración, diálogo y alianzas que hemos logrado establecer con autoridades electorales, administrativas estatales, con los OPLES, con los tribunales, tanto el federal y las distintas áreas que, digamos, involucradas directa o indirectamente como la sala regional especializada, o bien, la Sala Superior, en la revisión tanto de las medidas cautelares como de las medidas de protección, como de las resoluciones que tome la Sala Especializada, y también los tribunales locales a nivel, decía, pues órganos a nivel nacional y local. Y con instancias claves como el Observatorio para la Participación Política de las Mujeres, como un espacio de visibilización y de, en consecuencia, digámoslo así, comunicación pública para promover la prevención de este tipo de conductas.
El trabajo de coordinación interna en el INE, así como la labor colaborativa y la construcción de alianzas con otras instancias y órganos públicos es necesaria por la dimensión del problema que enfrentamos, este no es un problema estrictamente electoral, no es un problema que se ciña estrictamente a la dimensión política, es decir, a la contienda por el poder y al ejercicio del mismo, es un problema integral en un contexto en donde el feminicidio y la violencia en general contra las mujeres se ha vuelto un problema estructural de a convivencia social, se inscriben.
Es exactamente lo mismo que el problema de la violencia y de la seguridad, por supuesto que hay una dimensión que preocupa y que puede poner en riesgo, que de hecho lo hace, la integridad de los procesos electorales.
Pero la presencia de la violencia y la criminalidad organizada es un problema integral, estructural que, sólo como Estado, y esto supone la colaboración, la coordinación y la actuación de un conjunto de órganos, de todos los órganos que están involucrados en sus diferentes ámbitos de responsabilidad, puede efectivamente producir resultados.
Y lo mismo pasa en este tema específico.
La violencia política de género contra las mujeres es solamente una dimensión muy específica de un problema estructural que aqueja a la sociedad mexicana y que tiene que ver con la todavía deficitaria ruptura de patrones culturales que alimentan estas conductas que son absolutamente inaceptables en un contexto democrático.
Desde 2020 se han recibido, y eso viene a cuento, perdón que lo mencione, por el hecho de, “bueno, el INE no es policía”, ¿qué va a hacer el INE contra la inseguridad en las elecciones? Pues el INE no tiene la responsabilidad de, ni los elementos para poder resolver esta problemática, aunque es parte indispensable de la alianza institucional de la corresponsabilidad de instituciones, algunas directamente involucradas con facultades específicas, otras colateralmente, como somos las autoridades electorales, para resolver el problema de la violencia como elemento disruptivo de la vida social.
Y aquí pasa lo mismo el INE puede proveer ciertas medidas de protección, los OPLES también pueden hacerlo, y acompañamiento, y sobre todo la actuación, pero la protección en cuanto tal, recibida en la fórmula, el INE no tiene policía, ni es policía, es solamente un modo de expresar, no solamente el punto concreto sino, además la corresponsabilidad del estado mexicano del que indudablemente el INE y los OPLES formamos parte integralmente para atender el problema.
Desde 2020 se han recibido en el INE 199 quejas en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, sólo en el año 2021, cuando se renovó la Cámara de Diputadas y Diputados, y tuvimos elecciones a nivel nacional en prácticamente en todos los estados del país, se recibieron 149 quejas en esta materia, es decir 74.8 del total de las que se han presentado en los últimos dos años
Y esta es la mejor prueba, justamente, de lo que se señalaba.
Es la participación política, es el espacio público, es la intervención de las mujeres en el espacio público lo que detona la violencia y consecuentemente explica el incremento de las denuncias por éste fenómeno.
El principal motivo de estas quejas son los ataques en redes sociales y páginas públicas donde se publican y promueven expresiones de actitudes discriminatorias, misóginas y denotativas.
Y, por cierto, como pedimento a las colegas que tienen todavía una larga y exitosa, estoy seguro, trayectoria al interior del Instituto, ojalá y recuperemos y mantengamos esa práctica inaugurada hace algunos años en colaboración con organismos académicos, instituciones académicas en aquel momento con FLACSO, para poder evidenciar los casos de violencia política, incluso en la cobertura noticiosa; es decir, las propias coberturas de estos episodios que a veces uno da por sentado pero que expresan, tal vez no de la peor manera, pero sí de manera muy gráfica, en todo caso muy evidente ¿no?, lo que significa el dilema y el desafío cultural que está detrás de esta problemática y que lo alimenta directamente.
