En las últimas décadas se ha hecho patente la necesidad de contar con instrumentos que fortalezcan a nuestras instituciones del sector público, que tienen su esencia en consolidar los principios fundamentales de la Constitución Política que determina, entre otros aspectos, las normas que deben prevalecer en nuestra sociedad para beneficio de las y los mexicanos.
No obstante, ante diversos ilícitos relacionados con hechos de corrupción que han alcanzado a dicho sector público y, por ende, a diversas personas servidoras públicas, corporaciones y otras instancias, se hace necesario contar con programas que sirvan para redireccionar y dar cumplimiento a los principios constitucionales a través de mecanismos de prevención y mitigación.
El Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con mecanismos y protocolos que sirven para normar el desempeño institucional como un Código de Ética que deben observar las y los servidores públicos de la institución que considera los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción y retoma principios constitucionales y legales de la función pública.
Asimismo, el INE, como máxima autoridad administrativa en el ámbito electoral, ha implementado diversos mecanismos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales que rigen el entorno político electoral. En este sentido, cuenta con un Registro Nacional de Proveedores para vigilar que, los principales actores de la contienda electoral, los partidos políticos, celebren operaciones con personas jurídico-colectivas legalmente constituidas y que cumplen la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad.
Por otra parte, el INE desahoga diversos procedimientos oficiosos en razón de la detección de indicios sobre la celebración de operaciones de los partidos políticos con empresas que emiten comprobantes sin contar con los activos de personal, infraestructura o capacidad material, entre otros, a las que hace referencia el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
En razón de estas circunstancias el INE, a través de su Unidad Técnica de Fiscalización ha desarrollado un modelo de riesgo que ha permitido determinar el grado de riesgo financiero que implican las operaciones de los partidos políticos y otros sujetos obligados, a partir del diseño de matrices que permiten calificar tanto el origen como la aplicación de los recursos en distintos momentos.
Este modelo de riesgo se ha diseñado con la aplicación de 56 normas relacionadas con distintas variables: ingresos, gastos, revisión de gabinete, avisos de contrataciones, cuentas de balance, así como la información que se obtiene a partir de la coordinación y colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera.
Bajo este contexto, la Secretaría de Hacienda y Crédito y el INE con el objeto de tener elementos en la aplicación del modelo de riesgo, han determinado acciones para detectar irregularidades en el ámbito electoral.
Estos son los elementos que el INE tiene para la detectar financiamiento ilegal hacia partidos políticos, candidatas y candidatos, así como a Coaliciones. Consecuentemente, es necesario la exhaustividad en las investigaciones y la certeza en la información.
Por ello, el INE, en febrero de 2021 firmó dos anexos técnicos con la Unidad de inteligencia Financiera, cuyo objetivo es conocer la información que sirva para identificar y prevenir conductas o actos vinculados a operaciones con recursos de procedencia ilícita o el indebido uso de recursos públicos en los procesos electorales.
Bajo este contexto, es importante mencionar que durante las elecciones existe un riesgo alto de lavado de dinero, es por ello que se debe fortalecer la operación entre instituciones para prevenir la comisión de este delito en las elecciones.
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