VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO 2 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, POR EL QUE SE REALIZA LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LOS RESULTADOS FINALES DE CÓMPUTO NACIONAL DE LA CONSULTA POPULAR 2021
2021 probablemente pasará a la historia como el año en el que la democracia mexicana enfrentó los mayores desafíos de los que se tenga memoria en 30 años de experiencia democrática.
Este año, codo a codo con la ciudadanía, el INE organizó el proceso electoral más grande y complejo de nuestra historia con el voto libre de más de 49 millones de electores, casi 20 mil 500 cargos fueron elegidos en las urnas el pasado 6 de junio.
Ni la pandemia ni la polarización que dominó la conversación pública, ni la violencia, ni los sistemáticos ataques y descalificaciones a las autoridades electorales, impidieron que como lo marca la Constitución, los poderes públicos se renovaran en elecciones libres, auténticas e imparciales.
Y tan solo 55 días después de esa gran fiesta democrática, llegó el siguiente desafío, la primera, la realización de la Primera Consulta Popular para que en todo el territorio nacional la totalidad de las personas inscritas en la Lista Nominal pudieran opinar sobre un tema que las instancias convocantes consideraron de trascendencia nacional.
Así, la Consulta Popular del paso 1º de agosto se organizó en torno a una pregunta reformulada y avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y representó la primera ocasión en que la ciudadanía pudo ejercer su derecho a participar en una experiencia nacional, de democracia directa, en la historia moderna de nuestro país.
El proyecto que está a nuestra consideración da cuenta de los resultados finales del cómputo nacional de dicha consulta y refleja el trabajo de preparación y logística que llevó a cabo el Instituto Nacional Electoral, para garantizar en las condiciones de tiempo y presupuestales que se tuvieron, el derecho de cada elector de opinar libremente en la consulta.
Entre los datos relevantes incluidos en el proyecto de acuerdo que nos ocupa, nos ayudan, varios de ellos nos ayudan a dimensionar el trabajo realizado por el INE en la Consulta Popular del 1º de agosto pasado y acreditan, una vez más, el profesionalismo y el compromiso de esta autoridad electoral con los mecanismos democráticos reconocidos en la Constitución.
Permítanme señalar algunos de ellos, a riesgo de ser repetitivo a lo ya mencionado por el Secretario Ejecutivo.
De las 57 mil 77 mesas receptoras de la Consulta Popular aprobadas, se instalaron 57 mil 70, el 99.99 del total, y únicamente siete mesas no fueron instaladas.
Participaron 144 mil 522 personas que fueron debidamente capacitadas para fungir como funcionarias y funcionarios de las mesas receptoras, el 84.41 por ciento del total requerido y únicamente el 10.58 por ciento de los integrantes de dichas mesas fueron tomados de la fila.
Se acreditaron 40 mil 146 observadores electorales y a 23 visitantes extranjeros y se reportó la presencia de 30 mil 463 de tales observadores el día de este ejercicio.
Hubo recuento en 296 distritos electorales, recuentos de la votación.
Adicionalmente, con la finalidad de robustecer la certeza de la consulta y evitar especulaciones, el INE realizó un Conteo Rápido que posibilitó que la misma noche del ejercicio se pudieran conocer estimaciones, tanto del porcentaje de la participación ciudadana como del sentido de las opiniones emitidas.
Y aunque la participación ciudadana fue del 7.11 por ciento, los más de 6.6 millones de personas que emitieron su opinión, representan el mayor número de ciudadanas y ciudadanos que han opinado en una Consulta Popular en toda nuestra historia, incluidas las consultas realizadas al margen de las disposiciones legislativas y las que se han efectuado también a nivel local.
Finalmente, y como se refleja en el proyecto de acuerdo, la distribución de las opiniones, como ya se mencionó, fue la siguiente:
De los 6.6 millones de opiniones emitidas, el 97.72 por ciento optaron por el sí y únicamente el 1.54 optó por el no.
Cabe mencionar que, como ocurrió en los comicios del 6 de junio, en cada mesa receptora de la Consulta Popular, se aplicaron de manera estricta y puntual protocolos y medidas sanitarias para cuidar, tanto a los funcionarios de mesa receptora como a las personas votantes y, una vez más, se confirmó que el ejercicio de los derechos políticos, no entran ni ponen en entredicho el derecho de todas y todos los mexicanos a la salud.
En el mismo sentido, es importante subrayar que conforme a las disposiciones establecidas en la ley lo señalan, en todas las etapas de la Consulta Popular se cumplieron con las medidas de difusión y con apego a los plazos legales para garantizar la certeza jurídica de la Consulta Popular, y vale la pena señalar que los 15 días de difusión de este ejercicio, no fueron definidos por este Instituto, sino por las Cámaras del Congreso de la Unión al realizar la convocatoria respectiva.
En síntesis, el Instituto Nacional Electoral cumplió con todas y cada una de las actividades mandatadas por la ley para organizar una Consulta Popular de alcance nacional y, con ello, garantizó el derecho a opinar de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal en ese ejercicio de democracia directa.
De igual forma, como se puede apreciar en el proyecto de acuerdo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también cumplió su parte en este ejercicio nacional de democracia directa y resolvió, como ya fue señalado, conforme a derecho todos los recursos y medios que recibió.
En pocas palabras, la Consulta Popular y la pregunta que se sometió a consideración de la sociedad mexicana el pasado primero de agosto, contaron con todas las bases legales necesarias conforme a nuestro marco constitucional.
Fue propuesta por el titular del Poder Ejecutivo Federal la pregunta, una vez que fue modificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue juzgada constitucionalmente válida, la consulta fue convocada como lo disponen las leyes por el Congreso de la Unión y se realizó puntualmente por esta institución, como lo establece el artículo 35 de nuestra Carta Magna.
Es por lo anterior, que el proyecto de acuerdo que está a nuestra consideración implica o propone declarar válida la Consulta Popular realizada el pasado 1° de agosto y se instruye al Secretario Ejecutivo para que remita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el acta de resultados finales del cómputo nacional de esta consulta, como lo determina la legislación en la materia.
A todas las personas e instituciones que contribuyeron para que en tan poco tiempo el primer ejercicio de democracia directa en la historia de nuestra democracia, se llevara a cabo con certeza y legalidad, a nombre de las consejeras y consejeros electorales les reitero nuestro sincero y profundo agradecimiento, en particular aquellos centenares de miles de ciudadanas y ciudadanos que habiendo sido seleccionados, capacitados y que cumplieron con la tarea cívica de recibir y contar los votos emitidos el 6 de junio pasado, aceptaran, de nueva cuenta, y permitieran en esa alianza indisoluble que caracteriza nuestro sistema electoral entre ciudadanía y sus órganos electorales que la consulta pudiera llegar a buen puerto.
Gracias a todas y todos ellos.
Me importa destacar que el INE no escapa ni escatimará su capacidad técnica y profesional en la organización de cualquier mecanismo de participación que contribuya a fortalecer la vida democrática, como eventualmente podrían ser los de Revocación de Mandato y de Consulta Popular, si así lo decide la ciudadanía y las instancias señaladas en la Constitución el próximo año.
Estoy convencido que las consultas populares llegaron para quedarse y que a quienes luchamos por la democracia nos debe importar que los mecanismos de democrática directa se consoliden incorporando en ellos temas que se han deber de la trascendencia para la nación.
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