- El presidente del INE alerta del hostigamiento inédito del Gobierno por el conflicto de la consulta para la revocación de mandato y celebra la entrada en escena de los tribunales
El choque del Gobierno con el INE ha sido el tema político de las Navidades. En poco más de dos semanas, México ha vivido una escalada inédita del enfrentamiento que ha activado los resortes de los grandes poderes del país. Incluida una denuncia penal ante la Fiscalía por parte de Morena y dos fallos casi consecutivos de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. Ambas resoluciones contradicen de modo provisional la decisión del INE que detonó el estallido: aplazar la consulta para la revocación de mandato por falta de presupuesto. Desde su despacho, el presidente del organismo, Lorenzo Córdova, alerta de los riegos de la fuerte campaña de hostigamiento y celebra la entrada en escena de los tribunales. Porque anticipa que aún no está escrito el final de un conflicto que arrancó casi desde el inicio del sexenio y que tiene en el horizonte la batalla por la reforma electoral, una de las grandes prioridades del Andrés Manuel López Obrador.
Pregunta. ¿Esperaban los dos fallos judiciales en contra de su decisión de posponer la consulta?
Respuesta. Nosotros celebramos que se haya judicializado nuestro acuerdo. Han de ser los tribunales los que digan si, en su caso, vamos a tener que hacer la consulta sin cumplir con lo que diga la ley. Es decir, esto es un ejercicio de blindaje jurídico. Pero, ojo, la Suprema Corte no ha resuelto el fondo. Y el Tribunal Electoral nos está diciendo que sigamos adelante pero sin comprometer nuestras atribuciones constitucionales. Si después de los esfuerzos que estamos haciendo [El INE cuenta de momento con 1.500 millones de pesos, menos de la mitad de las estimaciones de acuerdo a ley] seguimos teniendo faltante, nos autoriza a ir la Secretaría de Hacienda a para pedir una ampliación presupuestal y ahora Hacienda tendrá que justificar su decisión. El dilema es si la consulta se hará con las casillas y de acuerdo a los extremos que dice la ley o no.
P. ¿Cree que esta ofensiva es un modo de preparar el terreno para la reforma electoral?
R. No quisiera pensarlo, pero este diferendo jurídico y presupuestal me parece que no es un hecho aislado. Ha habido desde hace mucho tiempo una serie de actuaciones que claramente tienen el propósito de contrarrestar nuestra autonomía. Una autonomía que el INE siempre ejerció frente a los gobiernos en turno federales y locales, con independencia de la bandera política. El INE es un órgano de control del poder, como todos los órganos autónomos. Y esto evidentemente no gusta ni ahora ni antes.
P. ¿Sienten más presión ahora que con otros gobiernos?
R. Estamos viendo un contexto inédito de hostigamiento a las autoridades electorales. Este es un fenómeno lamentablemente global -Trump, Boslonaro- que en México se ha manifestado de muy diversas formas: iniciativas de ley que no han prosperado y que claramente pretendían el control político del INE. Además, se ha abierto una narrativa claramente de acoso y descalificación. No es nueva. Pero antes provenía de los partidos de oposición o perdedores que no reconocían su derrota. Ahora vienen de los circuitos gubernamentales. También es nueva la estridencia, el tono. Nunca antes habíamos escuchado algo cómo lo que dijo el presidente de Morena, que al INE había que exterminarlo. O a un alto empresario muy cercano al gobierno amenazando con ir a los domicilios de los consejeros electorales.
P. Tras la denuncia penal usted habló de “pulsiones autoritarias”.
R. En 30 años de existencia de la autoridad electoral nunca se había cruzado esa frontera que debe ser infranqueable, en la que se sustenta el arreglo democrático. Se ha cruzado la frontera de criminalizar al que no piensa como tú. El uso del brazo penal del Estado para amedrentar a titulares de un órgano del Estado. Es una decisión política y no jurídica que se ha retirado después de la presión social.
P. ¿Cree que fue una instrucción del presidente?
R. Nunca me atrevería a decir eso. Creo que el presidente hizo público su punto de vista y el presidente del Congreso actuó en consecuencia. Yo creo al presidente cuando dijo que jamás lo ha hecho y no lo va a hacer. Lo hizo el presidente del Congreso y afortunadamente escuchó la voz de la sociedad civil y la retiró. El problema es que el daño ya está hecho y las denuncias siguen su curso porque son actuaciones que se sigue de oficio.
P. ¿Confía en la Fiscalía?
R. Me preocupa que la Fiscalía, ante una denuncia que es clara, abierta y notoriamente improcedente y que tenía una intencionalidad política, haya abierto un expediente y esté haciendo requerimientos. Creo que es una circunstancia grave. Confío en que el orden social va a prevalecer. Supongo que lo que debería ocurrir es que la Fiscalía cierre definitivamente estas carpetas. Llama la atención que las haya siquiera abierto.
