VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA CONFERENCIA MAGISTRAL “LA AUTORIDAD ELECTORAL EN AMÉRICA LATINA BAJO ASEDIO”, QUE OFRECIÓ EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), EDMUNDO JACOBO MOLINA, EN EL MARCO DEL XXXII CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ELECTORALES: COALICIONES ELECTORALES EN AMÉRICA LATINA
Muchas gracias, Carolina, qué gusto.
Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes.
Agradezco muchísimo la invitación una vez más de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales para estar en este espacio, muy útil para mí, ya que me obliga por un lado a abrirme un espacio para sistematizar la experiencia desde el quehacer electoral cosa que luego de esta reforma del 2014 nos trae de elección tras elección, año tras año, mes tras mes, pero tenemos que abrir un espacio para hacer esa reflexión.
Y, además de la gran oportunidad de exponer, en el más amplio sentido de la palabra a especialistas en la materia electoral y escuchar sus comentarios, sus críticas, sus contribuciones, siempre es de gran utilidad para evitar la ceguera de taller de quienes estamos con los procesos directamente de organización de elecciones.
Y permítanme una digresión en esta conversación del día de hoy, ya que, si bien la temática general del Congreso son las Coaliciones en América Latina, permítame hablar ahora de aquellas autoridades que nos encargamos de registrar los coaliciones y exponerles y compartirles mis preocupaciones, mis puntos de vista de qué está pasando con las autoridades electorales en el Continente.
Voy a referir no solamente a América Latina y en qué condiciones estamos trabajando para hacer posible los procesos electorales y, también, dentro de ellos, el mismo registro de las opciones políticas, las tradicionales de los partidos políticos ahora también las innovadoras de candidaturas independientes, por lo menos en el contexto nacional y las coaliciones que se han vuelto un referente fundamental en los últimos procesos electorales para hacer frentes de opciones políticas frente a la ciudadanía.
Si ustedes me permiten salirme un poco del guion escrito del Congreso, para compartirles estas preocupaciones y voy a recurrir a la tradición de la vida académica en la cual tantas décadas estuve involucrado y leerles el texto que preparé especialmente para esta ocasión.
La idea misma de la democracia, es decir de fundamentar la legitimación del aparato y los procedimientos estatales de tomas de decisiones en la voluntad misma de aquellos a quienes irán dirigidos los actos de autoridad es tan atractiva, que logró desplazar todas aquellas formas de organización política que hasta entonces habían predominado en la historia de la humanidad, las cuales ordinariamente apelaban a razones trascendentales para justificar el dominio de una persona sobre otras.
En efecto, el ideal democrático es muy poderoso. El secreto radica, en mi opinión, en lo que ofrece: la posibilidad de autodeterminación política de las personas integrantes de una colectividad, que es tanto como decir que uno puede encontrarse
replicado en las determinaciones públicas relevantes, aun cuando no necesariamente se coincide en lo personal con ellas.
Y es que este es un aspecto al cual no se le suele conceder la atención suficiente, una de las principales virtudes de la democracia es el procedimiento deliberativo para la adopción de las decisiones públicas relevantes que exige, ante todo, escuchar y tratar de entender la postura ajena, lo cual a su vez exige el reconocimiento de la dignidad del otro y por ende de la tolerancia, hacia el que es diferente.
Si está premisa nos la tomamos en serio, entonces se generan las bases para que el resultado de la discusión pública y aquella generada en el ámbito de las instituciones representativas, recoja de una u otra forma los intereses e inquietudes de todas las fuerzas políticas con representación.
Desde luego, las condiciones necesarias para que el ideal democrático funcione con un mínimo de calidad son múltiples y, además, de carácter igualmente diverso. Las hay organizaciones, procedimentales, sociales, económicas y, principalmente, culturales y educativas.
No me es posible si quiera tratar de abordar todas en este espacio, me quiero limitar por el contrario a un aspecto de particular relevancia sin el cual difícilmente puede aspirarse a una contienda propicia para ofrecer las garantías suficientes de libertad en la emisión del sufragio y de que los votos emitidos sean efectivamente contabilizados con transparencia.
