VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), JAIME RIVERA VELÁZQUEZ, EN EL PUNTO 12 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022, QUE REFLEJA LA REDUCCIÓN REALIZADA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS
La decisión de la mayoría de la Cámara de Diputados, de disminuir el presupuesto del INE en más de 4 mil 900 millones de pesos, ha provocado una situación inédita, que pone en entredicho el cumplimiento de un mandato de ley.
Ese monto de recorte es mayor a lo que el INE calculó necesario para organizar un proceso de Revocación de Mandato y una Consulta Popular, lo hizo con carácter precautorio.
Descartada ya la segunda, la Consulta Popular, queda la posibilidad de que un conglomerado de ciudadanos que, según el precepto constitucional ha perdido la confianza en el Presidente y, por ello, demandaría su destitución, reúna las firmas necesarias para activar un proceso de Revocación de Mandato.
El INE ha iniciado trabajos preparatorios para ese posible mecanismo de participación ciudadana, inclusive desde antes que el Congreso de la Unión aprobase la Ley Reglamentaria.
Esto no debe olvidarse, porque es una muestra irrefutable de la voluntad del INE de organizar ese proceso si se cumplen los requisitos constitucionales y legales para ponerlo en marcha.
Sin embargo, es un hecho conocido que el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados es insuficiente para que el INE, además de cumplir con sus funciones ordinarias establecidas en la Constitución y la ley, lleve a cabo una actividad adicional como la consulta revocatoria.
De los tres mil 830 millones de pesos necesarios para organizar esa votación nacional conforme a la ley y con las garantías de imparcialidad, certeza y transparencia que debe tener, la Cámara aprobó solamente 813 millones; es decir, casi la quinta parte de lo que se requiere. De entrada, hay un faltante de tres mil 017 millones de pesos.
El INE quiere llevar adelante los trabajos necesarios para una eventual consulta revocatoria, pero hoy no cuenta con los medios necesarios para hacerlo.
El INE ha dispuesto las condiciones y facilidades para la recolección de firmas de quienes demandas revocar el mandato del Presidente y se dispone a revisar su validez con toda objetividad y esmero, pero no puede asegurar el cumplimiento de todas las actividades y condiciones previstas en la ley para esa eventual consulta revocatoria.
No obstante, como una prueba más de su compromiso con los derechos políticos de la ciudadanía, la Comisión Temporal de Presupuesto y la Junta General Ejecutiva han hecho un esfuerzo de ajuste presupuestal sacrificando algunos proyectos y restringiendo gastos para ciertas actividades, a fin de liberar recursos que puedan destinarse al proceso revocatorio.
Así se propone a este Consejo cancelar por este año los proyectos de construcción de dos sedes de Juntas Locales Ejecutivas por un monto de 294.7 millones de pesos. Y disminuir el presupuesto base en 150.7 millones de pesos. Además, se plantea la meta de generar a lo largo del año ahorros y economías por un monto de 227 millones.
Con estos ajustes podría disponerse de una suma de 445 millones de pesos que se reasignarían para fondear la eventual revocación de mandato.
Esta cantidad debe agregarse a los 813 millones que de origen están destinados a los mecanismos de participación ciudadana, dando un total de mil 503 millones de pesos.
Esta es la cantidad de la que el INE, si este Consejo aprueba el ajuste propuesto, podrá disponer para organizar la revocación de mandato, es ésa no otra.
El problema es que esa cantidad es notoriamente insuficiente para llevar a cabo ese proceso. Faltan todavía dos mil 327 millones de pesos, casi el 60 por ciento de lo requerido.
Más de 2 mil millones de pesos no se pueden sacar de ahorritos sobre la marcha, un déficit de esa magnitud no puede cubrirse, ni aun exprimiendo el presupuesto del INE, más allá de lo razonable.
Nadie en su sano juicio pretendería que el INE suspenda la expedición de Credenciales Para Votar y la actualización del Padrón Electoral, nadie puede pretender que el INE incumpla con sus obligaciones de llevar a cabo, el año próximo, las elecciones locales en seis estados de la República.
Y estoy seguro de que tampoco nadie propondría disolver los 332 órganos desconcentrados que cubren todo el territorio nacional, ni cancelar el Servicio Profesional Electoral, porque ésas y muchas otras obligaciones del INE, están expresamente establecidas en la ley.
Tampoco sería razonable querer organizar el proceso revocatorio, sin las garantías de integridad que debe tener una votación nacional democrática, y menos aun cuando lo que se jugaría en esa votación es la posible destitución del Presidente de la República.
Esto es un asunto muy serio que no permite ligerezas ni simulaciones.
La revocación del mandato de un Presidente, debe tener las mismas garantías de certeza e imparcialidad que una elección presidencial.
Por lo demás, la Ley de Revocación de Mandato no da margen para reducciones significativas, ya que ordena expresamente, instalar la misma cantidad de casillas que en las últimas elecciones federales, y todos sabemos que lo más costoso de una elección es, precisamente, la integración de las mesas directivas de casilla y el equipamiento de los recintos de votación.
Reitero, el INE quiere llevar a cabo ese proceso revocatorio, si se reúne el respaldo ciudadano establecido en la ley para activarlo, pero lo hará sí y sólo sí se cuenta con los medios necesarios para organizarlo conforme a la ley y a los procedimientos establecidos para garantizar una votación libre y auténtica.
Si la Revocación de Mandato es un mecanismo para fortalecer el poder de la ciudadanía, tendrá que realizarse conforme a principios democráticos y garantías de imparcialidad y limpieza.
Ése es el compromiso del INE y no nos apartaremos de él.
Gracias.
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