Sobre la denuncia penal en contra de funcionarios, el Consejero Electoral, Uuc-kib Espadas, calificó la decisión como “alarmante, especialmente viniendo de la mayoría en el Congreso: una autoridad electoral no puede estar sujeta a amenazas de esta naturaleza que además no tienen un referente legal”, porque no hay la comisión de un delito, por lo que se trata de un intento por vulnerar la autonomía del Instituto y de generar temor entre los integrantes del Consejo General, lo que es preocupante.
