La revocación de mandato es una figura que podrá aplicarse, por primera vez en la historia, en 2022. Implica, como su nombre lo dice, que el gobernante sometido a tal ejercicio pueda no concluir su periodo. Así, el año próximo, México podría ver interrumpido el mandato del Presidente, cosa que no ocurre desde que en 1932 Pascual Ortiz Rubio no concluyó su encargo. Una situación inédita en 90 años que abriría riesgos de inestabilidad política y económica. Por eso, con la revocación de mandato no puede jugarse ni improvisarse. Es una suerte de “deselección” presidencial que debe de contar con todos los elementos de certeza de una elección del Ejecutivo federal: padrón confiable, casillas instaladas por ciudadanos sorteados y capacitados, boletas y actas infalsificables, mamparas para emitir el voto en secrecía, representantes de partidos atestiguando la votación, observadores, cómputos distritales transparentes, entre otros ingredientes de confianza.
Al Instituto Nacional Electoral le corresponden las tareas de organización de la revocación de mandato e, incluso, la revisión de las firmas para declarar la procedencia del ejercicio. En las semanas que corren, distintos ciudadanos están recabando las firmas para aplicar la revocación de mandato al presidente López Obrador “por pérdida de confianza”, tal como señala el tercer transitorio de la reforma constitucional. Deben reunirse, al menos, el 3% de firmas de quienes componen el listado nominal, esto es, se requieren 2,758,227 solicitantes de la revocación y, además, deben representar, al menos, el 3% del listado de 17 entidades federativas.
Supóngase que se reúnen las firmas, ¿qué sigue? Que el INE emita la convocatoria y que salga a hacer el trabajo de campo que realiza siempre que hay elecciones federales. Ello implica visitar en su domicilio al 13% del padrón electoral (unos 12 millones de personas) para invitarles a formar parte de las mesas directivas de casillas. En seguida hay que capacitar a los ciudadanos que integrarán las casillas de votación. También hay que producir urnas, mamparas, marcadores, líquido indeleble para que nadie vote dos veces, imprimir ocho veces el listado nominal de 91.4 millones de personas (un juego para los funcionarios de casilla y uno por cada partido), así como producir la documentación (boletas y actas) indispensable para que el voto sea emitido en libertad, secrecía y seguridad.
También es preciso instalar los 32 consejos locales y los 300 consejos distritales del INE en el país, desde los que se decide en qué lugar de cada distrito se instalará cada casilla y quiénes serán sus funcionarios (un presidente, un secretario, un escrutador y dos suplentes generales). Como se prevén 161.4 mil casillas, en total se requerirán 807 mil ciudadanos a cargo de instalarlas, recibir a sus vecinos, contar los votos y llenar las actas de resultados. Llamar a votar a 91.4 millones de ciudadanos, instalar casillas confiables a lo largo y ancho del territorio nacional requiere, necesariamente, invertir recursos. El INE solicitó 3,830 millones de pesos para ese ejercicio. Es un presupuesto “precautorio”, es decir, si no hay revocación, esa cifra se devolverá de inmediato a la Tesorería de la Federación.
Del monto solicitado para la revocación de mandato, 1,812 millones son para integrar las mesas directivas de casillas (lo que se conoce como la capacitación electoral); 1,213 millones para instalar físicamente las casillas, trasladar los paquetes a las juntas distritales y realizar los cómputos (organización electoral), y 222.1 millones para producir materiales y documentación electoral. Estos tres rubros suman el 85% del costo total. El resto son gastos, como rentar 300 plantas de energía eléctrica para evitar que se interrumpa el cómputo o la transmisión de resultados por un corte de luz, la actualización y desarrollo de los sistemas informáticos propios de este ejercicio inédito, entre otros.
Como se ve, es la dimensión del país y la necesidad de dar certeza de un voto libre, emitido por ciudadanos bien identificados con su credencial de elector, lo que explica los costos. Así que, si se toma en serio la revocación, hay que realizar la inversión correspondiente. Un recorte presupuestal irresponsable podría comprometer la adecuada realización de este ejercicio ciudadano. La responsabilidad está hoy en la H. Cámara de Diputados.
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