P. ¿Sienten la presión? ¿Ese desgaste está haciendo mella entre los consejeros?
R. Al contrario. El mejor ejemplo es que, a pesar de que el acuerdo de aplazar la consulta fue tomado por una exigua mayoría de seis votos contra cinco, el pronunciamiento público condenando la criminalización de la disidencia fue unánime.
P. Ante unas instituciones tan jóvenes como las mexicanas. ¿Existe riesgo de retroceso?
R. Los riesgos son altos. Este discurso de descalificación y de desinstitucionalización ha antecedido en el pasado algunos de los peores experimentos autocráticos de la historia. No estoy diciendo que eso vaya a ocurrir en México, pero subrayo la similitud de este tipo de discursos, por ejemplo, con lo que ocurría en los años 20 en Europa. La gran paradoja es que hoy el INE es la institución civil del Estado mexicano que tiene mayor confianza ciudadana, con índices que rondan 70%, inéditos en nuestros 30 años de existencia. Ese es el gran blindaje social que hoy tiene el INE. Pero no hay que menospreciar los intentos de mermar esa confianza desde distintos planos: legislativo, presupuestal y hasta penal.
P. Parte de las críticas desde el Gobierno se han centrado en señalar que su presupuesto y sus sueldos son excesivos. Han llegado a decir que el INE es el órgano electoral más caro del mundo
R. Es parte de la narrativa y una gran falacia porque no resiste un ejercicio serio de comparación. Hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Te pongo ejemplos, el INE es el único órgano electoral del mundo que, por decisión de los partidos políticos, monitorea todas las señales de radio y televisión del país. No lo hace ningún otro órgano electoral en el mundo. Tampoco todos los órganos electorales son los responsables de hacer el padrón electoral, que es por cierto la base de datos personales más grande del país con registros biométricos, dactilares y faciales, y cuyo resguardo tiene un costo enorme. No todos los órganos electorales del mundo fiscalizan, sino que son los tribunales de cuentas. Todo eso lo hace el INE. Pero están construyendo esa narrativa del derroche. Además, no hay ningún órgano electoral del Estado mexicano que esté sujeto al escrutinio público y a la auditoría de tantas instancias fiscalizadores como el INE. Somos el único órgano del Estado mexicano en donde con dos clicks puedes conocer con absoluta precisión cuál es el ingreso de cada funcionario del instituto, así como las prestaciones a las que tiene derecho.
P. ¿Qué espera de la reforma electoral?
R. Todavía no se sabe exactamente a qué se refiere el presidente. Hay una discusión muy amplia, muy ambigua y poco concreta. Desde luego, sería pertinente una reforma electoral que ajuste las reglas, que simplifique procesos, que elimine el barroquismo que hoy tenemos y que abra la puerta a elecciones más baratas, como con el uso intensivo de tecnología. Pero debe ser resultado de una gran discusión y, sobre todo, de grandes consensos. El problema es que los ánimos están muy caldeados y no veo un contexto en el que se puedan dar esos grandes consensos. Y sin ellos, es mejor no tenerla. Si la reforma electoral va a ser el fundamento para deslegitimar elecciones en el futuro, mejor quedémonos con las reglas que tenemos.
P. Morena ha deslizado la posibilidad de integrar el INE en el Ejecutivo
R. El presidente de la Cámara de Diputados dijo hace apenas seis meses que ya era tiempo de volver a las calles, que las elecciones las organizara la secretaria de Gobernación, porque las cosas ya cambiaron. Me preocupa porque esto nos puede llevar 30 años hacia atrás.
P. Su nombre sale cada vez con más frecuencia como posible candidato de la oposición.
R. Creo que hay un error de concepción. El INE no es oposición. Además, como miembro de un órgano colegiado, no hay una sola decisión que tome Lorenzo Córdova en lo individual. Son decisiones tomadas cumpliendo una función y que no tienen ningún propósito de favorecer o de ser oposición a ningún partido y a ningún gobierno, sino simple y sencillamente de aplicar la ley.
P. ¿Descarta cualquier opción de entrar en política?
R. Lo he dicho muchas veces: soy un académico. Cuando termine mi mandato tengo una responsabilidad como funcionario público que es desmontar esas falacias que forman parte de las narrativas de descalificación de quienes sostienen que las decisiones que tomamos en el INE las tomamos por algún tipo de interés político futuro. Cuando uno deja un cargo público, tiene la responsabilidad de cuidar también el legado y su paso por la institución. Quien me quiera buscar el 4 de abril de 2023, después de que termine mi mandato, me va a encontrar en mi cubículo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Consulta la entrevista en El País.