El Consejero Electoral, Uuc-kib Espadas, aclaró que la controversia constitucional que el INE presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el recorte al presupuesto solicitado por el organismo para 2022, precisa que el órgano tiene una serie de obligaciones constitucionales las cuales generan costos, y el presupuesto asignado “hace que sea materialmente imposible la realización de una consulta de revocación de mandato de forma que garantice la integridad a la que la ley obliga”.
