Presentadora: Sean bienvenidas todas las personas al Foro Evaluación y prospectiva de las acciones afirmativas en los procesos electorales.
Para la inauguración de este foro, agradecemos la presencia del doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral; de la Consejera Electoral Carla Humphrey Jordán, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y no Discriminación del Instituto Nacional Electoral.
Agradecemos que también se encuentren con nosotros la Consejera Electoral Claudia Zavala Pérez, presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos; la Consejera Electoral Adriana Favela Herrera, integrante de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.
Agradecemos también se encuentre con nosotros el Consejero Martín Faz Mora; el maestro Patricio Ballados, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos; y a las y los representantes de los partidos políticos nacionales; y gracias también a quienes siguen esta transmisión de manera especial.
Gracias a integrantes de la Junta General Ejecutiva; al personal de las juntas locales y distritales; así como de oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral.
Para dar inicio, damos la palabra a la Consejera Electoral Carla Humphrey Jordán.
Consejera Electoral del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan: Perdón, gracias, Julieta.
Buenos días a todas y a todos.
En particular, saludo con mucho gusto al doctor Lorenzo Córdova Vianello, Presidente del Instituto Nacional Electoral; a mis compañeras consejeras Claudia Zavala, Adriana Favela; a mi compañero Martín Faz.
Y me gustaría antes de iniciar este importante foro pedir un minuto de silencio por la muerte de María Elena Chapa, quien desafortunadamente hace unas horas falleció.
(Minuto de silencio)
Consejera Electoral del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan: Muchas gracias.
Descanse en paz María Elena Chapa, luchadora incansable de los derechos de las mujeres en nuestro país.
Quisiera iniciar mi participación con dos definiciones doctrinales de lo que debe entenderse por acciones afirmativas.
De acuerdo con Alma Arámbula, la acción afirmativa es el término que se da a una acción, que a diferencia de la discriminación negativa, o simplemente discriminación, pretende establecer políticas que dan un determinado grupo social, étnico, minoritario o que históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales, un trato preferencial en el acceso de distribución de cierto recurso o servicio, así como acceso a determinados bienes, con el objeto de mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos y compensarlos por los prejuicios o la discriminación de la que fueron víctimas en el pasado.
Para María Sofía Sagüés, son las acciones afirmativas también denominada discriminación inversa, que implica la utilización de protección especial sobre determinados sectores sociales históricamente discriminados, en miras a procurar una solución transitoria que permita garantizar la igualdad de oportunidades.
Las acciones afirmativas nacen de la obligación del Estado mexicano de establecer medidas en tanto éstas sean temporales, razonables, proporcionales y objetivas, orientadas a conseguir la igualdad material.
Por lo que los elementos fundamentales de las acciones afirmativas son: el objeto y el fin, es decir, hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar una representación o nivel de participación equilibrada; así como establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades.
Las personas destinatarias que son los grupos y personas en situación de vulnerabilidad, desventaja o discriminación, para gozar y ejercer efectivamente sus derechos y la conducta exigible; instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria.
En materia del ejercicio de los derechos políticos y electorales, la evolución de las acciones afirmativas se ha dado de manera fundamental en las establecidas a favor de las mujeres, pues se trata de un grupo social e históricamente en situación de discriminación más numeroso y respecto del cual la exclusión es más evidente.
Es así, que desde 1996 han habido múltiples reformas que nos llevaron desde las cuotas primero optativas y casi como recomendaciones a los partidos políticos, hasta pasar a cuotas con sanciones y, por supuesto, hasta pasar a una emblemática sentencia de la Sala Superior a un juicio de protección de derechos, la 12/6/24/2011 que estableció una serie de medidas y de herramientas para garantizar en ese momento el cumplimiento de las cuotas de género, como son la alternancia, la cremallera que llamamos, como establecer que una fórmula encabezada por mujeres tenía que tener en la suplencia también a otra mujer, y una larga serie de medidas que después fueron retomadas en reformas constitucionales y legales.
