VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO 11 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, POR EL QUE SE APRUEBAN ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ADICIONALES PARA LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE REVOCACIÓN DE MANDATO EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO INE/CG1798/2021
El día de hoy se pone a consideración del Consejo General un nuevo proyecto de acuerdo para seguir garantizando el derecho de la ciudadanía para participar en el proceso de Revocación de Mandato.
Con este acuerdo, el INE está acatando la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que instruyó al instituto a que realice y gestione las adecuaciones necesarias a su presupuesto para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades calendarizadas para la organización de la Revocación de Mandato, pero, y cito: “sin afectar sus obligaciones constitucionales, legales, estatutarias y laborales”. Fin de la cita.
La resolución de las y los magistrados del pasado 29 de diciembre señala que, si luego de hacer lo anterior, subsiste la insuficiencia presupuestal, el INE tendría que “realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para solicitar las ampliaciones presupuestarias que se requieran para el adecuado desarrollo de dicho proceso”.
Asimismo, la sentencia vincula a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, al recibir este requerimiento, dé respuesta al INE, cito, “a la brevedad, de manera fundada y motivada, y siga el procedimiento respectivo que dé cauce a la solicitud para que haga efectivo el derecho político de participación de la ciudadanía”. Es decir, si bien no se obliga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a entregar el dinero, en su momento faltante, sí tendrá que fundar y motivar su respuesta, a diferencia de lo ocurrido en ocasiones previas; por ejemplo, cuando el año pasado el INE pidió recursos para llevar a cabo la Consulta Popular y dicha Secretaría nos lo negó sin explicación alguna.
Esta resolución del Tribunal Electoral, lejos de ser un revés para el instituto, es una buena noticia, pues marcó una ruta clara y cierta sobre la que el INE debe avanzar en la organización de este inédito ejercicio de democracia participativa. Es precisamente dicha resolución la que motiva el proyecto de acuerdo que se pone a consideración de este Consejo el día de hoy.
En concreto, se está proponiendo hacer un nuevo ajuste al presupuesto del INE para el ejercicio 2022, a fin de liberar recursos adicionales para financiar las actividades del proceso de Revocación de Mandato y hacer, además, una reducción a los costos previstos para realizar dicho ejercicio.
Cabe recordar que el 10 de diciembre pasado, este Consejo aprobó un ajuste presupuestal de 445.4 millones de pesos que redujo a su Presupuesto Base y a los Proyectos previstos para este año, y estableció además una meta de ahorro de 227.1 millones de pesos; montos que, sumados a los 330.5 millones que fueron aprobados por la Cámara de Diputados, generaron una bolsa para poder financiar la Revocación de Mandato de mil 503 millones de pesos.
Ese monto resulta insuficiente para cubrir los requerimientos y condiciones que la Ley establece para realizar la Revocación de Mandato, en primer lugar, que el número de casillas sea el mismo que en una elección federal y el monto para realizar dicha Revocación en los términos de la ley, que fue estimado inicialmente en 3 mil 830 millones de pesos. Es decir, el déficit para llevar a cabo el proceso era hasta ahora de 2 mil 327 millones de pesos.
Por tal razón el INE recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ésta diera claridad y certeza jurídica, resolviendo un claro y complejo dilema jurídico por la drástica reducción presupuestal realizada por la Cámara de Diputados a los recursos solicitados originalmente por el Instituto.
En ese sentido se decidió posponer algunas actividades hasta que se resolviera ese dilema en su momento. Ello provocó que distintas instancias y partidos recurrieran esa decisión del INE también ante instancias jurisdiccionales. ¡Qué bueno que ello ocurrió! Porque gracias a estas resoluciones hoy tanto el INE, como los actores políticos y la ciudadanía tenemos plena claridad respecto de la ruta jurídica a seguir.
Por eso celebramos las recientes resoluciones, tanto la de la Sala Superior del Tribunal Electoral, como la que tomaron dos ministras, las dos ministras de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues abonan a la certeza, la legalidad, la claridad y la ampliación de los derechos políticos de la ciudadanía.
Siguiendo la ruta a seguir que marcó el TEPJF, hoy se están proponiendo dos cosas fundamentalmente: por un lado, liberar 64.46 millones de pesos adicionales del presupuesto del INE imponiéndonos una nueva meta de ahorro. Con ello la bolsa de recursos actualmente disponible para realizar la inminente Revocación de Mandato aumentará a mil 567.48 millones de pesos.
Por otro lado, se propone un esfuerzo por reducir el costo del ejercicio de los tres mil 830 millones de pesos originalmente costeados a tres mil 306.73 millones de pesos, es decir una disminución de 523.67 millones de pesos.
Quiero ser claro: esto no es lo ideal, pues el margen de maniobra operativa del INE se acota y estamos colocando el ejercicio de Revocación de Mandato en una “zona de cuidado” que, si bien es manejable, de ninguna manera es deseable. Es el resultado de una situación compleja, inédita e inconveniente en la que se ha colocado a este Instituto.
Con esas acciones, con estas dos grandes acciones, el déficit presupuestal para realizar la Revocación de Mandato en los términos que establece la Ley se estaría reduciendo a un monto redondeado de mil 738 millones de pesos hoy faltantes. Por lo tanto, ésa será la partida adicional que el INE estará solicitando formalmente a la Secretaría de Hacienda, acatando la resolución de la Sala Superior.
Como decía, las determinaciones recientes del Poder Judicial han marcado la ruta que este Instituto está siguiendo, pero, además, blindan jurídicamente al INE en caso de que la Revocación de Mandato tenga que organizarse sin las características que pide la Ley por falta de recursos suficientes.
Hoy, nadie en su sano juicio podrá acusar a la autoridad electoral de no haber hecho todo lo que está a su alcance para cumplir puntualmente con su mandato legal. Y eso no es un asunto menor, en tiempos en los que hay quienes están dispuestos a utilizar autoritariamente el brazo penal del Estado para amedrentar a quienes ejercemos y defendemos la autonomía del INE.
Estaremos atentos a la respuesta de la Secretaría de Hacienda y las resoluciones que en el futuro podrían adoptarse en la Suprema Corte, cuando se discuta el fondo de la controversia constitucional que fue presentada por el INE. Mientras tanto, seguimos adelante con las actividades calendarizadas para la Revocación de Mandato; tal como ha venido sucediendo desde hace más de cuatro meses.
A 88 días del 10 de abril, fecha prevista para la jornada de este proceso, se siguen verificando las firmas de apoyo de quienes promovieron el ejercicio y, según los reportes más recientes, se ha confirmado que más de dos millones de firmas están en la Lista Nominal de Electores, de entre las más de 11.1 millones de firmas que fueron entregadas al INE. Es decir, cuando aún faltan por revisar millones de firmas, se ha llegado ya a más del 77 por ciento de los más de 2 millones 758 mil apoyos ciudadanos que se requieren para el proceso para convocarlo.
Además, se ha alcanzado ya la dispersión en 17 entidades, por lo que se hace inminente que se alcancen los requisitos constitucionales para que la Revocación de Mandato.
La ciudadanía debe tener plena seguridad de que, como siempre ha ocurrido, el INE le va a cumplir a la democracia, y va a llevar a cabo todos los procesos que doten de legalidad, certeza, objetividad, transparencia y máxima publicidad a este inédito ejercicio de democracia participativa. Así lo hemos hecho y así lo seguiremos haciendo.
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