Número: 412
- Se aprobó el Acuerdo por el cual se emiten criterios generales para garantizar el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas en los Procesos Electorales Locales 2021-2022
- Se presentó el Informe de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género
El Instituto Nacional Electoral (INE) estableció criterios generales para garantizar la postulación paritaria en las candidaturas a las gubernaturas de los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas que se disputarán el próximo año.
En ellos, se estableció la obligación de los partidos políticos nacionales para registrar a candidatas en, al menos, tres de las seis entidades que renovarán las titularidades de sus Poderes Ejecutivos en 2022, ello con independencia de la alianza electoral que establezcan para cada contienda.
Para los partidos políticos con registro local se prevé que deberán postular preferentemente una persona del género distinto a la registrada en la elección anterior y en caso de ser de nueva creación deberán postular preferentemente a mujeres como candidatas.
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que el tema de la paridad ha formado parte intrínseca de los trabajos del propio Instituto y gracias a las determinaciones que se han tomado en el Consejo General es que se pudo cumplir el principio constitucional de paridad en las gubernaturas que se disputaron en 2021.
“No se habría logrado la paridad si no hubieran ocurrido dos cosas, la reforma legal de 2014 y, segundo, una serie de acciones afirmativas que se adoptaron, la gran mayoría de ellas, en esta sede”, expuso.
Al presentar el acuerdo, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, Carla Humphrey, destacó la omisión del Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados con elección el próximo año, ya que no han cumplido con el mandato constitucional de garantizar la postulación paritaria en gubernaturas.
“La paridad de género es un principio constitucional fundamental del Estado mexicano, que se ha transformado en una de las piezas claves del sistema político; es además una de las principales expresiones de los derechos humanos de igualdad, dignidad y no discriminación, por lo que su ejercicio es inmediato y no puede postergarse por falta de regulación secundaria”, sentenció.
Abundó que en cuatro entidades el plazo para poder legislar ya se venció, en una más está próximo a vencerse y, en el caso de Hidalgo, si bien fue el único que efectuó la reforma, ésta no ha sido promulgada o publicada, por lo que no se encuentra vigente.
Ello, añadió, descarta la posibilidad de una reforma legislativa que garantice el cumplimiento de este principio; por lo que, con el fin de subsanar esta omisión, el INE, en ejercicio de sus atribuciones y, de manera precautoria y provisional, emite los criterios que permitan cumplir con la postulación paritaria.
La omisión legislativa no puede significar la ausencia de garantías para los derechos de las mujeres
La Consejera Dania Ravel destacó que la omisión legislativa, tanto del Congreso de la Unión como de los Congresos Locales, constituye un indicio contundente de que nuevamente las mujeres podrían no contar con garantías para ejercer sus derechos por lo que, consideró necesario que el INE ejerciera sus atribuciones para emitir, de manera precautoria y provisional, criterios encaminados a garantizar el principio de paridad de género en las postulaciones a las gubernaturas que se renovarán en 2022.
Además, aclaró que, en caso de que alguna de las entidades legisle en la materia, las disposiciones del Acuerdo no serán aplicables. Por último, señaló que no se puede ni debe permitir que la ausencia de normas, cuya emisión fue ordenada incluso por una sentencia de la Sala Superior, se traduzca en la falta de garantías para el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres, ni en la inobservancia de las obligaciones que el INE tiene como autoridad del Estado mexicano.
Por su parte, la Consejera Claudia Zavala planteó que el acuerdo no invade ninguna esfera de la vida interna de los partidos, sino que, por el contrario, da claridad sobre la obligación que tienen para postular a tres mujeres en alguna de las seis gubernaturas que se disputarán, antes de que inicien sus procesos internos.
“Jurisdiccionalmente ya se dijo qué debe operar; el Tribunal Electoral ya dijo que se debe materializar el principio de paridad en los cargos unipersonales en las gubernaturas”, mencionó.
El Consejero Jaime Rivera planteó la posibilidad de aplazar la aprobación de este acuerdo a fin de alcanzar el mayor consenso posible con los partidos políticos para lograr una armonía entre los procesos internos y el impulso de la participación política de las mujeres.