Tanto un aspecto como el otro son protagonistas de lo que se conoce como el proceso electoral, esto es, ese conjunto articulado de procedimientos, que si bien cada uno de ellos tiene un propósito propio que condiciona sus propias exigencias de organización sólo cobran realmente sentido cuando se conjuntan entre sí para la trascendental tarea de traducir votos en cargos públicos representativos.
Para que un proceso electoral cumpla con este propósito, conforme a los estándares que son exigibles en las democracias occidentales en la actualidad, requiere de reglas precisas y claras, de tal suerte que todos los aspirantes, incluidos por supuesto la ciudadanía, sepan de ante mano cómo se desarrollará.
Ahora bien, esas reglas exigen ser explicadas de una manera objetiva a cargo de las autoridades competentes.
El diseño institucional de la autoridad electoral adquiere consecuentemente, como ustedes saben muy bien, una importancia capital, porque si bien en este punto son muy relevantes las condiciones políticas de cada nación, así como sus antecedentes próximos y remotos, lo que debe garantizarse es la autonomía e independencia de las instancias públicas que tienen a su cargo los procesos electivos.
Dado que los comicios democráticos no son otra cosa que una contienda civilizada por la obtención del poder público es evidente que la participación en la organización de la elección por parte de quienes buscan obtenerlo o mantenerlo es difícilmente compatible.
Pese a que esto puede parecernos hoy en día una obviedad, ello no siempre ha sido así. La existencia de autoridades electorales autónomas e independientes se trata de una característica más bien reciente, especialmente en el entorno latinoamericano.
Como lo ha referido Ferrajoli, se solía atribuir la potestad del control de la regularidad electiva a las mayorías parlamentarias colocando a estas mismas en un ulterior y evidente conflicto de intereses, esta situación dio, durante mucho tiempo, lugar a todo tipo de violaciones por parte de quienes ostentaban el poder o gozaban de la mayoría política.
En el mundo existe diversos modelos organizacionales de la autoridad electoral, e incluso, dentro de cada modelo es posible encontrar variables que normalmente atienden a la idiosincrasia del país de que se trata.
No es posible aquí y ahora entrar al detalle de esta cuestión, me limitaré a indicar dos de ellos en la medida en que guardan relación con los casos nacionales a los que me referiré más adelante.
En América, los primeros modelos de organización electoral enclavaron la responsabilidad respectiva dentro del propio ámbito gubernamental, esto es, la propia administración pública asumía las tareas de confección de los listados con las personas habilitadas para emitir el voto que no tendrían inicialmente la característica de universal, organizado en la Jornada Electoral y la celebración de los cómputos.
Así por ejemplo durante el Siglo XIX y la primera mitad del XX, nuestro país, la organización de las elecciones correspondió a las autoridades administrativas federales, estatales y municipales e incluso para la definición de las instancias representativas de carácter nacional.
En la actualidad, en Estados Unidos de América se conserva este esquema, empero, con el paso de los años en América Latina habría de cambiar notablemente el panorama.
Efectivamente, en nuestro entorno, debido a las condiciones políticas y sociales del último siglo, destaca una tendencia fácilmente advertible en el hemisferio, lo cual parece explicarse por la precariedad en el funcionamiento efectivo de los sistemas de contrapesos, que caracterizó a las naciones de la región durante el primer centenario, posterior a su nacimiento.
El actual modelo de organización electoral que predomina en América Latina obedece a una lógica de que ésta debe ser encomienda de un órgano autónomo.
Por razones que conocemos y que han marcado la larga y a veces dolorosa historia de la democracia en nuestra región, se dejan fuera de modelo a los actores gubernamentales.
Es decir, se ha partido del supuesto de que la intervención del poder Ejecutivo significaría un riesgo a la equidad de la contienda electoral para armonizar y mantener un balance entre los poderes del Estado, la sociedad, las fuerzas políticas y demás actores se han diseñado modelos en los que se cuenta con una autoridad electoral autónoma e independiente.
