VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA CONFERENCIA MAGISTRAL “EL INE Y SUS DESAFÍO”, QUE OFRECIÓ EL CONSEJERO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, JAIME RIVERA VELÁZQUEZ, EN EL MARCO DE LA XXXII CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS ELECTORALES: COALICIONES ELECTORALES EN AMÉRICA LATINA
Muchas gracias, Nirvana, por estas palabras de presentación.
Muy buenas tardes a todas y a todos.
Es un privilegio y un gusto estar aquí nuevamente con esta reconocida asociación académica que año con año gana prestigio y de la cual tuve el honor de ser uno de los fundadores.
Me han solicitado una intervención relacionada con los desafíos que enfrenta el Instituto Nacional Electoral en el futuro inmediato, y voy a referirme a tres cuestiones principales: La primera, es el desafío que representan para el INE la hostilidad contra el árbitro electoral y el ambiente de polarización de la conversación pública.
La segunda, se trata de la discusión en torno a una posible reforma electoral planteada por actores gubernamentales o ligados al partido del poder, bueno, al partido del Poder Ejecutivo.
Finalmente, una tercera y última sección que habrá de revisar cómo podría llegar el INE a las elecciones del 2024 dependiendo de cómo se desenvuelvan las condiciones mencionadas anteriormente.
Veamos primero la hostilidad y la polarización.
Es preciso decir que se ha construido gradualmente un clima de desconfianza contra la autoridad electoral no es generalizado, pero no puede menospreciarse su efecto erosionador sobre uno de los pilares de toda democracia, que es la confianza ciudadana y de los voceros de la opinión pública.
Ataques de algunos actores que lesionan injustamente la credibilidad del árbitro en perjuicio de todos los partidos, de las autoridades electorales y, sobre todo, de los propios ciudadanos que merecen certidumbre en sus procesos electorales.
Algunas descalificaciones proceden, incluso, del Titular del Poder Ejecutivo en sus conferencias matutinas. Los medios y comentaristas afines al gobierno aportan resonancia dichas descalificaciones y pretenden minar la confianza de los mexicanos en su autoridad electoral.
Si a esto sumamos la polarización de la conversación pública, a la que contribuye continuamente toda la clase política alérgica a los matices y posiciones intermedias o gradualistas, el diálogo y el entendimiento se vuelven todavía más complicados.
No hay que olvidar que el funcionamiento de una democracia requiere de consensos básicos que comprometan a todos los actores políticos relevantes y a fin de propiciar un ambiente de debate público que puede ser intenso y apasionado, pero que debe regirse siempre por el respeto a la pluralidad política, el tratamiento a los adversarios como competidores legítimos y no como enemigos.
Numerosos comentaristas internacionales han documentado el daño que ocasiona a la vida pública y el impulso a discursos de polarización, desde los politólogos Ziblatt y Levitsky, en su ya clásico libro “Cómo mueren las democracias”, hasta mas recientemente la reconocida periodista Anne Applebaum en su libro “Ocaso de la democracia”, y otros autores, todos insisten en los peligros de a intransigencia ideológica, y cómo esta erosiona los cimientos mismos de la democracia liberal.
La necesidad de un centro dialogante donde hay espacio para los encuentros los desencuentros en forma civilizada es un imperativo de las democracias a fin de que estas sean funcionales, en su ausencia, se abre paso a las tentaciones autoritarias e incluso dictatoriales.
En el mundo de habla hispana nuestra experiencia histórica del Siglo XX y también del Siglo XXI expresan elocuentemente este peligro en los ejemplos de sociedades polarizadas como sucedió antes en la Guerra Civil Española, muy lejana, pero que nunca deja de darnos lecciones.
El golpe de Estado en Chile en 1973 y los años de polarización que le precedieron y el desastre de Venezuela por hoy todos conocido.
Así el primer reto de la autoridad electoral en este entorno es contribuir a serenar la discusión y moderar el tono del debate público.
