Muchas gracias Martín.
Muchas gracias a los coordinadores de esta obra. Al doctor Luis Carlos Ugalde, a Said Hernández, por permitirnos presentar este texto en el Instituto Nacional Electoral en momentos particularmente relevantes de la discusión a propósito del futuro de nuestro sistema electoral.
Y en una oportunidad más, de reivindicar pues la vocación, digámoslo así de esta institución, con los datos, con una discusión cierta, objetiva, informada, incluyente, democrática en suma.
Muchas gracias además a Martín por la gentil presentación y la moderación de esta mesa.
Uno de los indicadores clave para conocer la fortaleza de una democracia es la existencia de espacios de deliberación pública partir de hechos e información con un mínimo rigor y que sean incluyentes donde las voces diversas, incluso divergentes, puedan hacerse escuchar con claridad y firmeza, pero bajo las reglas mínimas de respeto y tolerancia que alimentan y definen un debate, una discusión democrática.
Asisto a esta presentación del libro coordinado por Luis Carlos Ugalde y Said Hernández con muchísimo gusto, pero, sobre todo, con la certeza de que la publicación que hoy nos comparten y este espacio de intercambio de ideas y visiones son precisamente indicadores de la vitalidad de nuestra democracia.
Una muestra de vitalidad que, sin embargo, lamentablemente no es con una condición generalizada en otros espacios de debate e intercambio de opiniones en nuestro país.
La obra que hoy presentamos, integrada por 38 textos elaborados por más de 50 autoras y autores, componen un mosaico que combina el análisis académico con la experiencia práctica en la toma de decisiones como autoridad electoral.
En efecto, los ensayos que componen esta obra fueron elaboradas por destacadas y destacados académicos, estudiosos de los temas y de las problemáticas de la democracia y de los comicios, o bien por funcionarias y funcionarios que han tenido o tienen responsabilidades de la administración o en la justicia electoral. Es una obra que proyecta con claridad el carácter evolutivo del sistema electoral mexicano, con sus luces y sombras, con sus fortalezas y debilidades, justo como su título lo indica.
En efecto, como lo podrán observar quienes lean con atención las casi mil 500 páginas que hay en sus dos tomos que integran esta obra, a lo largo de ellas, se asoma con nitidez el resultado del esfuerzo acumulado de millones de mexicanas y mexicanos que durante más de cuatro décadas han buscado, hemos buscado, ampliar el ejercicio de los derechos políticos y construir instituciones democráticas que sean fuente de legitimidad del ejercicio de los gobiernos y también ancla de estabilidad política.
El objetivo de la obra, cito textualmente a Luis Carlos Ugalde, es, cito, “ofrecer un diagnóstico de las fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano y recomendaciones para mejorarlo, que sean útiles para la próxima reforma electoral”, fin de la cita.
En consideración de este objetivo, permítanme compartir con ustedes en algunas reflexiones sobre la posibilidad, cada vez más discutida, de una eventual reforma electoral.
La reforma electoral del 2014 gestó la construcción de un nuevo modelo electoral y de un sistema nacional de elecciones, bajo la rectoría del Instituto Nacional Electoral.
Con este sistema, se llevó a cabo una redistribución de facultades para la organización de elecciones locales, dándole un papel mucho más activo a la autoridad electoral nacional, pero sin desplazar por completo las funciones y tareas de las autoridades electorales locales.
El sistema se ha ido consolidando al paso de los años con la rectoría que la Ley le mandata al INE, pero también bajo una lógica de colaboración y corresponsabilidad en el ejercicio de la función electoral en el ámbito local.
Asimismo, la reforma de 2014 sentó bases normativas para construir un nuevo sistema de fiscalización, siempre perfectible, pero cada vez más robusto y eficaz.
Con ese nuevo sistema se han creado mecanismos efectivos de vigilancia de financiamiento de la política y se han definido y aplicado sanciones a quienes no cumplen con las reglas de financiamiento y rendición de cuentas sobre sus ingresos y gastos.
Al mismo tiempo, desde 2014 se ha consolidado un modelo de capacitación de ciudadanas y ciudadanos para fungir como funcionarias y funcionarios de casilla y la integración de mesas directivas, que cumple con el objetivo explícito de la reforma de estandarizar la calidad técnica de los procesos locales con los procesos federales.