Como hemos advertido en las últimas ocasiones en que me han invitado a los Congresos de la SOMEE, la democracia como forma de gobierno, ha experimentado un paulatino proceso de erosión en las últimas décadas.
Las expresiones de insatisfacción de la población con el funcionamiento de sus gobiernos y de manera especial con el papel de los partidos políticos como principales agentes del modelo democrático se han generalizado en el mundo en las últimas décadas.
Los factores y elementos que han influido en el debilitamiento y desgaste de la democracia son variados y gran parte dependen de las regiones y contextos específicos. No obstante, encontramos algunos puntos de encuentro entre ellos.
La democracia está en crisis, en parte, por la deuda de justicia social y económica de los gobiernos hacia sus gobernados. La sensación de insatisfacción y carencias de distinto tipo pasan factura a los gobiernos en turno y se acrecienta en la medida en que la sucesión de los mismos, emanados de la democracia procedimental, no termina de solucionar los problemas más próximos para la ciudadanía.
La democracia misma es puesta en tela de juicio como una forma adecuada para la selección de gobernantes que le den solución a los problemas. Esta situación presenta igualmente una paradoja. Como se ha de acudir a las urnas de forma periódica, los representantes populares electos son renuentes a adoptar aquellas medidas que siendo necesarias para tratar de atender las necesidades sociales presentes o futuras, pueden representar un costo electoral al momento del ejercicio del voto.
Ello no hace sino perpetuar la sensación de inacción o la consecuente desafección democrática.
Todo este conjunto de situaciones genera un caldo de cultivo propicio para el resentimiento y los prejuicios, lo que ha dado pie en varias regiones del globo al surgimiento de todo tipo de populismos que amenazan los derechos de las minorías, pero también la viabilidad de la democracia y, con ello, a la idea misma del Estado de Derecho.
Un buen ejemplo lo encontramos en el Informe Latinobarómetro 2021, dado a conocer a penas la semana pasada; en él se da cuenta, que, ante el reactivo, “No me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder, quien resuelve los problemas”, quienes responden muy de acuerdo y acuerdo, aumentaron del 44 por ciento en 2002, al 51 por ciento en 2020. De hecho, del 2018 al año pasado, aumentó tres puntos porcentuales esta percepción.
De tal suerte que en el informe se interpreta que la ausencia de solución a los problemas tiene a la mitad de la población dispuesta a aceptar condiciones no democráticas para solucionarlas.
De hecho, en el informe –y cito- se señala lo siguiente: “tal es el caso de El Salvador y su Presidente Bukele, democráticamente elegido en primera vuelta con un partido nuevo, es un candidato perfecto para una democracia populista con un 63 por ciento de los salvadoreños a favor de una solución no democrática, pero no por una militar, en donde la respuesta a esa pregunta solamente es avalada por el 34 por ciento.
La diferencia es sustantiva entre el rechazo al militarismo y la blandura frente a las transgresiones a la democracia” –cierro la cita-.
En el mismo sentido, la encuesta realizada este año por Ipsos en 25 países sobre el sentimiento de Sistema Roto, en este año muestra que el 56 por ciento de la ciudadanía entrevistada está convencida de que la sociedad en su país está rota.
Según la información del propio Ipsos, el índice de Sistema Roto está altamente correlacionado con los índices de corrupción y de progreso social según la Organización Transparencia Internacional.
Como reflejo de este sentimiento, por ejemplo, el 68 por ciento piensa que los partidos y políticos no se interesan por la población. Está documentado, pues, a través de varios estudios, la asociación existente entre la pérdida de calidad democrática y las dificultades para cumplir las expectativas de la ciudadanía, exigen un desempeño democrático, social y económico de alto nivel y equitativo. El debilitamiento de los ideales democráticos conduce a su transgresión con la puesta en peligro del sistema como tal.
Así, por acudir a situaciones que nos pueden parecer comunes hoy en día, los controles jurídicos y políticos connaturales de todo estado de derecho, se califican como obstáculos para el pleno despliegue del poder del pueblo, y se plantea en los hechos, aunque se disfrace en los discursos, hacer prevalecer el poder sobre el control, normalmente calificando el entramado normativo como herencia de las élites a las cuales se atribuye el origen de los males.