No se trata de silenciar a ninguna opinión de otros actores, sino de emitir información de calidad que resulte convincente y restaure la credibilidad de la propia autoridad, pero, sobre todo, del proceso electoral en su conjunto.
La credibilidad no se construye principalmente con buenos argumentos, hay que decirlo, sino con acciones reconocidas y a eso se dedica precisamente el trabajo del INE.
Tenemos como un ejemplo muy ilustrativo el trabajo del INE en el proceso electoral reciente para renovar la Cámara de Diputados y todas las elecciones locales de diverso tipo que se realizaron simultáneamente en las 32 entidades federativas.
Puede decirse que el INE tuvo el reto de demostrar y de acreditar, una vez más su solvencia profesional, la seriedad institucional y el compromiso con la ciudadanía y las reglas democráticas.
A pesar del ambiente ominoso que rodeo algunas de las decisiones del INE, a pesar de la crispación que prevaleció durante las campañas entre las fuerzas políticas y los usuarios de las redes sociales.
A pesar de la violencia y la inseguridad que impera en muchas zonas del país y que en muchos casos afectaron directamente a partidos y candidatos.
A pesar del gigantesco volumen de elecciones, candidaturas y actores políticos que dirimieron en estas elecciones que han sido llamadas las más grandes de la historia, hasta ahora.
A pesar de todo esto, el INE rindió a la sociedad buenas cuentas, se instalaron casi todas las más de 161 mil casillas de votación aprobadas, hubo un buen nivel de participación ciudadana 53 por ciento que es bastante bueno, considerando que se trataba de elecciones intermedias que regularmente concitan menos participación ciudadana. En este caso, la cifra es buena y superior a la de elecciones semejantes anteriores.
Y, casi todos los electores pudieron votar en libertad, salvo casos en algunas zonas focalizadas dominadas por el crimen organizado o afectadas por conflictos intercomunitarios.
Los resultados preliminares estuvieron a buen tiempo, los conteos rápidos muestrales organizados por el INE dieron resultados tempranos y precisos y todos los cómputos se llevaron a cabo con orden y eficiencia. Los resultados están a la vista.
La sensación general entre la ciudadanía, los medios y los analistas fue que las elecciones salieron bien y que el INE fue eficiente y confiable en su organización.
Varias encuestas también han acreditado la aprobación que el desempeño del INE les merece a los mexicanos. Cito una nota de Alejandro Moreno, encuestador de El Financiero, sobre una encuesta levantada bajo sus hospicios de este periódico, levantada el 11 de junio -cito- “Los comicios del 6 de junio dejaron una muy buena impresión entre la ciudadanía, el 79 por ciento, calificó muy bien o bien la manera en que se llevaron a cabo las elecciones, mientras que el 69 por ciento calificó favorablemente la manera en que el INE informó de los resultados a la ciudadanía”.
Y, agrega este mismo encuestador “…según el sondeo, los votantes de Morena y sus aliados, son los que mejor calificaron las elecciones, con 87 por ciento de opinión favorable, a pesar de que los voceros de este partido han sido quienes más cuestionan a la autoridad electoral.
Le siguen en la aprobación quienes no votaron, curiosamente un 79 por ciento, y luego los votantes de la alianza PAN-PRI-PRD con 75 por ciento, y quienes votaron por otros partidos con 67 por ciento. Todos dando un aval mayoritario a la Jornada Electoral.
En medio de una polarización alentada desde el poder, el INE tiene una difícil tarea para refrendar la confianza ciudadana; en primer lugar, con eficacia en la organización de las elecciones, pero también, por medio de más ejercicios de transparencia y comunicación que le permitan a la sociedad conocer mejor todo el trabajo del INE. La polarización, insisto, no se combate con más radicalismo ni incendiando praderas, se contiene favoreciendo el diálogo entre distintos actores, y propiciando la convivencia de opiniones diversas, reflejo, a fin de cuentas, del pluralismo político mexicano. El INE mantiene, y mantendrá, su compromiso en este sentido.”
