El pasado 17 de diciembre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), su máximo órgano de decisión, aprobó por mayoría de votos, posponer de forma temporal todas las actividades para la organización del ejercicio del proceso de revocación de mandato del Presidente de la República, derivado del recorte presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados y Diputadas al INE para el ejercicio fiscal 2022, hasta en tanto se tengan las condiciones presupuestales respectivas que le permitan reanudar con este ejercicio de participación ciudadana.
En el acuerdo tomado por el INE, entre otras consideraciones, se indica que dicha posposición estará vigente hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la controversia constitucional presentada por la propia Institución, o bien, cuando la autoridad competente le genere las suficiencias presupuestales correspondientes.
Al respecto, hice públicas mis razones para estar en contra de dicha determinación acordada por 6 de los 11 consejeros y consejeras que integramos el Consejo General del INE. En mi opinión dicho acuerdo pone en incertidumbre este ejercicio democrático, toda vez que no existe certeza legal ni jurídica de cuándo estará en condiciones de resolver la controversia constitucional la SCJN. En cambio, de lo que sí hay certeza es de que la Constitución y por ende la legislación secundaria respectiva obliga al INE a realizar el ejercicio de revocación de mandato.
En este sentido, manifesté que nuestra obligación es caminar hacia la realización de este ejercicio con los recursos disponibles, sin dejar de lado que, al aprobar el presupuesto, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó un recorte de casi 5 mil millones de pesos al presupuesto de la institución.
No obstante, advertí que podíamos seguir avanzando para llevar a buen puerto este proceso de revocación de mandato con diversas medidas de austeridad y potenciando las fortalezas de nuestra Institución, para lo cual presenté públicamente las siguientes propuestas
- Eliminar el conteo rápido debido a que esta actividad, además de no estar prevista ni en la Constitución ni en la Ley, queda rebasado toda vez que se tiene contemplado que los cómputos distritales comiencen el mismo día de la elección, por lo que se tendrían los resultados de este ejercicio el mismo día del proceso de revocación de mandato. Es una papeleta y sólo dos opciones de respuesta.
- Nuevo mecanismo para instalar casillas, explorando la implementación de centros de votación, por ejemplo, en las instalaciones del propio INE tanto en el ámbito local como en sus 300 juntas distritales ejecutivas, o en centros educativos
- Implementación de nuevas tecnologías utilizando cuando menos mil urnas electrónicas con las que cuenta el Instituto, así como el desarrollo de una aplicación (APP) que permita contar con toda la información de los manuales de capacitación en los teléfonos móviles, lo que generarían ahorros al no imprimir dichos materiales
- Limitar la producción e impresión de documentos electorales tales como actas de escrutinio y cómputo, actas de instalación, actas de incidentes, o inclusive la llamada “sábana” que se publica por fuera de las casillas con los resultados correspondientes
- Eliminar el papel seguridad de las boletas electorales, lo cual no implica quitar las medidas de seguridad en las papeletas y con ello reducir los costos de producción de éstas, o inclusive optar por otro tipo de papel más barato. Incluso transitar al sistema del voto por internet que actualmente ya se utiliza para recibir para diversas elecciones tanto federales como locales, el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero
- Que Talleres Gráficos de México como órgano descentralizado del gobierno mexicano, imprima menos y a más bajos costos o incluso de manera gratuita la impresión de los documentos y materiales para la Revocación de Mandato.
- Bajar el umbral de personas funcionarias de casilla e incluso propuse utilizar la opción referida en el artículo 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato y solicitar más tiempos del Estado para la difusión de este mecanismo y con ello contar con mayores espacios de difusión que no resulten onerosos al Instituto. Por otra parte, propuse analizar otras estrategias de difusión de este ejercicio de participación ciudadana, como la difusión vía SMS de la realización de este ejercicio.
Estas son las principales propuestas que hice en el seno del Consejo General del INE en la búsqueda de diversas alternativas que llevaran a continuar, a menores costos, con este ejercicio de democracia directa, el cual estamos obligados a realizar. Sin embargo, la decisión mayoritaria fue distinta y la respeto, pero no la comparto.
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