De acuerdo con lo que dispone el artículo 41 de la Constitución Política, el Instituto Nacional Electoral (INE), es la instancia responsable de planear, organizar y desarrollar las elecciones federales del país y, en coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), las elecciones locales en las 32 entidades federativas que conforman la República mexicana así como los mecanismos de democracia directa a nivel nacional.
El INE es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento contando para ello con un Consejo General, máxima instancia colegiada de toma de decisiones.
En este sentido y de conformidad con lo mandatado por el artículo 42 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dicho Consejo General podrá integrar las comisiones temporales que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, las que estarán presididas por una Consejera o Consejero Electoral y podrán participar en su integración hasta cuatro consejeras y consejeros.
Bajo este contexto, el 9 de mayo el Consejo General del INE aprobó la conformación de la Comisión Temporal de Presupuesto 2023, cuya tarea principal será presentar a dicha instancia el proyecto de programación y presupuestación del INE para el ejercicio fiscal 2023 que permita el cumplimiento de las funciones y atribuciones que tiene encomendadas.
La tarea no es fácil toda vez que a esta Comisión le tocará orientar, bajo un esquema de planeación estratégica, las actividades del INE conforme a sus atribuciones incorporando para ello la visión de sus integrantes para que, en su oportunidad, el Consejo General apruebe el presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 y lo turne a la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados para su análisis y eventual aprobación.
Consecuentemente, esta Comisión tendrá la alta responsabilidad de que, en la construcción de la programación y presupuestación del INE, observe medidas de optimización y eficacia, atendiendo criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria por lo que, en mi calidad de Consejera Electoral propondré, en su oportunidad, entre otras acciones propias de las funciones de la Comisión, las siguientes:
Elaboración de un diagnóstico institucional que resalte las fortalezas y debilidades institucionales con la finalidad de encontrar áreas de oportunidad para hacer más eficiente la función electoral, evitando duplicidades, actualizando procedimientos y armonizando los esquemas locales en la operación electoral.
Privilegiar que en la construcción presupuestal participen las áreas ejecutivas y técnicas exponiendo sus programas y actividades acorde a sus atribuciones legales.
Distribuir el presupuesto que es asignado a las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas a través de la integración y/o actualización de una tipología de complejidad electoral que refleje las necesidades de cada Junta respecto a su dimensión geográfica, su orografía, los accidentes geográficos, la diversidad de comunidades, la extensión territorial, entre otras variables.
Modernizar diversos procesos y procedimientos electorales haciendo uso de la tecnología que tenga como objetivo para la institución no solo eficientar las funciones de las áreas sino también buscar ahorros presupuestales.
Establecer las directrices presupuestales que permitan a la Institución contar con herramientas tecnológicas que coadyuven a avanzar en el uso del voto electrónico o bien, dependiendo del cauce que tome la reforma electoral que varias instituciones políticas han presentado al respecto, se instrumente el voto electrónico por internet al interior de la República.
Estas y otras acciones permitirán al INE no solo continuar demostrando ser un organismo profesional en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, sino avanzar en su modernización y alcances para eficientar las elecciones haciéndolas más baratas en beneficio de nuestra democracia.
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