Ahora bien, respecto a una posible reforma electoral, es preciso recordar un poco de historia. En el período predemocrático de México, las reformas electorales respondían siempre a una exigencia de las fuerzas de oposición, y en particular a quienes perdían unas elecciones y atribuían, con razón o sin ella, su derrota, a condiciones de inequidad en la competencia.
Desde la célebre reforma de 1977, con la que puede decirse que se inició la transición democrática, hasta las más cercanos en nuestros días, siguieron este patrón. De ahí que casi todas las reformas electorales han sido producto del consenso de las fuerzas políticas relevantes; las que están en el gobierno y las que están en la oposición que reclaman cambios a fin de subsanar las insuficiencias de las normas electorales y sus procedimientos.
En términos generales, para hacer posible las reformas, han tenido sentido de ser posible la libertad de elección, y para esto, con este ánimo, han sido a lo largo de esta historia, se pueden mencionar seis grandes reformas que tuvieron como propósito equilibrar las contiendas electorales a partir de dos preguntas: Contar con un árbitro electoral independiente y autónomo; Garantizar condiciones equitativas de participación de la asignación de recursos estatales. Perdón, quise decir dos premisas.
Tales reformas son, las mencionaré muy brevemente dando por hecho que buena parte de quienes nos escuchan las conoce. La de 1977 fue una reforma, en su tiempo, de gran calado porque contribuyó a abrir espacio a fuerzas políticas emergentes que no tenían representación política, al menos no en el grado que lo merecía por su presencia en la sociedad o algunas que simplemente estaban excluidas.
Hay que decir que desde entonces se estableció en un sistema electoral mixto la Representación Proporcional junto con la Mayoría Relativa y un esquema de financiamiento público a los partidos políticos que, gradualmente, permitió una contienda más equitativa.
En 1986 se incrementó el número de diputados de representación proporcional, pasaron de 100 a 200, se crearon las figuras de candidaturas comunes, se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral y, bueno, como fue a contrapelo de estas modificaciones progresivas, se le incorporó la cláusula de gobernabilidad que en general no se usó, pero que sí ejercía una sombra ominosa sobre la equidad en la representación política.
En 1990 se hace una gran reforma que comienza en 1989-90, que tiene en el centro la creación de un árbitro electoral profesional, permanente y con independencia técnica.
Se buscaba la profesionalización de la organización electoral, se asignaron montos mayores de prerrogativas a los partidos, se inició, aunque incipientemente, la fiscalización de los recursos que recibían los partidos políticos y, se crea el Tribunal Federal Electoral que en los años siguientes va a ir cambiando de denominación y también de alcance de sus atribuciones.
En 1993-94 hubo una reforma, bueno, fueron dos reformas que se concatenaron y que buscaron dar, reaccionar a la, por un lado, las insuficiencias que se reclamaban de años anteriores, pero en 94 a la grave crisis política y sombras ominosas que se cernieron sobre el país a consecuencia del asesinato del candidato presidencial del PRI y un ambiente de polarización, la sublevación del naciente Ejército Zapatista de Liberación Nacional, etcétera.
Se modificaron algunas reglas, pero, sobre todo se introdujo la figura de Consejeros ciudadanos y se nombraron por consenso entre casi todas las fuerzas políticas a personajes de gran prestigio intelectual y político y algunos de ellos, hay que decirlo, con una clara, un claro compromiso en la oposición, desde la oposición democrática.
Y esto ayudó a darle a las elecciones de 1994 más credibilidad y atenuar la exacerbación de pasiones que había en ese año cuando se hablaba de un inminente choque de trenes y lo que produjo fue, en buena parte por estos acuerdos intrapartidarios, estos consensos que con gran responsabilidad tomaron los principales actores políticos desde el gobierno y de los principales partidos de oposición, produjo unas elecciones que prácticamente, aparte de pacíficas, prácticamente no fueron cuestionadas en sus resultados.