Se ensalzan las virtudes en la Unidad de Acción Estatal, normalmente asociadas a la del líder o al caudillo, frente a la típica división de poderes; se busca la prevalencia de un pretendido entendimiento político de la democracia, por sobre su estructuración jurídica; se hace énfasis en los mecanismos publicitarios o de democracia directa sobre la democracia representativa. En fin, la imposición de una determinada visión política sobre el marco legal.
La ausencia de una auténtica convicción y culturas democráticas, como la generada en el contexto que se comenta, provoca casi de forma natural un debilitamiento de las garantías y controles jurídicos y sociales, así como del entorno político en el cual, al que piensa de manera distinta se le califica de enemigo, desapareciendo la vocación deliberativa inherente de un sistema de gobierno que tiene como premisa escuchar a los otros para la definición de las decisiones con incidencia colectiva.
Además, al amparo del propio ideario que se proclama superior, incluso respecto de las reglas dadas por las instancias estatales competentes, se pasa del terreno de los discursos al de los hechos, desplegando conductas incompatibles con los valores de tolerancia y de lealtad institucional, especialmente con las reglas del juego para la consecución del sufragio popular.
Es este esquema el que ha generado que las autoridades electorales sean objeto de ataques, críticas y descalificaciones de quienes aspiran al poder, sin que las opiniones críticas sean acompañadas de evidencia o juicio razonados mínimamente creíbles; es decir, diversos actores interesados en los resultados de la contienda electoral, en un escenario de incertidumbre respecto de los resultados electorales, que es el escenario ordinario en un democracia, tienden a descalificar al árbitro incluso previamente, al inicio del proceso.
La estrategia parece estar encaminada a sembrar una semilla de duda en toda la contienda electoral, para contar con insumos para cuestionar la certeza de los resultados, en caso de que éstos sean desfavorables.
Estas acciones crean fisuras en el entramado democrático y son una manifestación de los males de nuestros tiempos, en los que, insisto, vemos con preocupación un descontento creciente respecto de la democracia; descontento que, si bien encuentra razones objetivas en los deficientes desempeños de los gobiernos emanados de procesos democráticos, es alimentado por el discurso maniqueo, reduccionista de los actores políticos.
Como ya sabemos, 2021 es y ha sido un año importante para las elecciones en la región, con comicios en Perú, Ecuador y todavía en lo que resta del año celebrará elecciones Chile, Honduras y Nicaragua y, probablemente Haití.
Nos encontramos todavía con la incertidumbre y el reto que representa la pandemia por el COVID, éste ha exacerbado las desigualdades sociales existentes y ha incrementado las tensiones por el acceso a la salud, entre otros. En pocas palabras, nos encontramos ante un contexto único.
Dentro de este marco, en lo que sigue esbozaré brevemente cómo en estos procesos electorales se ha tratado de desvirtuar la certeza de las elecciones. Me centraré en los ataques contra la autoridad electoral, no por ser parte interesada que, por cierto, lo soy, sino por el papel simbólico y material que juegan en los procesos electorales desde la convocatoria, la organización y emisión de los resultados y la consecuencia que todo ello tiene en la legitimidad de los gobiernos y representaciones que resultan de ellos, dado el modelo adoptado en América Latina, como lo he mencionado antes.
Pasaré a algunos casos concretos. ¿Qué ha sucedido recientemente? Para sentar una buena base de discusión debemos recordar lo que pasó a finales del año pasado en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La historia es ya bastante conocida, quien ostentaba el poder incurrió en una serie de declaraciones realizadas incluso con meses de anticipación que fueron sembrando las bases para poner en duda la certeza del ejercicio comicial.
Todo esto sabiendo que las encuestas no le favorecían, debido a los posibles riesgos sanitarios de votar en persona el día de la elección, en el país vecino cobró notoriedad el formato de votación anticipada por correo.
Sin embargo, recordemos que el servicio postal estadounidense está en crisis y el gobierno emprendió una serie de acciones exacerbadas por los efectos de la pandemia para desmantelarlo, a la par, no sólo cuestionó su eficiencia, sino que inició una campaña para desacreditar el formato del voto por correo.