Hoy, la regla de paridad establecida en la reforma de 2014 se ha transformado en una realidad en el Congreso de la Unión y en muchos congresos locales y particularmente en la Cámara de Diputadas y Diputados y se ha avanzado sustantivamente en la elección de legislaturas estatales también paritarias, así como una mayor presencia de mujeres electas en ayuntamientos y gubernaturas.
Desde el INE también se ha buscado expandir el principio de inclusión en la representación política de sectores sociales que antes carecían de ella.
La nueva conformación de la próxima legislatura de la Cámara de Diputados, la Sexagésima Quinta Legislatura que iniciará este primero de septiembre, será una de las más incluyentes de la historia con representantes de pueblos y comunidades indígenas, personas pertenecientes a los colectivos de la diversidad sexual, personas afromexicanas, con algún tipo de discapacidad, migrantes y todas ellas bajo las reglas de paridad de género.
Bajo este modelo surgido de la reforma de 2014, un modelo de responsabilidades compartidas entre las 32 autoridades electorales estatales y la nacional, insisto, bajo la rectoría del INE, el instituto, le ha permitido al Instituto organizar un total, al Instituto Nacional Electoral, organizar un total de 278 elecciones en los pasados siete años, incluyo aquí la Consulta Popular reciente, la exitosa Consulta Popular reciente; las elecciones internas del PRD, la elección inédita de una asamblea constituyente para la elaboración de la carta fundamental de la Ciudad de México, entre otras.
Lo que contrasta, 278 proceso electorales, que contrastan con los 18 comicios federales que organizó el IFE en los 23 años previos.
A lo largo de estos años, desde 2014, bajo el modelo electoral vigente, todos los cargos públicos del país se han renovado ya al menos una vez y el grado de alternancia alcanzado en este conjunto de procesos comiciales es inédito, en promedio se ubica en el 66 por ciento, alcanzando en algunos casos más del 80 por ciento como ocurrió con las senadurías y casi 60 por ciento en las diputaciones federales, con cifras muy similares en los ayuntamientos, congresos locales y gubernaturas.
La reforma de 2014 y el andamiaje normativo que desde entonces hemos venido construyendo, el INE y el Tribunal Electoral, ha cumplido con el propósito de convertir el voto de las ciudadanas y ciudadanos en un mecanismo efectivo para conformar la representación política y para hacer realidad el ejercicio ciudadano de la rendición de cuentas por medio del voto al dar al electorado el poder efectivo de decidir quiénes son sus representantes y gobernantes, pero también a través del voto, de premiar o castigar buenas o malas gestiones de gobierno o de representación.
Así lo demuestran las elecciones recientes y, de manera emblemática, los comicios del pasado 6 de junio, los más grandes y complejos de la historia, refrendaron el carácter plural, diverso, participativo de nuestra sociedad, pero sobre todo refrendaron el histórico compromiso democrático de las y los ciudadanos mexicanos, auténticos autores de la elección, auténticos defensores de la democracia, con la ruta electoral como una conquista civilizatoria que nos permite una convivencia pacífica, incluyente, respetuosa y tolerante, aun en los peligrosos tiempos de polarización, intolerancia y pandemia que azotan al mundo.
En suma, con el sistema electoral surgido de la reforma de 2014 y las reglas puestas en práctica en los últimos siete años, se pueden organizar elecciones federales de manera exitosa, se han podido organizar y podrán seguirse organizando en condiciones de legalidad, objetividad, imparcialidad, transparencia, máxima publicidad y certeza.
Para decirlo, en otros términos, más allá de eventuales ajustes particulares y cambios específicos que puedan hacérsele al perfectible, sin duda, modelo actual electoral, una reforma de gran calado, como algunos actores políticos han venido planteando, resulta absolutamente innecesaria, pero, además, una reforma radical no sólo es innecesaria, sino inoportuna, me explico.
La historia de las reformas político-electorales en México nos muestra que los cambios de gran calado, orientados a perfeccionar el sistema electoral mexicano y de los cuales esta obra da cuenta, se han llevado a cabo bajo una serie de directrices fundamentales.