En 1996 se hizo otra gran reforma de gran calado que respondió al reclamo de condiciones más parejas para la competencia electoral, el propio Presidente Zedillo había reconocido que, si bien las elecciones de 1994 habían sido legales, no habían sido equitativas y a esto tenía que responder la reforma de 1996.
Se equilibraron las condiciones de competencia, incrementando los recursos públicos destinados a los partidos políticos, se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se le ampliaron sus facultades y se incluyó un sistema de medios de impugnación más robusto.
Se amplió también el acceso de los partidos a las prerrogativas, se amplió el acceso a la radio y a la televisión.
Hay que decir que el aumento del financiamiento público permitió condiciones, aunque fue cuestionado en su momento, permitió condiciones de competencia más equitativa, si esto habría de reflejarse muy pronto con en las elecciones intermedias de 1997, algunas elecciones de gubernatura en ese mismo año y en 2000, pues nada menos que con la alternancia en la Presidencia de la República; esa reforma de 1996 demostró en los hechos, no sólo que garantizaba elecciones con condiciones más equitativas, con un árbitro imparcial que rendía buenas cuentas, sino que además pasaba una de las pruebas de la competencia democracia auténtica que es la alternancia en el poder.
En 2014 se creó el Sistema Nacional Electoral, hay que decir que se establecieron mecanismos de fiscalización mucho más rigurosos con un sistema de contabilidad en línea a la que los partidos tienen acceso, pero que también están obligados a reportar en tiempo casi real la fiscalización de los recursos, de los ingresos y gastos de los partidos, tanto para elecciones federales como para elecciones locales se centralizó en el INE y éste tuvo que crear una Unidad Técnica de Fiscalización muy robusta en sus capacidades, con autonomía técnica y con herramientas que le permiten dar un seguimiento muy riguroso a los ingresos y gastos de los partidos.
Se puede decir que este sistema de fiscalización, si bien no es perfecto y siempre habrá resquicios por los cuales se evadan responsabilidades de ingresos y gastos de los partidos porque no se reportan y porque no hay modo de seguirles la huella, es quizás el sistema de fiscalización de partidos políticos más robusto del mundo, no es perfecto, pero es de lo mejor que se ha podido crear en esta materia.
En el mundo, la mayoría de los países cuenta con algún tipo de financiamiento público; hay que decir que el financiamiento público a los partidos políticos que suele ser tan impopular es, pues, una de las condiciones, tanto de equidad en la contienda, como de protección contra la intervención de poderes facticos que pudieran viciar o totalmente distorsionar la competencia electoral y, después, capturar hasta a los gobiernos y los representantes políticos.
Hay que decir entonces que no es raro que haya financiamiento público a los partidos, de hecho, el 68 por ciento de los países en América, bueno, a nivel internacional, de acuerdo con IDEA tienen alguna forma de financiamiento público.
En nuestro continente sólo 12 de 34 países no reciben apoyo estatal. La mayoría de ellos son pequeños estados ubicados en las cinturas del Atlántico.
De América Latina, el único país que no brinda subsidio estatal a los partidos es Bolivia, aunque en campañas electorales les destinan espacios en radio y televisión.
Esta reforma electoral más reciente, la de 2014 tiene como principales elementos una redefinición sustancial del propio sistema, se estableció un nuevo régimen de distribución de competencias que modificó todos los procesos de la organización electoral.
Para empezar el IFE se transformó en INE, porque quedó a cargo ya no sólo de las elecciones federales, sino en algunas actividades y funciones vitales de los procesos electorales también locales.
El INE adquirió también con una compleja distribución retribuciones como los ahora llamados organismos públicos locales, los institutos electorales de los estados que, en algunos estados tienen una denominación algo diferente, pero se estableció una concurrencia y, dentro de esta concurrencia y cooperación entre el INE y los organismos públicos locales se estableció la facultad del INE para designar, mediante procesos rigurosos de competencia profesional, meritocráticos y muy transparentes, a los consejeros y consejeras y presidencias de los organismos públicos locales.