Posteriormente a la elección, el entonces Presidente Trump hizo una serie de señalamientos de fraude, acusando a las autoridades locales encargadas de recibir los votos de la elección Presidencial.
La cuestión no es menor, recordemos que por la vía del voto anticipado por correo votaron más de 100 millones de ciudadanos. Es decir, dos terceras partes de los que participaron en esa elección.
Además, el entonces Presidente Trump llamó al Secretario del estado de Georgia para que encontrara, textual, los suficientes votos para modificar el resultado de las elecciones en aquel estado y lo amenazó con una serie de denuncias penales si no lo hacía.
Incluso fue más allá, presionó a su propio Vicepresidente para que rechazara los resultados del Colegio Electoral, por ser, según él, fraudulentos.
A todo esto, siguió una serie de litigios desacreditando los resultados y como ya sabemos, los litigios afortunadamente no prosperaron.
Sin embargo, sus declaraciones tuvieron tanta fuerza que un grupo tomó el Capitolio y un grupo importante de personas no confían en las autoridades electorales en el país vecino.
Bueno, esto no se debe solamente a esa coyuntura, hay un trayecto previo que lo explica, pero ahí llegamos a un momento crítico de este proceso acrecentado por la propia intervención del Primer Mandatario de aquel país.
De hecho, una encuesta realizada en junio de este año arrojó que casi un tercio de los encuestados en Estados Unidos aún cree que Joe Biden ganó la elección porque hubo fraude.
Menciono este caso, porque sienta un precedente de cómo se puede desvirtuar todo un sistema de organización electoral por más tradición y arraigo que le preceda y es un ejemplo más de una tendencia en todo el mundo de gobernantes con perfiles populistas que logran desacreditar en muchos casos sin fundamento a las instituciones.
No está de más recordar que se trata de una de las democracias más longevas y fuertemente consolidadas con un aparato estatal configurado a partir del principio de la división de poderes.
Estas condiciones junto con una cultura de la legalidad arraigada permitieron que los embates del Presidente Trump no alcanzaran sus objetivos finales, aunque daño sí hizo y derivado de estos y otros antecedentes como el caso de las elecciones en la Florida en aquella elección de Bush han reabierto la discusión norteamericana sobre un cambio en el modelo de organización electoral.
Ahora veamos algunos casos en América Latina.
Perú celebró en abril de este año y en junio se celebró la segunda ronda de las elecciones presidenciales. En esta segunda ronda participó Pedro Castillo que resultó ganador frente a Keiko Fujimori con una diferencia de alrededor de 44 mil votos; una diferencia muy estrecha.
Fujimori insistió en que el partido de su opositor había robado y alterado votos sin presentar evidencia de ello.
Hubo reportes por parte de miembros del Jurado Nacional de Elecciones de que grupos de simpatizantes de algunos contendientes atacaron a este organismo y a su comunidad. Se presentaron acciones de amparo constitucional, acciones penales, ataques en la prensa, y marchas nocturnas y ofensivas a los domicilios de los titulares de los organismos electorales.
Además, un sector del Congreso aprobó la creación de una comisión que apunte a investigar actos de la Junta Nacional Electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil para hallar supuestos delitos contra el orden electoral, fraude y otras presuntas irregularidades.
Incluso, Piero Corvetto, Jefe la Oficina Nacional de Procesos Electorales durante el proceso de segunda vuelta en junio pasado, de 2020, perdón, fue agredido físicamente por un grupo de desconocidos acusaron de ser infiltrado de un partido en la organización electoral e insultado en varias ocasiones.
También, en algunos medios de comunicación y en redes sociales se difundió información falsa sobre supuestas irregularidades en el Padrón Electoral, como que contenían personas ya difuntas, con el fin de evidenciar un supuesto fraude.
Otros medios acusaron a los directivos de la autoridad electoral y del Jurado Nacional de Elecciones, de tener cercanía con figuras políticas, ya sean de izquierda o de derecha, según la conveniencia.
