VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO 2 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2022.
2022 promete ser otro año de grandes desafíos para la convivencia en clave democrática de nuestra nación.
Probablemente sea un año tan desafiante como lo ha sido 2021.
Visto en retrospectiva este año 2021 pasará a la historia como un año de logros democráticos: se llevó a cabo la organización más grande y compleja de la historia; se organizó en tiempo récord la primera Consulta Popular con base en lo dispuesto en la Constitución, con las certezas y legalidad que son ya el sello distintivo de todos los proceso democráticos que organiza el INE, y se logró, con base en los protocolos de salubridad diseñados para cada etapa de los procesos de participación democrática, que el derecho fundamental a la salud no se viera vulnerado o comprometido por el ejercicio de los derechos políticos.
En 2021 para decirlo en pocas palabras, y con la convicción y compromiso democrático, perdón, con la convicción y compromiso democrático de la ciudadanía conseguimos que la democracia mexicana no fuera una víctima más de la pandemia, y comprobamos, una vez más, que el sistema nacional de elecciones funciona y funciona bien, aún en contextos de altísima complejidad.
Esto se evidencia en el consenso nacional e internacional respecto a que los procesos, electoral y de participación ciudadana, de 2021 constituyen y, en particular, la elección con la que se renovaron los poderes federales, la Cámara de Diputados, la mejor elección desde el punto de vista técnico y organizativo que hayamos realizado.
En 2021, con todo y pandemia, la polarización, la intolerancia en el discurso, la violencia y los ataques que se enderezaron en contra de los órganos electorales, no impidieron que los ciclos de poder obtenidos democráticamente se siguieran cumpliendo uno a uno y puntualmente.
La premisa de todo sistema democrático, es decir, la renovación pacífica, ordenada y conforme a las reglas establecidas del poder se constató, se concretó una vez más.
Más aún, la organización de los comicios de 2021 provocó que la ciudadanía aumentara la confianza que ya tenía en el trabajo del INE a niveles inédito, y la cantidad, como decía, de reconocimientos internacionales que recibieron, tanto la ciudadanía mexicana, como el INE por parte de organizaciones regionales, especializadas y multilaterales dedicadas al impulso de la vida democrática, nos indican que el apego y la aplicación irrestricta de las reglas pactadas y plasmadas en nuestra normas son la mejor ruta para consolidar nuestra democracia.
Eso mismo queremos para 2022.
Es por ello que en el Anteproyecto de presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2022, además de incluir recursos para garantizar las actividades que realizamos de manera permanentemente y que se han consolidado como servicios de utilidad pública que trascienden la mera recreación de las elecciones, como el monitoreo de medios electrónicos, la fiscalización del dinero invertido en la política y la actualización y fortalecimiento de la credencial para votar como el principal medio de identificación de nuestro país, hemos incluido recursos presupuestales para la organización de 6 elecciones locales y para dos eventuales ejercicios de democracia directa.
Estamos claros que incluir previsiones presupuestales para eventos de realización todavía hoy incierta son una novedad en la historia administrativa y financiera del INE.
Específicamente estas previsiones presupuestales se están tomando para dos ejercicios de democracia directa, que al día de hoy no tenemos claridad de si van a llevarse a cabo o no, ya que esto depende que así lo solicite la ciudadanía o bien, los poderes Ejecutivo y Legislativo, según sea el caso.
Pero no podíamos presupuestar de manera diferente, ya que en este año la Suprema Corte de Justicia nos estableció cuál era la ruta que esta institución debía seguir.
De acuerdo con la Suprema Corte en su resolución sobre la controversia Constitucional que interpusimos, a propósito de la necesidad de contar con recursos presupuestales adicionales para llevar a cabo la Consulta Popular del pasado 1º de agosto, no era factible solicitar recursos adicionales, porque al momento de la elaboración del proyecto de Presupuesto ya estaba incluida en la legislación la eventual realización de una Consulta Popular y, por lo tanto, con independencia de que se llevara a cabo o no, este Instituto estaba obligado a preverla.
