El Consejero Electoral, Uuc-kib Espadas, aseguró que la denuncia penal en contra de los funcionarios “no tiene ningún sustento, no ha habido la comisión de ningún delito y, en consecuencia, las acusaciones que se hacen son infundadas”.
Consideró que el hecho revela una intención de criminalizar las decisiones que el Instituto toma en el ejercicio de sus atribuciones, lo que no es aceptable en un régimen democrática ni en un Estado de Derecho. La denuncia “tiene la intención de intimidar y de disminuir la independencia del órgano”, consideró.