A tal grado llegó la difusión de estas notas falsas que el representante de PNUD en Perú emitió un comunicado condenando estos actos.
Pasando a otro país, Ecuador, el candidato del partido de oposición resultó ganador sobre el candidato de izquierda apoyado por el expresidente Rafael Correa. La diferencia entre las dos fuerzas principales en la elección Presidencial fue alrededor del cinco por ciento. Arau reconoció su derrota.
Previo a la elección hubo algunas denuncias por parte del Presidente del Consejo Nacional Electoral por la circulación de información falsa difundida en torno a las boletas, poniendo en riesgo la transparencia de la elección.
Por otro lado, los dos órganos electorales sufrieron recortes presupuestales por debajo de los montos solicitados para la organización electoral. Durante la primera vuelta, el candidato que obtuvo el tercer lugar realizó severos cuestionamientos y acusaciones de fraude por las denuncias de hechos que podrían constituir delitos electorales.
El Contralor General solicitó al Consejo Nacional Electoral una auditoría del sistema informático; sin embargo, el órgano electoral rechazó la solicitud hasta que no concluyera el proceso.
Por su parte, el fiscal general llevo a cabo una diligencia investigativa para hacer una pericial al sistema informática de escrutinio y cómputo.
Finalmente, la Presidencia del Consejo Nacional Electoral enfrentó una denuncia por supuestos actos irregulares, en primera instancia se declaró su destitución, pero la sentencia fue apelada y revocada por el Tribunal Contencioso Electoral de El Ecuador.
Recordemos que las elecciones del 2019, el Consejo Nacional tuvo un gran desafío para garantizar la transparencia del escrutinio y cómputo del voto debido a la complejidad por la cantidad de candidaturas y organizaciones políticas que participaron en aquella elección, por lo que después el Consejo Nacional enfrentó una serie de cuestionamientos que dañaron su credibilidad y su incidencia cuando estaba en proceso una reforma electoral.
Pasemos ahora sí, que tendrá elecciones a finales del próximo año, precisamente en un año, en octubre del 22. Las encuestas no favorecen a Bolsonaro, por lo que ha emprendido acciones buscando crear un entorno propicio que facilite un discurso orientado a desacreditar desde ya aquellas elecciones.
Por ejemplo, a finales de julio durante uno de los pronunciamientos semanales que realiza en vivo a través de redes sociales, levantó sospechas sobre el sistema de votación electrónica que se utiliza en Brasil desde hace más de dos décadas, al que acusó de fraudulento sin ningún sustento.
El 7 de septiembre pasado, en discursos en Brasilia y Sao Paulo, el Presidente atacó al Supremo Tribunal y advirtió que los brasileños no pueden permitir que se mantenga el sistema electoral actual y que no puede haber elecciones que siembren dudas en los electores, haciendo acusaciones de fraude electoral sin sustento desde este momento.
El Congreso rechazó una propuesta de reforma constitucional impulsada por el Presidente para reformar el sistema electoral con base en esas acusaciones. Derivado de ello, el Fiscal General, Augusto Aras, inició una investigación preliminar contra el Presidente para indagar si hubo irregularidades en sus pronunciamientos.
La decisión responde a dos llamamientos para que se tomaran cartas en el asunto, realizadas por la Magistrada del Supremo Tribunal Federal, tras una denuncia presentada por un grupo de parlamentarios al Alto Tribunal.
El Fiscal señaló que efectuará una investigación preliminar mediante la cual revisará los hechos denunciados y analizará posibles prácticas delictivas que justifiquen la solicitud de una investigación.
Con esas acciones el actual Presidente Bolsonaro está confrontando y poniendo en duda a los otros poderes o al menos socavando los equilibrios y contrapesos necesarios en un sistema democrático, ya que el Tribunal Superior Electoral es un órgano del Poder Judicial en aquel país, conformado por dos juzgadores del Tribunal Superior de Justicia, tres ministros del Supremo Tribunal Federal y dos abogados. Hasta ahí Brasil.
Pasemos ahora a Haití. El pasado 27 de septiembre, el Primer Ministro, Ariel Henry, decidió posponer indefinidamente las elecciones luego de remover de sus cargos a los miembros del órgano electoral de ese país.
