VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), CLAUDIA ZAVALA PÉREZ, EN EL PUNTO 3 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CIFRAS DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES PARA EL EJERCICIO 2022
Antes de comentar el proyecto de acuerdo que hoy vamos a deliberar, permítanme hacer un comentario inicial de contexto, dirigido fundamentalmente a la ciudadanía y espero que para ello pueda contar con la ayuda de los distintos medios de comunicación para que llegue a las personas indicadas.
Como ya lo ha venido comunicando, en estos momentos estamos en el proceso de confección de lo que será el anteproyecto de presupuesto que el INE requiere para 2022, para poder llevar a cabo todas y cada una de las atribuciones que la constitución y las leyes le confieren como autoridad del Estado mexicano y que, en términos generales y enunciativos podría incluir.
La operación ordinaria del Instituto en todo el país, la importante labor de la actualización permanente del Padrón Electoral y la emisión gratuita de las credenciales de elector, las actividades de organización, capacitación, fiscalización y procesos de estimación estadística de resultados que vamos a realizar en los procesos electorales locales de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas; el tema relativo a radio y televisión y, desde luego, y para el caso que hoy nos ocupa, el financiamiento de los partidos políticos.
Dado que en los últimos meses se han venido haciendo diversos señalamientos que buscan confundir a la ciudadanía y desprestigiar a este órgano constitucional autónomo, por lo que hace a su desempeño y su presupuesto, creo conveniente explicar a la ciudadanía lo siguiente: por lo que hace a su responsabilidad constitucional, el INE ha llevado hasta este momento 277 procesos electorales, uno para presidencia, uno para senadurías, tres para Cámara de Diputaciones y 271 elecciones locales.
En todos y cada uno de ellos, los resultados electorales han reflejado la más fiel y exacta representación de la voluntad popular.
Esto significa nada más. pero también nada menos. que el INE ha cumplido cabal y satisfactoriamente con su deber constitucional, al mismo tiempo que con su responsabilidad para con la ciudadanía, así lo han reconocido en la sociedad mexicana, así lo han reconocido los partidos políticos y también, ha sido reconocido en los informes de los observadores internacionales.
Por cuanto hace a la crítica por el costo de las elecciones, que es un tema, recurrente entre quienes buscan desacreditar al INE, es preciso explicarle a la ciudadanía que este costo no es un capricho del INE, sino el resultado del gran cúmulo de facultades y atribuciones que, a su vez, se traducen en un gran número de programas, procedimientos, actividades y acciones, para materializar las reglas legales en la función electoral de organizar las elecciones, reglas que por cierto contienen un modelo lleno de candados y redundancias que atienden a la propia desconfianza de los grupos y de las personas políticas, pero que al final de traducen en obligaciones que la Constitución y la ley le instruye realizar a este órgano nacional.
Hecha esta aclaración, retomo el tema que hoy nos ocupa, dirigiéndome de nueva cuenta a la ciudadanía.
Los montos de financiamiento de los partidos políticos son, tal como lo dice el proyecto, el resultado de la aplicación de una fórmula que establece el Artículo 41, párrafo segundo, base segunda, inciso a) de la Constitución; y 51, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley de Partidos Políticos, mismos que se señalan que el monto del financiamiento para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral Federal a la fecha de corte de julio de cada año, por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Así pues, tal y como lo dice el texto de este proyecto, de conformidad con los datos que nos fueron proporcionados por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, mediante correo electrónico oficial del 2 de agosto del 2021, el número total de personas ciudadanas inscritas en el padrón electoral, con corte al día 31 de julio del año en curso, ascendió a 95 millones 170 mil 381 ciudadanas y ciudadanos, de los que, 94 millones 75 mil 272 corresponden a residentes en nuestro país y 1 millón 95 mil 119 a mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero.
El INEGI calculó el valor diario de la UMA para el año 2021 en 89.62 centavos.
Así pues, siendo el caso de que el 65 por ciento del valor diario de la UMA para el año 2021 equivale a 58.25.
El financiamiento público anual para los partidos políticos por concepto de actividades ordinarias permanentes para el año 2022 será de cinco mil 543 millones 960 mil 204 pesos.
No obstante, a esta cifra habrá que añadirse y otra vez porque así está la disposición constitucional y legal y no porque lo defina el INE, los casi 278 millones más por concepto de franquicias postales y telegráficas, y de actividades específicas, dando un gran total de 5 mil 821 millones 851 mil 704 pesos.
Así, pues, subrayo, esta última cifra se deriva de una disposición constitucional, mas no de una decisión del INE.
Aclarando que lo único que hace el INE con esta cantidad es hacer las ministraciones correspondientes en los tiempos previamente definidos a los partidos políticos.
Termino, una vez dada esta explicación a las y los ciudadanos, que no ha tenido otro fin que evitar manipulaciones e información falsa, cualquier crítica, debate o cambio que quiera darse o proponerse respecto del costo de las elecciones, y en este caso, de los montos del financiamiento de los partidos políticos, corresponde, en todo caso, a la ciudadanía y a sus representantes en la Cámara de diputaciones y no al INE, que como ya he explicado, solamente ejerce con la debida diligencia y obligación de rendir cuentas los recursos que le aprueba la Cámara de diputaciones.
Gracias, Presidente, gracias, colegas.
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