El domingo pasado, México vivió la primera experiencia participativa de revocación de mandato, la cual se inscribe en la historia de la democracia nacional. Vivimos una jornada electoral ejemplar que demostró, una vez más, la madurez democrática de la ciudadanía, así como la fortaleza y la capacidad técnica operativa del Instituto Nacional Electoral (INE). Prueba de ello es que a poco más de 27 horas de haber cerrado las casillas, el Consejo General del INE ya realizaba el cómputo total y la declaratoria de resultados del proceso de revocación de mandato del presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024, lo que demuestra que la maquinaria institucional es eficiente, eficaz y confiable.
Los buenos resultados son producto del trabajo conjunto de la ciudadanía y el INE, por ello es necesario agradecer a todas las personas que estuvieron involucradas en la organización de este proceso de democracia participativa, empezando por las más de 12 mil personas que fungieron como Supervisoras y Capacitadoras Asistentes Electorales, ya que gracias a su esfuerzo y dedicación se visitó, notificó y capacitó a las y los funcionarios que hicieron posible la instalación del 100% de las casillas aprobadas.
Asimismo, debe reconocerse y agradecerse el compromiso de las más de 287 mil personas que se capacitaron de manera presencial o virtual para fungir como integrantes de las Mesas Directivas de Casilla: ciudadanas y ciudadanos que estuvieron dispuestos a destinar un día de su vida para contribuir al fortalecimiento de la democracia de nuestro país y que recibieron el voto de sus vecinas y vecinos, reforzando así uno de los eslabones más importantes en la cadena de confianza que blinda los procesos comiciales que se realizan en nuestro país.
Pero, sobre todo, hay que agradecer profundamente a los millones de personas votantes que acudieron a alguna de las casillas instaladas a lo largo y ancho del país para emitir su opinión, pues con ello no sólo se votó en el ejercicio inaugural de revocación de mandato, sino que con su voto depositaron una vez más su confianza en esta institución que existe sólo por y para la ciudadanía mexicana.
Celebro también que más de 14 mil personas se hayan acreditado para observar este proceso, las cuales pudieron verificar que la instalación de las casillas, el desarrollo y la conclusión de la votación se realizaran con apego a la normativa correspondiente. Estas personas representan otro de los componentes clave que desde la ciudadanía blindan este tipo de ejercicios, y tienen la posibilidad de proponer elementos de mejora en los ejercicios comiciales.
Debe destacarse que en menos de 9 meses el INE ha organizado dos ejercicios cívicos de democracia directa: la consulta popular y el ejercicio de revocación de mandato. La primera tuvo una participación del 7.1%, porcentaje que constituye nuestro primer referente nacional para ejercicios de esta naturaleza. Hoy, después de 8 meses de esa primera jornada participativa, la revocación de mandato registró una participación ciudadana del 17.77%, es decir, 2.5 veces más que en la Consulta Popular. Esto significa que poco a poco la ciudadanía se va apropiando de este tipo de ejercicios, sin embargo, debemos asumir el reto de establecer estrategias de educación cívica para concientizarla sobre la relevancia y poder de decisión que tiene al emitir su opinión. En el INE tenemos un importante reto para idear mecanismos y formas en las que podamos llegar a todas las personas y hacerlas conscientes del enorme poder de decisión que este tipo de consultas pone en sus manos.
Debe enfatizarse que el proceso de revocación de mandato se desarrolló pese a las graves limitaciones presupuestales que enfrentamos para su organización. El INE cumplió con todas y cada una de las etapas establecidas en la Ley. Sin embargo, la difícil situación financiera que enfrentó no fue el único reto a superar: durante todo el proceso de organización de la revocación de mandato, particularmente después de emitida la convocatoria, se registraron actos reiterados que pueden constituir infracciones a las normas de la materia.
Un indicio de lo anterior es que el principal motivo que se aduce en la presentación de quejas y denuncias se refiere a la difusión de propaganda contraria a la norma, en su mayoría, propaganda gubernamental, atribuida a múltiples funcionarias y funcionarios públicos, lo que ensombreció el ambiente en el que se desarrolló la promoción y difusión objetiva e imparcial realizada por el INE, en ejercicio de su facultad legal exclusiva.
Atendiendo a lo anterior, es comprensible que el proceso de revocación de mandato haya registrado un alto índice de controversias legales. Muestra de ello son las 188 quejas relacionadas con la Revocación de Mandato, de las cuales en 159 casos se solicitaron medidas cautelares, mismas que fueron atendidas a través de 51 Acuerdos de la Comisión de Quejas y Denuncias (CQyD), en 28 casos se declararon procedentes estas medidas cautelares, resaltando que, a pesar de haberse impugnado 30 Acuerdos, 27 fueron confirmados.
En este contexto de constante desafío al marco jurídico que reguló el procedimiento de Revocación de Mandato, es necesario hacer mención especial de un dato sin precedente alguno, y es que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral emitió 18 Acuerdos de Incumplimiento a las medidas cautelares dictadas por la Comisión de Quejas y Denuncias, 15 de ellos a servidores públicos –entre los cuales, se encuentran el presidente de la República y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México que son a quienes se les han notificado el mayor número de incumplimientos–.
Este nivel de incumplimiento registrado fue insólito: jamás habíamos tenido un escenario político en el que fuese tan evidente el ánimo de transgredir la ley y la Constitución, ni en procesos electorales ni en el pasado proceso de Consulta Popular.
Sin embargo, pese a estos obstáculos, el proceso de Revocación de Mandato se realizó atendiendo a las etapas, plazos y fechas calendarizadas cumpliéndose con todos los requisitos técnicos y operativos necesarios, para llevar a buen puerto un ejercicio cívico de esta naturaleza y donde la ciudadanía respondió favorablemente.
El Instituto Nacional Electoral de nueva cuenta puede dirigirse a la ciudadanía y entregarle buenos resultados, pues se cumplió con el objetivo de organizar un procedimiento revocatorio técnica y operativamente impecable, lo cual también se debe a la profesionalización de sus servidoras y servidores públicos, tanto de la rama administrativa como del Servicio Profesional Electoral y, desde luego, a las y los Directores Ejecutivos y Titulares de Unidades Técnicas, que dirigen los trabajos de sus distintas áreas de competencia.
Haber logrado tan buenos resultados en este proceso de revocación de mandato es una prueba irrefutable de que tenemos una Institución sólida e imbatible, pero no es correcto que una institución del estado mexicano esté trabajando con todo en su contra, con presupuestos acotados que ponen en riesgo el desarrollo de nuestras funciones que se ven reflejadas en la garantía de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía y bajo constantes descalificaciones infundadas. El Instituto ha cumplido con sus obligaciones constitucionales y legales, lo que se ha demostrado con datos e información objetiva que está a disposición de todas y cada una de las personas que lo quieran constatar.
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