Comparto con ustedes las que me parecen las más destacadas: Primero, surgen comúnmente a partir de demandas y reclamos de las oposiciones y particularmente después de elecciones presidenciales complejas, donde se expresan inconformidades por fallas en las condiciones de equidad en la contienda, entre otras.
Una situación que, me parece, está lejos de haberse presentado en las elecciones de 2018 o en las elecciones realizadas, desde entonces y particularmente la de este año.
Segundo lugar, las principales fuerzas políticas acuerdan las reformas sustanciales a partir del convencimiento compartido por todas ellas de que es necesario modificar las reglas, lo que regularmente ha ocurrido, por cierto, en los primeros años después de cada ciclo sexenal.
En otras palabras, se ha tratado de reformas que resultan de un amplio consenso entre los partidos políticos, que hayan sido ganadores o perdedores en los comicios inmediatamente previos.
El amplio consenso y, de ser posible, la unanimidad en torno a la definición de las reglas del juego es una condición indispensable para la estabilidad y gobernabilidad democrática. De otro modo, si una reforma es producto de un mero mayoriteo, e alguna fuerza o de algunas fuerzas del espectro político, corremos el riesgo y ya nos ha pasado, de que las reglas se convertirán, en el futuro, en vez de un ancla de certeza y estabilidad, en la fuente de descalificación y desconocimiento de los futuros procesos democráticos.
Por otro lado, una reforma de gran calado que se plantee como principal objetivo, meramente la renovación de los órganos directivo de las autoridades electorales termina por ser una reforma miope, alimentada más bien por los rencores, filias o fobias personales, que carece de altitud de miras.
Una reforma electoral no es, no puede ser, permítaseme la expresión, un asunto de estómago, sino una apuesta de gran alcance, resultado de diagnósticos y análisis ampliamente razonados, y de una discusión seria e incluyente. De otro modo, está garantizado su fracaso. La renovación de estos órganos, vale la pena recordarlo e insistirlo una y otra vez, es consecuencia de los acuerdos, de los grandes acuerdos que entre las fuerzas políticas se dan respecto de las reglas de la contienda electoral que habrán de modificarse.
En cuarto lugar, las reformas que se han planteado en nuestro país lo han sido como procesos de cambio progresivos, siempre orientados a fortalecer uno o varios de los siguientes cuatro aspectos: Primero, dar y consolidar autonomía a las autoridades electorales.
Segundo, ampliar los derechos de la ciudadanía y ello pasa por mejorar, por cierto, paulatinamente la representatividad; es decir el mejor reflejo del pluralismo político en los órganos representativos,
Tercero, perfeccionar los procedimientos técnicos del sistema electoral.
O, cuarto, hacer más equitativas las condiciones de la contienda política.
Nunca, ninguna reforma, ha buscado retroceder en alguno de estos puntos.
Por supuesto, hay aspectos criticables, mejorables sin duda de las reformas que poco a poco han venido sedimentándose y construyendo nuestro sistema electoral.
Pr cierto, sistema electoral no sólo funcional, sino que es objeto de reconocimiento a nivel nacional e internacional, de otra manera, cómo se explica que el gobierno de la República haya, luego de haberlo pactado con el Gobierno de los Estados Unidos, en el ámbito del TEMEC, la participación del INE como observador en el proceso, exitoso proceso, de legitimación del contrato colectivo en la planta de General Motors en Silao que se llevó a cabo en los días anteriores.
En esos cuatro pilares, que he mencionado, se ha fundado el arreglo democrático que la sociedad mexicana ha venido construyendo en las últimas tres décadas y que ha permitido que todas las fuerzas políticas sin excepción hayan accedido a los espacios de poder público a través de las urnas a lo largo de las distintas secuencias de procesos electorales que hemos venido realizando.
Vale la pena recordar, además, que las nuevas reglas surgidas de las reformas sustanciales en el último cuarto de siglo, invariablemente se han probado primero en elecciones federales intermedias y en múltiples procesos locales; es decir, no se han puesto a prueba, por primera vez, en elecciones generales que incluyan la renovación la Presidencia de la República. Así pasó con las reformas de 1996 que se instrumentaron, se pusieron a prueba primero en las elecciones intermedias de 97, o la reforma de 2007-2008 que primero se caló y se puso a prueba en la elección intermedia de 2009. O la última reforma de 2014, que se puso a prueba en las elecciones de 2015.