Las preguntas, me acuerdo, que se hacían en muchos espacios noticiosos a las candidatas “y cómo le va a hacer usted que es mamá… y qué va a hacer, va a dejar sus trabajos domésticos si le resulta electa”, es decir, que finalmente, aunque parezcan inocentadas, reflejan el arraigo, digámoslo así, el enraizamiento que tiene esta problemática en el imaginario colectivo.
Con información al 16 de mayo, el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, el disparo de violentadores y violentadoras contra las mujeres, otro instrumento que ha diseñado el INE para enfrentar y resolver este problema da cuenta de 230 registros que han sido ordenados por distintas autoridades, la mayoría por Tribunales Electorales Locales, respecto de la violencia política de género.
Y como ustedes saben, la permanencia o la presencia, la descripción en este registro, por el tiempo que determine, que se determine en virtud de la gravedad de las sanciones impuestas implican el impedimento de los que están inscritos en este listado para poder ser registrados a alguna candidatura de todo tipo.
De estos registros se desprenden 205 personas sancionadas, de los cuales el 84.9 por ciento, 174 son hombres, y 15.1 por ciento, 31 son mujeres. De nueva cuenta, la violencia política de género contra las mujeres, la violencia política contra las mujeres por razón de género no es un asunto de hombres solamente, es un asunto que tiene una dimensión cultural, y, por lo tanto, involucra, con independencia del género, a muchos violentadores y violentadoras.
Si bien este registro sólo da cuenta de cuatro casos de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género en Hidalgo, y que es diametralmente distinto respecto, en términos de volumen, respecto a los 64 casos de Oaxaca, los 32 de Veracruz, o los 18 del Tabasco; esto no significa que éste no sea un problema que deba atenderse, y para el que todas las autoridades electorales de todos los ámbitos y órdenes deban prepararse y atender.
De ahí la pertinencia de, aquí en Hidalgo, a dos semanas y media de la Jornada Electoral, de presentar el protocolo para la atención de víctimas y la elaboración de riesgo en los casos de violencia de género.
Con medidas de esta naturaleza en el INE buscamos materializar los anhelos de que México sea una nación en la que las mujeres puedan participar en la vida pública libremente y en condiciones de igualdad con los hombres.
Hemos asumido, vuelvo a insistir, en el Instituto Nacional Electoral, esto como una causa y, en consecuencia, la necesaria creación de condiciones normativas para que mujeres y grupos prioritarios, tradicionalmente marginados de las decisiones políticas, puedan participar libre e igualitariamente, lo que significa sin ningún tipo de violencia en los comicios.
La estrategia de coordinación y colaboración que ha diseñado el INE para atender el problema de la violencia política en contra de las mujeres por razón de género, es una muestra del profesionalismo y de la calidad del trabajo con la que el Instituto lleva a cabo todas sus tareas, sin triunfalismos y sin ocultar tampoco las áreas de oportunidad que existen, es necesario decir con claridad que el INE cumple cabalmente con todos los mandatos y atribuciones que la Constitución y la ley le ha otorgado.
De manera, por cierto, creciente, y luego se dice que el INE es el órgano más caro del mundo, pues yo quisiera ver cuántos órganos en el mundo hacen lo que se le encomienda al INE, y en cada reforma se le piden más, y más, y más cosas, pero, bueno, creo que el tema aquí es otro, pero en todo caso ahí lo dejo.
Como ha ocurrido en los últimos ocho años, y esto lo hace con convicción y el compromiso de que la ciudadanía requiere del INE para poder ejercer sus derechos políticos.
Las instituciones electorales en un contexto democrático no somos prescindibles, y aunque haya quien, de manera insensata, y en contra de la corriente histórica que ha alimentado la transición a la democracia en nuestro país, haya llegado a decir, con independencia del alto cargo que ocupa, y me estoy refiriendo al Presidente de la Cámara de Diputados, no se hagan bolas, que ya cambiaron los tiempos y, consecuentemente, ya es época de volver a aquellas épocas en las que la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones.
No lo son, y no lo van a hacer nunca, insisto, en el INE refrendamos que para poder ejercer los derechos políticos, el derecho a la integridad, a la identidad, y la participación de las y los ciudadanos en la vida pública, pues, autoridades autónomas, independientes, y comprometidas con los principios rectores de la función electoral siguen, y seguirán siendo indispensables.
Hoy, y en adelante, siempre, las y los ciudadanos deben saber que cuentan con el INE, con su INE, y en el INE sabemos que contamos con la ciudadanía para hacer nuestro trabajo.
Muchas gracias.
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