El pasado 5 de noviembre, el consejero presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acudió a la Cámara de Diputadas y Diputados para comparecer ante el pleno con el propósito de explicar la solicitud de recursos financieros para el ejercicio 2022, la cual asciende a poco más de 24 mil 649 millones de pesos. Este monto incluye los recursos financieros que por disposición constitucional deben entregarse a los 7 partidos políticos con registro vigente, así como el presupuesto necesario para la operación ordinaria y el cumplimiento de los proyectos institucionales en apego a las obligaciones constitucionales y legales del Instituto, entre las que se encuentra coadyuvar en la organización de las elecciones locales previstas para 2022 en 6 entidades federativas –Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas renovarán gubernaturas, además Quintana Roo elegirá congreso y Durango sus Ayuntamientos-.
La propuesta de presupuesto del INE también considera la posibilidad de que se realicen ejercicios de democracia directa como la Consulta Popular o la Revocación de Mandato -establecidas en el artículo 35 constitucional-, dicha previsión presupuestal atiende al criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Controversia Constitucional 203/2020, al señalar que el INE debía elaborar de manera precautoria el presupuesto para la realización de la Consulta Popular. Por lo tanto, en un ejercicio responsable de presupuestación se solicitaron 5,743.5 millones de pesos, de los cuales 1,913.1 millones serían para una tentativa Consulta Popular y 3,830.4 millones para una eventual Revocación de Mandato. Desde luego en el Acuerdo por medio del cual se aprobó el anteproyecto de presupuesto del INE para el ejercicio fiscal 2022(1) se justificó, fundamentó y motivó la necesidad de solicitar dichos recursos, aunado a que en las Bases Generales se desglosan todos los proyectos y montos relacionados con estos mecanismos de participación ciudadana, esta información además se encuentra publicada en la página institucional del INE.
No podemos obviar que la planeación y el despliegue logístico que se requiere para el desarrollo de este tipo de ejercicios es equiparable a la organización de un proceso electoral federal, ya que implica que todas las personas que se encuentren registradas en la Lista Nominal de Electores puedan emitir su voto, para lo cual es imperativo capacitar a las personas que fungirán como funcionarias de Mesa Directiva de Casilla (MDC), además de prever la instalación de las MDC, la impresión de papeletas y documentación electoral, así como la operación de los Consejos Locales y Distritales, entre otras tareas. No es una encomienda sencilla dado que cada ejercicio democrático implica múltiples retos técnicos y desafíos operativos, mismos que sólo pueden realizarse si se aseguran los recursos financieros indispensables para su concreción; es decir, la organización de procesos de participación ciudadana debe reunir las mismas cualidades técnicas y operativas necesarias para dotar de certeza a los ejercicios de democracia directa, los cuales, al igual que una elección, también redundan en la estabilidad política y democrática del país.
El INE debe estar en posibilidades de organizarlos sin mermar otros derechos políticos de la ciudadanía mexicana, ni limitar el óptimo desempeño, autonomía e independencia institucional, por lo que se solicitó en tiempo y forma el presupuesto necesario para tal efecto. Incluso, el INE ya está realizando diversas actividades tendentes a la organización de la Revocación de Mandato, por ejemplo: la aprobación del Plan Integral y Calendario que es el documento en el que se encuentran calendarizadas todas las actividades relacionadas con este ejercicio; la creación de un micrositio en el que se encuentra toda la información de este mecanismo; y el desahogo de la primera etapa del procedimiento para solicitar la organización de la Revocación de Mandato, consistente en la presentación de los avisos de intención. De este modo, entre el 1 y el 15 de octubre de 2021 se recibieron 24,029 avisos de los cuales 22,420 se dictaminaron como procedentes, por lo que ahora nos encontramos en la fase de recolección de firmas de apoyo por parte de la ciudadanía, misma que inició el 1 de noviembre y concluirá el próximo 25 de diciembre.
Todo lo anterior para estar en posibilidades de que, en caso de que las y los promotores logren recabar el número de apoyos necesarios, expidamos la convocatoria correspondiente para la celebración de la jornada de votación el próximo 10 de abril de 2022.
Resulta claro que el INE tiene toda la voluntad institucional de llevar a cabo la Revocación de Mandato, en caso de cumplirse con los requisitos para su procedencia, es por eso que, con miras a que existan todas las condiciones que garanticen su realización requerimos los recursos financieros necesarios para ello, pero no sólo eso, sino que en un ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía ha transparentado a detalle cómo, por qué y para qué se utilizarían dichos recursos, no sólo al aprobar el proyecto de presupuesto para 2022, sino también al comparecer el Presidente del INE ante Cámara de Diputadas y Diputados y responder todos los cuestionamientos que se hicieron al respecto, pues estamos conscientes de que sin transparencia ni rendición de cuentas tampoco es factible garantizar entornos democráticos sólidos y perdurables.
No obstante, pese a que se proporcionó a la Cámara de Diputadas y Diputados toda la información que justifica la necesidad de los recursos, se determinó reducir el presupuesto solicitado por el INE para el siguiente ejercicio fiscal, por lo que deberemos instrumentar una estrategia jurídica institucional con el propósito de tener los recursos que nos permitan garantizar que la ciudadanía ejerza sus derechos político-electorales en plenitud.
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