La aplicación inmediata de una reforma en una elección presidencial siempre tendrá como incentivo perverso tratar de acomodar las reglas, en favor de tal o cual fuerza política o de tal o cual gobierno, con el fin de obtener ventajas de cara a esa contienda. Y en un sistema presidencial como el nuestro, vale la pena tomarlo en cuenta.
Por todo ello, la instrumentación de una reforma sustancial o de gran calado, en este momento, distanciada de esas directrices que en el pasado han mostrado ser eficaces para ir perfeccionando nuestro sistema electoral, resulta, como decía a mi juicio, a todas luces inoportuna.
Más aún, y esto es fundamental, no es un buen augurio modificar la legislación electoral en un contexto de incesantes ataques y descalificaciones a los que no piensan igual y de permanente descalificación a las autoridades electorales por la única y exclusiva razón de que ejercen su autonomía constitucional frente al poder -frente a los poderes- y su independencia frente a los actores políticos.
Quiero ser claro, y el libro que hoy presentamos es una muestra de ello: nuestro sistema electoral es, sin duda es perfectible y este libro abre la discusión sobre aspectos que podrían mejorarse, y desde esa perspectiva una reforma sería pertinente y siempre lo será, pero no es necesaria. Las elecciones de este año, las mejores de nuestra historia desde el punto de vista técnico y organizativo, demuestran que si no hay cambios en materia electoral, podemos ir a organizar los comicios de 2024 sin mayor problema.
Nuestros grandes problemas nacionales, no nos equivoquemos, están en otro lado, no en la materia electoral. Son los irresueltos problemas de pobreza, pobreza creciente, desigualdad ominosa, corrupción, impunidad, inseguridad y violencia que siguen estando ahí como promesas incumplidas del cambio democratizador, las que nos lastiman verdaderamente como sociedad y afectan prácticamente todas las áreas de la convivencia social.
Luego de más de un siglo, nuestro principal problema como sociedad es resolver la promesa incumplida de justicia social sobre la que se hizo y para la que se hizo la Revolución Mexicana, una promesa, vale la pena recordarlo, todavía hoy incumplida.
Permítanme concluir con una última reflexión.
Nuestro sistema electoral se edificó para erradicar la inequidad y la intervención gubernamental a favor de su partido y sus candidaturas.
De llevarse a cabo en las próximas semanas o meses una reforma electoral, sería importante definir cuáles son sus objetivos: qué se quiere modificar y para qué se quiere modificar, qué es pues lo que se quiere lograr con una reforma.
Para que una eventual reforma llegue a buen puerto es indispensable que parta de un debate informado, objetivo, con evidencia, con altitud de miras, apuntando a mejorar nuestro sistema electoral y el sistema de partidos políticos.
Una reforma hecha a partir de sus objetivos, perdón a partir de los objetivos que solo una de las partes, a partir de las filias y fobias que permean en el debate público, de rencores o enconos personales o de partido, está condenada al fracaso y será inevitablemente regresiva. Por eso hay que celebrar la presentación de este libro, porque abona en el sentido contrario, abona a un debate objetivo y a un debate informado, a un debate incluyente.
Debemos avanzar en una lógica de consolidar nuestra democracia, nuestro pluralismo político, la diversidad y la inclusión, que son cimiento de las fortalezas que hemos construido a lo largo de décadas y que nos permitirán, al mismo tiempo, corregir nuestras debilidades.
Si la democracia es una obra colectiva, a todas y todos nos toca defenderla y cuidarla. Por ello, es esencial que una reforma electoral se construya concibiendo al pluralismo, la representación, de la diversidad, la inclusión y el poder regulado como auténticas virtudes públicas y valores democráticas y no como debilidades de nuestra convivencia social.
El compromiso con la democracia no se agota con el voto. Continúa con la defensa de todo aquello que la hace una realidad cotidiana y hoy estamos presentando un libro que contribuye, que abona en ese sentido.
Muchas gracias.
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