Este sistema un tanto mixto de federal, de federalismo y centralismo tuvo como propósito garantizar o fortalecer la autonomía de los institutos electorales estatales.
Por los resultados se puede decir que, a pesar de las complejidades, este sistema nacional electoral funciona.
El Instituto Nacional Electoral sigue manejando el Padrón Electoral, obviamente para elecciones federales y locales, ejerce su función fiscalizadora de manera muy rigurosa, como ya lo refería y, establece un conjunto de capacidades reglamentarias y de lineamientos para las elecciones federales y, en algunos casos, también, para las elecciones locales.
Este sistema nacional electoral, si bien se le han señalado defectos, debilidades reales o supuestas está funcionando y hay que decir que los institutos estatales electorales se hacen cargo tanto de algunas funciones sustantivas de las elecciones bajo su competencia, como de una dimensión que no debería menospreciarse, la dimensión local de la expresión ciudadana, de los conflictos políticos locales y que requieren de una instancia, de un órgano especializado que los conozca, los atienda y los pueda resolver en su ámbito local.
Imaginemos la sobrecarga política que podría rebasar no solamente las capacidades, sino convertirse eventualmente en conflictos explosivos, si todo conflicto local de tipo político tuviera que ser atendido y resuelto por el INE. Bueno eso no sólo sería muy difícil, sino seguramente indeseable.
Ahora bien, se han mencionado un conjunto, se han mencionado todavía sin oficializarse algunas propuestas de reforma electoral.
Algunas orientadas a simplificar procedimientos, otras a reducir el costo de las elecciones, por la vía de reducirle el presupuesto a los Organismos Electorales y de reducir el financiamiento a los partidos políticos.
Aquí lo un poco extraño es que, como decía, casi todas las reformas electorales han surgido por iniciativa de las fuerzas de oposición y muchas veces de los perdedores que se sienten insatisfechos con el resultado y lo atribuyen a algunas reglas que habrían actuado en su contra, incluso algunos lo han atribuido al árbitro electoral.
En este caso, el principal impulso de una reforma electoral ha provenido de la fuerza política que en 2018 ganó, que ganó la Presidencia de la República, que ganó la mayoría en las dos cámaras federales y que ganó una buena parte de las elecciones locales.
Es un caso atípico que hace pensar, pero sin duda también hay aspectos que bien pueden revisarse y mejorarse en nuestros procedimientos electorales.
Yo podría decir que los procesos electorales, los procedimientos que tenemos, si bien han demostrado su funcionalidad y eficacia, algunos son susceptibles, por ejemplo, de simplificarse, pero hay que decir también que muchos de nuestros procedimientos electorales son extremadamente complejos alimentados por una desconfianza, a veces obsesiva de los partidos políticos.
Y cuando el INE o algunos de integrantes del Consejo General del INE han propuesto algunas pequeñas modificaciones para aligerar algunos procedimientos simplemente basados en la experiencia y la fortaleza de nuestros procedimientos que garantizan la limpieza, se ha encontrado mucha oposición, precisamente de los partidos políticos y más de quienes quisieran reducir el costo de las elecciones.
Así que estamos ante una posible reforma electoral que podría fortalecer al sistema electoral y al mismo tiempo, dejar incólumes sus pilares fundamentales. Sin embargo, eso no parece ser el ánimo de quienes hablan más de reformar el sistema electoral.
Algunas propuestas de reforma que tendrían que pasar por una reforma del Artículo 41 constitucional son francamente preocupantes, de aprobarse constituirían un cambio en sentido inverso al que han alentado reformas previas.
Reformas como renovar al Consejo General del INE, renovar la integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin aclarar muy bien por qué tendrían que renovarse o por qué tendrían que sustituirse salvo acusaciones genéricas de no tener sus integrantes suficiente compromiso con la democracia.
