VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO 1 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, POR EL QUE EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL EXPEDIENTE SUP-RAP-415/2021 Y SUS ACUMULADOS SE MODIFICAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO Y SU ANEXO TÉCNICO
Muchas gracias, señor Secretario.
Permítanme intervenir, colegas, integrantes del Consejo, muy buenas tardes de nueva cuenta a todas y todos ustedes.
El día de hoy, se somete a consideración de este Órgano Superior de Dirección un proyecto de acuerdo que modifica nuevamente los lineamientos emitidos por este Consejo General el 27 de agosto para la organización de la revocación de mandato, los cuales ya habían sido modificados el pasado 30 de septiembre para armonizarlos con la Ley Federal en la materia promulgada a mediados del mismo mes.
El proyecto a discusión acata en sus términos lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en cuanto al uso de formatos de papel para recabar los apoyos ciudadanos para la convocatoria y realización de este inédito ejercicio de democracia participativa.
Esto, con una consecuente lógica e impacto en el calendario y cronograma que las diversas áreas del Instituto Nacional ya habían diseñado y emitido, para garantizar que este ejercicio se lleve a cabo en condiciones plenas de legalidad y certeza.
Ello también ocurre en acatamiento expreso de lo resuelto por el Tribunal Electoral.
La revisión de miles y probablemente millones de formatos en papel obliga al INE a dedicar más tiempo para verificar y validar los más de 2.7 millones de apoyo ciudadanos que se requieren para que este ejercicio pueda ser convocado en los términos constitucionales con el consecuente aplazamiento en la emisión, tanto de la convocatoria como de la realización de la jornada de votación dos semanas esta última después, de lo previsto originalmente.
Es decir, ésta pasa del domingo 27 de marzo como originalmente se había previsto, al domingo 10 de abril de 2022.
La aprobación de este proyecto de acuerdo es de gran relevancia, pues viene a confirmar una vez más la convicción y el compromiso democrático del INE con la ciudadanía para el buen desarrollo de los procesos electorales y de todos los procesos de participación ciudadana previstos en la Constitución y en las leyes.
No es el INE quien boicotea u obstaculiza los ejercicios de democracia participativa recientemente incorporados en nuestra Constitución. Miente en ese sentido flagrantemente quien diga lo contrario.
El INE ha cumplido cabalmente contemplando en sus planes y presupuestos tanto la posibilidad de una consulta popular que, por cierto, podría ser convocada antes del 30 de noviembre como el proceso de revocación de mandato que desde el pasado 1° de noviembre es promovido por más de 22 mil ciudadanas y ciudadanos registrados para tal efecto ante el INE.
En semanas recientes, tanto el Consejo General como la Junta General Ejecutiva, han aprobado sendos acuerdos para iniciar los preparativos de la revocación de mandato, aun cuando en estos momentos no hay todavía certeza jurídica de su realización porque aún no se tienen las firmas para tal efecto requiere la Constitución.
Y que han implicado esos acuerdos, por cierto, la erogación de más de 117 millones de pesos que han comenzado a ejercerse.
Si el INE fuera cierto como algunos detractores señalan boicotear este ejercicio, que alguien me explique cómo es que estamos haciendo todo lo necesario para que el mismo se lleve a cabo.
En el mismo sentido, este Consejo General aprobó en agosto pasado un anteproyecto de presupuesto del INE para el ejercicio fiscal 2022, con una partida precautoria por 5 mil 743 millones de pesos, de los cuales mil 913 corresponden a una posible Consulta Popular; y 3 mil 830 millones, para la eventual Revocación de Mandato en caso de que así lo decida el tres por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal en estricto acatamiento y siguiendo las indicaciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos mandató.
Estos recursos, hay que enfatizarlo una y otra vez, porque parece tampoco haber claridad en el punto, serían reintegrados a la Tesorería de la Federación de manera íntegra e inmediata en caso de que dichos ejercicios no cumplieran con los extremos para ser convocados.
Lo hemos dicho y hoy lo reiteramos, llevar a cabo una revocación de mandato es un ejercicio de tal magnitud y seriedad, cuyas consecuencias podrían ser muy graves en términos institucionales, que requiere organizarse con absoluta legalidad y certeza.
Es un proceso equiparable a organizar una elección federal de principio a fin, y por ello los requerimientos presupuestales son altos.
A diferencia de la Consulta Popular del 1° de agosto pasado, en la que se contó con la inercia del proceso electoral federal para la realización de muchas de las actividades que la hicieron posible, esta vez el INE partiría de cero. Se requiere, de entrada, insacular, visitar y capacitar a millones de ciudadanos que fungirían como funcionarias y funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, por mencionar solamente una de las múltiples actividades que entonces pudieron no realizarse en la consulta pasada y que ahora son indispensables, entre otras cosas, porque así lo mandata la ley que hace apenas unas semanas aprobó el Congreso de la Unión, ello solo por mencionar, repito, alguna de las actividades que deberían llevarse a cabo con absoluta pulcritud.
Es falso, falso, insisto, que sea el INE quien pretende bloquear el Proceso de Revocación de Mandato, todo lo contrario, la solicitud de recursos suficientes para organizarlos de manera profesional y seria dan cuenta del compromiso de esta institución con sus obligaciones constitucionales y con la ciudadanía, pero su llegada a buen puerto, el de este ejercicio, requiere de la corresponsabilidad de varios actores y órganos del estado para generar las condiciones necesarias para su viabilidad.
Así lo planteé el viernes pasado en el pleno de la Cámara de Diputados, cuando gracias a una oportunidad histórica de diálogo institucional, derivada de la gentil invitación que se me hizo, pude explicar a detalle los requerimientos financieros del Instituto para llevar a cabo este proceso y responder a todas las dudas que me fueron planteadas por legisladoras y legisladores de todas las fuerzas políticas.
Ese día lo advertimos desde la máxima tribuna de la nació y hoy lo reitero con toda claridad y firmeza, un recorte desmedido a la solicitud presupuestal hecha por el INE, a la Cámara de Diputados, pone en riesgo la organización de la Revocación de Mandato, un ejercicio inédito de participación ciudadana que el INE solo podrá convocar y organizar si cuenta con los recursos necesarios.
En este sentido, es muy preocupante que ayer en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, se haya aprobado un dictamen que recorta 4 mil 913 millones de pesos, casi 5 mil millones de pesos al proyecto de recursos que el INE presentó en tiempo y forma, sin considerar los datos y los argumentos técnicos que el Instituto ha venido exponiendo para justificar su solicitud presupuestal, sobre todo porque buena parte del presupuesto que eventualmente se autoriza al INE, es un presupuesto irreductible, que no se puede tocar, que está fijado en la Constitución y que corresponde a más de 5 mil 800 millones de pesos que le tocan como prerrogativas a los partidos políticos.
En el INE estaremos atentos a las discusiones y decisiones que finalmente se aprueben en el pleno de la Cámara de Diputados, único órgano del estado mexicano facultado y responsable de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Estoy seguro, quiero estarlo, por convicción democrática y responsabilidad institucional, que las y los legisladores serán congruentes con su compromiso democrático, con su compromiso con la ciudadanía, porque aquí estamos hablando de derechos de la ciudadanía, derechos constitucionales establecidos en el artículo 35 constitucional.
Ese compromiso es indispensable y lo digo sin titubeos, con firmeza y claridad, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y participar en los ejercicios de democracia directa que justamente, producto del consenso político, han sido previstos y establecidos en la Constitución.
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