El presidente de la República anunció que una de las tres iniciativas de reforma constitucional que presentará a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión a instalarse en septiembre de 2021, será para eliminar la representación proporcional en la Cámara de Diputados y el Senado.
La Cámara de Diputados se integra desde 1988 por 500 legisladores, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. A partir de 1996 la Constitución establece que ningún partido podrá tener más de 300 diputados por ambos principios ni un porcentaje de legisladores que sea mayor en ocho puntos a su porcentaje de votación. El Senado, desde el año 2000, se conforma por 128 legisladores: tres por entidad federativa (dos para el partido más votado y uno para el segundo lugar), así como 32 de una lista nacional de representación proporcional.
La inclusión de la representación proporcional fue pieza indispensable del proceso de democratización de México, a grado tal que hizo posible hacia el final del siglo pasado que el partido hegemónico y su líder, el titular del Ejecutivo, perdieran el control del Poder Legislativo, activando así la división de poderes que nuestra Constitución contempló desde 1917, pero que fue papel mojado durante las largas décadas del hiperpresidencialismo.
Gracias a que la representación proporcional dio pie a que las minorías dejaran de ser testimoniales y se convirtieran en auténticos contrapesos legislativos, entre 1997 y 2018 todos los presidentes coexistieron con integraciones de la Cámara de Diputados donde su partido o coalición no tenía la mayoría absoluta y estaban obligados por tanto a negociar con otras fuerzas políticas todas las iniciativas de ley, incluida la aprobación anual del presupuesto de egresos de la federación, por no hablar de los cambios constitucionales. Lo mismo ocurrió en el Senado entre el 2000 y 2018.
Aun cuando el presidente López Obrador contaría, de mantenerse la alianza de Morena con el Partido del Trabajo y con el Verde, con mayoría absoluta de asientos en ambas Cámaras durante todo su sexenio —aunque ni en los comicios de 2018 ni de 2021 sus coaliciones electorales recibieron la mayoría de los votos ciudadanos al Parlamento—, el mandatario propone como prioridad de la segunda mitad de su gobierno alterar la integración del Congreso, eliminando la vía fundamental para la expresión legislativa de la pluralidad política real y, en especial, de las minorías. No se trata, cabe recordarlo, de una iniciativa del todo original: desde hace más de una década otros presidentes han expresado intenciones similares, como Felipe Calderón1 en 2009 y Enrique Peña Nieto2 en 2012, venturosamente ambos sin éxito, aunque ninguno llegó a plantear la abolición de los diputados plurinominales como se pretende ahora.
La democracia, como insistía desde la izquierda el riguroso pensador Carlos Pereyra, siempre y necesariamente ha de ser política, formal, representativa y pluralista.3 La existencia del Parlamento hace posible que la pluralidad política real de la sociedad obtenga representación formal. Por ello, lesionar la expresión legislativa de la pluralidad es un contrasentido democrático.
La evidencia empírica de nuestra historia política reciente demuestra que, sin la representación proporcional, partidos y gobiernos con apoyo minoritario en las urnas habrían mantenido a pesar de ello un amplio control del Congreso. Esos datos duros revelan, también con claridad, los riesgos de prescindir de los diputados plurinominales.
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