Advirtió que, si bien se manifiesta abiertamente a favor de la paridad, así como de la postulación de tres mujeres, las reglas y criterios con que dicho objetivo se habría de concretar merece más discusión y análisis.
El Consejero José Roberto Ruiz respaldó la propuesta del Consejero Rivera al considerar que existe una sentencia clara de Sala Superior que señaló que el INE carecía de facultades para establecer tal medida.
Al reiterar su postura a favor de la paridad en las gubernaturas, la Consejera Adriana Favela recordó que la revocación del acuerdo que avaló el Consejo General en la postulación de gubernaturas para los comicios de 2021 es necesario establecer la vía adecuada para materializar el acuerdo.
Favela estimó que el mejor camino es ejercer la facultad de atracción y evidenciar los incumplimientos que existen por parte del Legislativo a nivel Federal y Local, ya que el contar con una reglamentación estatal es insuficiente, al ser el Congreso de la Unión, desde una visión panorámica, quien tenga que regular este principio.
En tanto, el Consejero Ciro Murayama refirió que pueden existir criterios de flexibilidad para garantizar la convivencia del principio constitucional de paridad con la autodeterminación de los partidos y los derechos de las militancias.
Reflexionó sobre la oportunidad de que la autoridad recorriera un camino de mayor diálogo, ya que no deja de ser autoridad si escucha y no debe ser sinónimo de actuación autoritaria o precipitada.
Por su parte, el Consejero Martín Faz avaló que esta medida se apruebe previo al inminente arranque de los Procesos Electorales del 2022 que en el caso de Oaxaca y Tamaulipas es en septiembre, en tanto que en Aguascalientes se hará en octubre.
Recordó que uno de los principales señalamientos que tuvo la aprobación del acuerdo sobre paridad para la renovación de gubernaturas de este año fue justo el tiempo, por lo que enfatizó la importancia de no dilatar la determinación.
Es momento de analizar la eficiencia del procedimiento para la resolución de quejas por violencia política contra las mujeres en razón de género
Durante la sesión, el pleno recibió el Informe de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, el cual da cuenta de la recepción de 150 denuncias, de las cuales 46 fueron procesadas mediante un Procedimiento Especial Sancionador y cinco a través de cuadernos de antecedentes.
En 100 de las quejas, detalla el informe, se determinó la incompetencia del INE por lo que fueron remitidas: 20 a diversas autoridades, 47 a los Organismos Públicos Locales (OPL), 30 a partidos políticos y tres a Tribunales Electorales.
Al respecto, la Consejera Carla Humphrey llamó la atención sobre el hecho que de los 22 procedimientos concluidos que se enviaron a partidos políticos, sólo en uno se acreditó la violencia política; en 6 fue inexistente; en 2 hubo conciliación y 12 más fueron desechados y uno no fue presentado.
Consideró que, al haber concluido el Proceso Electoral, los partidos deben cumplir con los lineamientos para atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política, a la par de que el INE deberá analizar si el procedimiento fue eficiente y suficiente para combatir el fenómeno.
Por su parte, la Consejera Dania Ravel evidenció que el informe refleja que es en la vida interna de los partidos, así como en los municipios y estados, donde se focaliza en mayor medida la violencia política contra las mujeres, “muchas veces sutil y reiterada, pero que prevalece profundamente normalizada en la idiosincrasia de nuestra sociedad”. Además, realizó un llamado a los partidos políticos Acción Nacional y Fuerza por México, así como a los OPL de Puebla, Jalisco y Yucatán para que, a la brevedad, actualicen la información de los asuntos que les han sido remitidos y de los cuales no se ha brindado mayor información al Instituto.
Por último, resaltó que el informe contiene datos sumamente relevantes y de interés público para que, tanto la ciudadanía como las y los actores involucrados en los procesos electorales conozcan el trámite y seguimiento que el Instituto da a los asuntos que, ante él, se presentan ya que, dijo, la construcción de sociedades más igualitarias, justas e incluyentes es una tarea de todas y todos.
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