Vale la pena entonces mencionar cuáles podrían ser los elementos fundamentales que deberían contener una eventual reforma y podríamos mencionar los pilares de los cuales depende la continuación de la permanencia del carácter democrático de nuestro sistema electoral
Y podríamos resumirlo de la siguiente forma. Primero, pluralismo y representación política. En esto es clave la pluralidad que palpita en la sociedad mexicana, debe seguir reflejándose en la representación política, y en esto es esencial la Representación Proporcional en las Cámara y todos los órganos de representación políticas, las cámaras federales, las locales y los ayuntamientos.
Si hubiera qué modificar el sistema mixto que tenemos de Mayoría de Representación Proporcional, bien podríamos pensar en una fórmula como la alemana, que, prácticamente establece en medida de acciones compensatorias, para garantizar que el porcentaje de votación que obtiene cada partido se traduzca en una representación semejante en los órganos de representación política.
El propio Senado podría modificarse, si se quiere, quitando la lista de representación nacional, pero podría establecerse, por ejemplo, cuatro diputados por entidad federativa, elegidos por Representación Proporcional, la fórmula simple de cociente electoral y en resto mayor, es decir, un partido que obtuviera cerca del 25 por ciento de los votos en una entidad tendría asegurado por lo menos una senaduría.
Hablar de la supresión o disminución de la pista de Representación Proporcional, tendría un carácter regresivo claramente contrario a la representación equitativa de las fuerzas políticas.
Por otro lado, condiciones de equidad. En esto es muy importante mantener el financiamiento público, no digo que no pudiera disminuirse en sus montos o en la combinación del financiamiento público federal y los financiamientos locales, pero esto tendría que hacerse con ánimo de conservar la equidad y no imponerse con un mero criterio de gastar menos. Hay que decir que lo que se gasta en los partidos políticos es a nivel nacional, considerando el presupuesto nacional, insignificante. Y no resolvería ningún problema estructural en las finanzas públicas, y sí podría afectar un hachazo en el financiamiento a los partidos, podría afectar las condiciones de la competencia.
Esto es perfectible, sí, pero, además, debería realizarse por consenso de los partidos, y deseablemente -pienso yo- de manera gradual para no provocar un desorden en el funcionamiento organizativo y administrativo, y capacidad de operación de los partidos, con un cambio de un día para otro. Debe mantenerse la fiscalización eficaz de los recursos de los ingresos y gastos de los partidos políticos y con las sanciones que el INE debe aplicar -porque regulación sin sanciones, puede ser una regulación ineficaz y hasta inútil.
Y, conservar el modelo de comunicación política que permite a los partidos un mínimo de equidad para competir.
Y, bueno, como marco institucional de todo esto, de todas estas funciones, debe persistir la autonomía del Sistema Nacional Electoral. La autonomía plena del INE, la autonomía de los Organismos Electorales Estatales, la autonomía del Poder Judicial. Algo que podría ser muy negativo sería subordinar por cualquier artificio a los organismos electorales a la voluntad de la mayoría en turno o del gobierno.
Cuando se habla de desaparecer el INE o convertirlo en un organismo que en la práctica estuviera subordinado a un partido o al gobierno, significaría un retroceso de más de 30 años en la vida electoral de México y eso debería considerarse inadmisible.
Para concluir, ¿cuál es el horizonte del futuro inmediato del Instituto Nacional Electoral? Por un lado, hoy el INE, aparte de la hostilidad, sufre una sobrecarga, sobrecarga de tareas y funciones que implican riesgos. Recordemos que, apenas terminadas las elecciones de junio de 2021, el INE tuvo que realizar en menos de dos meses una Consulta Popular Nacional que, si bien no fue muy concurrida en cuanto a participación ciudadana, sí representó para el INE un enorme esfuerzo organizativo y el INE tendrá que realizar, probablemente, muy pronto una suerte de consulta de Revocación de Mandato que tiene también un dato curioso, la Revocación de Mandato, según la Constitución por pérdida de confianza en el Presidente de la República, está impulsada principalmente por el propio Presidente de la República y las fuerzas partidarias que lo alzan.