Es la cuarta vez que las elecciones son suspendidas en Haití, aumentando la incertidumbre y la inestabilidad política. En 2020 los nueve miembros del Consejo Electoral de aquel país renunciaron en protesta a los intentos del entonces Presidente Moïse, asesinado en julio, por cierto, de reformar la Constitución para fortalecer al Ejecutivo y de debilitar los otros poderes del Estado.
Moïse quería que los cambios se aprobaran a través de un referéndum que le correspondería organizar al Consejo, a pesar de que la Constitución no tiene prevista esa medida para las reformas a dicho texto.
Posteriormente, designó a nueve miembros del Consejo, a pesar de que su designación le correspondía a la Corte Suprema de aquel país.
Para terminar, permítanme algunas breves reflexiones.
Las anteriores son tan sólo unas muestras de los ataques que han sufrido los órganos responsables de las elecciones en algunos países de la región y podríamos enumerar, lamentablemente, muchos otros casos en otras latitudes.
No somos ingenuos, ni cándidos, todo árbitro en cualquier actividad es sometido ex ante a la crítica, a presiones, y a que los contendientes quieran minar su confianza y credibilidad. Es la naturaleza humana dirían los clásicos.
Y también es cierto que el árbitro se gana la confianza en su actuar siendo consistente en sus decisiones independientemente del sujeto, aplicando las reglas tal cual, o bien, se desprestigia al ceder su autoridad y dejarse llevar por una de las partes, de manera tal, que también la autoridad puede contribuir a su propio desprestigio, pero los tiempos que corren la puesta en duda del arbitraje electoral proviene más intensa y sistemáticamente de gobiernos que han resultado de procesos electorales democráticos.
Cuestión que no es novedosa si al menos nos remontamos a la primera mitad del Siglo XX en occidente con las consecuencias por todos conocidos.
Volviendo a nuestro contexto, las críticas y presiones de los gobiernos del hemisferio pueden indicar la necesaria consolidación del modelo democrático de transición electoral, con predominio de órganos ajenos a los poderes políticos tradicionales, para hacer frente a la pretensión de los actores políticos dominantes de imponer su propia e impronta borrando la pluralidad de nuestra sociedad.
Por otro lado, los señalamientos infundados y otro tipo de ataques gratuitos contra los órganos electorales de un modo u otro socaban el ambiente democrático, pues pueden generar la percepción de que las autoridades en la materia no son autónomas ni independientes.
Por supuesto, la erosión en la confianza ciudadana debilita ese entramado organizacional e institucional que tanto ha costado asentar en América Latina.
La ironía es que quienes acceden al poder por esas vías son los que posteriormente las descalifican ante posibles resultados electorales desfavorables. Así, poco a poco van fisurando el ya de por sí frágil aparato institucional para la democracia.
Estas acusaciones tienen resonancia en ciertos sectores de la población que olvidados históricamente por quienes gobiernan ya tienen un descontento generalizado en las esferas gubernamentales.
Es en donde encuentran un asidero este tipo de discursos, en los sectores más olvidados por las élites. Los malos gobiernos y las políticas públicas pensadas al corto plazo con miras a las siguientes elecciones han contribuido a exacerbar las desigualdades, no sólo en nuestra región, sino en todo el mundo. Incluso en países con sistemas económicos más equitativos la población vulnerable crece, por lo que los sentimientos de rompimiento del tejido social y el escepticismo hacia la clase política van en aumento.
Sin duda, todo ello no se resuelve en una elección, y la vida democrática no se reduce a una jornada, pero sin ello no hay democracia, y ello requiere el ejercicio autónomo e imparcial de una autoridad electoral que garantice que las reglas que se han dado a los contenientes se respeten.
Hoy, la democracia está en riesgo, y con ello lo más básico, la posibilidad de dirimir pacíficamente nuestras diferencias y decidir nuestro futuro respetando la riqueza que la diversidad garantiza.
Muchas gracias, y atento a sus comentarios.
Buena tarde.
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