La Consejera Electoral, Carla Humphrey, explicó que el Congreso de la Unión debía expedir la ley para la revocación de mandato y, al no existir, el Instituto aprobó los lineamientos para tener la pauta para organizar y poder presupuestar el ejercicio de revocación.
En ese sentido, la ley fue objeto de una acción de inconstitucionalidad por parte de tres partidos políticos, misma que fue admitida por la Corte; así como también los lineamientos, éstos por un partido político.
