VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO 8 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS ASPECTOS METODOLÓGICOS Y TÉCNICO-OPERATIVOS PARA LA APLICACIÓN DE CRITERIOS Y REGLAS OPERATIVAS PARA LA DISTRITACIÓN NACIONAL 2021-2023
Una de las atribuciones constitucionales del Instituto Nacional Electoral, es la definición de la geografía electoral del país, así como la responsabilidad de elaborar y mantener actualizada la cartografía electoral a través del diseño y determinación de los distritos electorales y la división del territorio nacional en secciones electorales.
Este marco geográfico electoral, constituye un elemento dinámico de actualización constante como consecuencia de la integración de nuevos asentamientos humanos, la creación de nuevos municipios, la modificación de límites territoriales y el decremento o incremento del número de ciudadanas y ciudadanos en las secciones electorales.
Tal como se establece en el proyecto de acuerdo que se somete a nuestra consideración, contar con un marco geográfico electoral actualizado, permite al INE garantizar la correcta asignación de cada ciudadana y ciudadano a la sección electoral que corresponda a su domicilio, considerando en todo momento el crecimiento natural de la población y sus tendencias migratorias.
Dicho de otra manera, es obligación del INE asegurar que el voto de las ciudadanas y los ciudadanos cuente con el mismo y con el mismo valor, lo cual se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía electoral y la definición, en consecuencia, de los distritos electorales.
En este marco, el INE ha comenzado ya los trabajos, como se sabe, para la nueva distritación. Una vez que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, ha terminado de procesar y ha informado oficialmente los resultados del Censo General de Población y Vivienda levantado en 2020.
Ante algunas voces que han cuestionado este proceso iniciado por el INE, asegurando que existe mala fe o intencionalidad política, es necesario invitar a releer el artículo 53 de la Constitución, que a la letra dice: “la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor a dos diputados o dos diputadas de mayoría, es decir, contar con dos distritos”.
Esto quiere decir que no hay nada extraño en un proceso evidentemente técnico, ordenado por la Constitución, normado por las leyes electorales y los acuerdos aprobados previamente por este Consejo General, todos ellos por cierto válidos y definitivos y que, además, se ha iniciado y se llevará a cabo siguiendo los principios de objetividad, legalidad, imparcialidad, máxima publicidad y certeza, como ha ocurrido en las distritaciones anteriores.
Nada más simple como lo ha venido explicando el INE desde hace ya varios días y lo acaba de hacer el Consejero Ciro Murayama en su intervención, que dividir la nueva cifra de población total del país derivada del censo 2020, esto es, 126 millones 14 mil 24 personas entre los 300 distritos electorales uninominales fijados por la Constitución, para poder determinar así la media nacional a partir de la cual se determinará el número de distritos que corresponden a cada entidad, esto es 420 mil 46.75 personas, operaciones matemáticas, ninguna intencionalidad política.
Derivado de los incrementos y decrementos diferenciados de la población en las 32 entidades del país, en 12 de ellas se pondrían experimentar cambios respecto al número de distritos que tenían anteriormente, es decir, con base en la Centro General de Población de 2010, así Baja California, Coahuila, Puebla, Querétaro, Yucatán, podrían sumar un distrito más a los que tenían anteriormente, mientras que Guerrero, Estado de México, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz podrían tener un distrito menos.
Por otra parte Nuevo León sumaría dos distritos y la Ciudad de México se le restarían dos.
Este hecho, por cierto, ha provocado un debate intenso en la opinión pública, y me gustaría traducirlo en términos matemáticos, para eludir cualquier reflexión de tipo político, como se pretende, simple y sencillamente reducirnos a criterios científicos, y hasta que no se demuestre lo contrario, uno más uno es igual a dos.
La Ciudad de México tiene, de acuerdo con el censo de 2020, una población de nueve millones 209 mil 4044 personas. Si aplicamos el factor de distribución, el acabo de mencionar, 420 mil, 46.75, resulta que la Ciudad de México le deben corresponden en principio 21.926 distritos, pero como un distrito no se puede partir se aplica el redondeo o bien la asignación de partes enteras y restos mayores, esto significa 22.
Y Nuevo León, me refiero solamente a los dos casos que he mencionado, tiene una población de acuerdo con el censo de cinco millones 784 mil 482, si hacemos la división correspondiente esto significa 13.771, lo cual en redondeo significa 14 distritos electorales.
Ciencia, números, nada más, ni nada más.
Esto no es un procedimiento al azar o de una decisión caprichosa, sino de un procedimiento técnico que, por cierto, habrá de concluir hasta 2022.
En este proyecto de acuerdo se proponen tres herramientas o bases de datos que proporcionarán la información que habrá de alimentar el modelo matemático previamente aprobado y cuyos resultados serán evaluados de conformidad con los criterios y reglas operativas para definir el trazo de cada uno de los 300 distritos federales y los 667 distritos locales.
En tiempos en los que se cuestiona, se adjetiva y hasta se busca criminalizar a la ciencia y a los científicos, es muy importante revindicar la experiencia profesional y técnica acumulada por organismos constitucionales autónomos, como son el INEGI y el INE, y en el caso de éste, en particular de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, experiencia que resulta clave para el desarrollo de insumos y procedimientos que requieren un trabajo multidisciplinario y de una alta especialización.
Y, por cierto, vale la pena decir algo, pocos procesos en el INE, aunque todos son públicos, pocos procesos son tan escrutados y vigilados por los partidos políticos que tienen asiento en la Comisión Nacional de Vigilancia, como el de la distritación. Así que no hay ni ciencias ocultas ni intencionalidades políticas ni nada oscuro, todo es claro, cierto, transparente, científicamente comprobable y las decisiones se toman a la luz de todos y todas.
En más de 30 años el INE ha desarrollado una sólida metodología basada en la experiencia adquirida en los ejercicios de redistritación previos, en donde la técnica y la concertación política se conjuntan dentro del marco legal vigente para lograr una actualización cartográfica objetivadora y generadora de certeza a todos los actores políticos y a la ciudadanía en general.
Bajo este principio constitucional la certeza que es la base de la confianza en nuestros procesos electorales el INE continúa con los trabajos para la nueva distritación reiterando su disposición a cumplir puntualmente con el principio de transparencia con la rendición de cuentas, con el diálogo permanente y la retroalimentación con todas las fuerzas políticas, reiterando su disposición, insisto, para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda dar seguimiento con absoluta claridad a todo este proceso que será como han sido los anteriores, absolutamente verificable y reproducible por toda aquella persona de buena fe que esté dispuesta a construir con certeza y con base en las reglas que nos rigen los procedimientos de recreación de nuestra democracia.
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