Como sea, el INE tendrá que sortear esas pruebas y tendrá que conducir esos procesos, si se realizan, con estricto apego a la legalidad y con los parámetros de calidad y confiabilidad con que organiza las elecciones.
Es de temer que la hostilidad permanezca y eso socava la confianza ciudadana y no auguro nada bueno para el futuro electoral del país.
Tenemos evidencias de que la mayoría ciudadana respalda al INE, pero no puede menospreciarse el efecto tóxico que tienen los insultos, las amenazas, las mentiras que se dicen sobre él.
Podemos avizorar tres escenarios posibles de la reforma electoral, si es que ésta se consuma: Uno, cambios procedimentales menores que podrían mejorar o no, pero que no afectarían estructuralmente al sistema electoral; ampliación de los derechos y mayor equidad de la representación política, eso sería muy deseable; supresión de la autonomía del INE, ya sea por la vía de disposiciones legales y constitucionales que lo subordinen al gobierno o a la mayoría legislativa, o por sustitución anticipada de los consejeros y predominio de una fuerza política en su designación.
Y otro escenario sería renovación parcial de consejeros, incluida la Presidencia, en 2023, este es un escenario que también puede dar, más bien un paso que tendrá que darse en 2023 si no es que ocurre otra cosa antes y que tiene por lo menos dos escenarios: una destitución parcial de la Presidencia y cuatro consejeros electorales, logrados por un consenso propiciado por la mayoría calificada, como lo establece la Constitución, y cuya, y dada la composición actual de la Cámara de Diputados, la única Cámara que designa consejeros del INE, que ya no existe hoy una mayoría calificada para un solo bloque de fuerzas, hace posible que tal mayoría calificada se logre, como se han logrado en todas las designaciones anteriores, siempre por el consenso de todas o las principales fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados.
Otro escenario sería que tales designaciones se hagan por un solo bloque político con exclusión de la oposición. Esto no es nada deseable por razones obvias.
En la Cámara de Diputados entonces tendrá la responsabilidad de fortalecer al INE con nombramientos basados en, cumpliendo la mayoría calificada y la pluralidad en la decisión, y en tales casos los nuevos consejeros se integrarán a los trabajos electorales en el umbral del proceso electoral que será, una vez más, el más grande que habremos de celebrar hasta el momento en nuestro país.
Ello acentúa la necesidad de elegir en estas sustituciones, renovación parcial del INE en 2023, perfiles con la experiencia, independencia y compromiso democrático. De lo contrario, se podrían debilitar las decisiones del colectivo de consejeros.
Algunos analistas han expresado preocupación por el resultado del proceso de designación de consejeros electorales. Se ha avanzado en los filtros técnicos en busca de capacidad profesional, esto siempre es perfectible, pero debería mantenerse una regla esencial que ha guiado a la selección de consejeros electorales desde que el IFE-INE alcanzó autonomía plena, que el árbitro electoral no responda a una sola fuerza política.
Que es cierto que en esta legislatura hay una coalición de fuerzas políticas que cuenta con una amplia mayoría, aunque no la de dos tercios necesaria para designar, pero eso no debe ser obstáculo para la construcción de acuerdos.
Siempre que se han hecho nombramientos ha habido una fracción mayoritaria, y hay que mencionar una fracción mayoritaria que concierta los acuerdos con otras fracciones políticas representadas en el Congreso.
Pero hay que subrayar algo, en todos los casos se ha buscado un amplio consenso, y un dato relevante, desde 1996 todos quienes han encabezado al órgano superior de dirección del IFE, del INE, es decir, la Presidencia de estos organismos no ha pertenecido, ni indirectamente, a el bloque gobernante en ese momento. Digamos, a la coalición o al partido del Titular del Poder Ejecutivo, y esa ha sido una muy buena regla que debería mantenerse. Ojalá que sea así.
Muchas gracias.
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