En consecuencia, hoy es nuestra obligación prever los recursos necesarios para el cumplimiento de nuestro mandato constitucional y legal en la eventualidad de que estos ejercicios lleguen a tener lugar.
Ese aprendizaje institucional es el que estamos aplicando en el anteproyecto de presupuesto que está a nuestra consideración.
Así, para el ejercicio fiscal 2022, los recursos solicitados para el presupuesto base del INE ascienden a 13 mil 84 millones de pesos, y 5 mil 743 millones de pesos adicionales se están solicitando de manera precautoria, ante la posibilidad de que se cumplan los requisitos constitucionales y legales para realizar, tanto una Revocación de Mandato, como una Consulta Popular.
Debo decir que estos montos expresan no sólo un ejercicio de racionalidad presupuestal sino de contención del gasto.
De hecho, si se comparan los recursos solicitados para el presupuesto base del INE en 2022 con lo que se le otorgó en 2021, se tiene una disminución de cerca del 36 por ciento, y si se comparan los recursos presupuestales que estamos solicitando con el Presupuesto de Egresos, para el Presupuesto de Egresos estimado para 2022, lo que resulta es que el presupuesto del INE para el ejercicio fiscal del próximo año representa únicamente, de manera global para cuestiones operativas, incluyendo los montos para una eventual Revocación de Mandato y Consulta Popular, 29 centavos de cada 100 pesos que se presupuestarán para la federación.
Dicho en otras palabras, en la integración del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal del próximo año, refrendamos la política de contención, de racionalización y de eficiencia del gasto.
Respecto de los 5 mil 743 millones de pesos solicitados de manera precautoria para la realización de la revocación de mandato y la consulta popular, me importa subrayar que, en caso de no realizarse estos ejercicios, tales recursos se devolverán puntual e íntegramente a la Tesorería de la Federación.
Concluyo con una reflexión sobre las obligaciones constitucionales del INE para el año fiscal 2022 en el siguiente sentido.
Dada la importancia que tiene este ejercicio de democracia directa, me refiero a la Revocación de Mandato y, eventualmente, a la Consulta Popular que tendrán que realizarse y sus eventuales consecuencias y tal como se planteó en los lineamientos que se aprobaron en el punto anterior, es necesario reiterar que, para el INE, la Revocación de Mandato implica, para efectos prácticos, la organización de un proceso electoral federal en plena forma, similar de alguna manera a los que han antecedido, con todo lo que ello significa en términos de planeación, programación y despliegue logístico.
En tal sentido, quiero destacar que nunca esta autoridad electoral se había visto ante el escenario de tener que preparar un proceso electoral de esta magnitud a nivel federal, a menos de medio año de haber organizado otro.
Por ello es necesario enfatizar dos cosas: es equivoco, es equivocado, es falso que el INE esté pensando en poner menos casillas para el ejercicio de Revocación de Mandato que en un proceso electoral federal como algunos han planteado en la discusión pública; y la segunda, que la Revocación de Mandato es en todo caso un derecho constitucional de las y los ciudadanos, por lo que el INE está obligado a garantizar que si así lo deciden un porcentaje, un tres por ciento de ciudadanas y ciudadanos al haberlo solicitado, el INE está obligado a garantizar que el mismo ocurrirá con la certeza e imparcialidad que caracteriza nuestra función y que obliga la Constitución.
Estoy convencido que, sin reglas claras, sin el despliegue total a nivel nacional para que todas y todos los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal puedan opinar sobre la Revocación de Mandato y sin todas las garantías constitucionales y legales para garantizar el voto libre y certeza de los resultados, pondríamos en riesgo la viabilidad y la recreación de nuestra democracia. Y si no se tomaran esas previsiones, nuestra democracia perdería fortaleza en lugar de consolidar el poder del sufragio.
-o0o-