Con el fin de reconocer la autonomía y libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, que hoy se celebra justamente este día, así que este Foro es muy importante haberlo iniciado, y agradezco a todos mis colegas que estamos inaugurando este Foro, con el fin de reconocer la autonomía y libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, este Instituto Nacional Electoral en el Proceso Electoral 2017-2018 estableció, por primer ocasión, acciones afirmativas para la postulación de candidaturas indígenas para la Cámara de Diputados y Diputadas del Congreso de la Unión.
Debemos recordar que el origen de la discriminación de otros grupos sociales tiene la misma fuente en común, la imposición de una visión machista y patriarcal de la vida en sociedad basada en una visión eurocentrista y occidental, conforme a la cual únicamente los hombres con ciertas características pertenecen a un grupo privilegiado con el derecho de participar en la vida pública tanto en el gobierno como en el sector empresarial.
Por tanto, todas las personas que no pertenezcan a este grupo por virtud de las estructuras sociales mencionadas y condiciones de facto son excluidas de participar en todos los ámbitos de la vida pública.
Esta exclusión estructural desde luego incluye a las mujeres y a las personas indígenas, pero no solamente a ellas, existen otros grupos que históricamente han padecido esta discriminación como las personas afromexicanas, con discapacidad, jóvenes de la diversidad sexual, migrantes y residentes en el extranjero, así como adultas mayores.
En todos estos grupos existe un elemento común, no se ha adecuan al estándar establecido por el patriarcado para pertenecer al grupo dominante.
Se trata de una exclusión, de hecho, que ha permeado fuertemente en las estructuras sociales y que se contraponen con el principio de igualdad y no discriminación, pues parten de la idea de que por ciertas características las personas no son iguales y que esta situación justifica tanto un trato diferenciado y la exclusión del ejercicio de estos derechos, lo cual se contrapone con el derecho humano reconocido constitucional y convencionalmente a la no discriminación.
Ahora bien, el reconocimiento de una igualdad formal, esto es de que todas las perdonas cuentan con los mismos derechos, no ha sido suficiente para revertir la desigualdad mencionada, pues las condiciones estructurales no son jurídicas al tener su origen en condiciones metanormativas, determinadas por las estructuras sociales.
Si bien, el reconocimiento de igualdad de derechos para todas las personas resuelve una parte del problema de la exclusión, no remueve las condiciones estructurales creadas y que permean en todos los ámbitos de la vida en sociedad, pues no se trata de limitaciones de naturaleza normativa, sino antropológica.
Por tanto, para solucionar el problema de exclusión, desde el Derecho es necesario crear condiciones concretas que en primer lugar inhiban los resultados de esas condiciones estructurales; y en segundo, abran camino para revertir esta tendencia y es aquí donde entran las acciones afirmativas como una manifestación del principio de igualdad material o real.
En materia de representación pública, la acción afirmativa que ha resultado más idónea, es reservar cierto número de candidaturas en favor de los grupos en situación de discriminación, mediante el establecimiento de la obligación de los partidos políticos, de postular en estos lugares a personas pertenecientes a ciertos grupos.
La primera disyuntiva que se presenta es la intensidad, el grado de esta acción afirmativa, esto es: cuántas candidaturas deben reservarse para cada grupo en situación de discriminación.
La solución que se ha encontrado es numérica, en principio, cada grupo tendrá un porcentaje de escaños equivalente al porcentaje que represente en toda la sociedad, de aquí deriva el principio de paridad para las acciones afirmativas en principio, en favor de las mujeres.
Esta idea se sustenta en el principio de democracia representativa de los estados modernos, recogidos en los artículos 39 y 40 constitucionales, conforme a los cuales los poderes constituidos se constituyen para representar al pueblo.
Entonces, en atención a este principio, en la integración del gobierno deben estar representados todos los grupos que conforman la sociedad.
La problemática consiste en determinar el número de personas que integran estos grupos sociales, así como las formas en las que se les da acceso y una vez que tienen acceso los lugares que ocupan dentro de estos órganos con la posibilidad de entonces, incidir en políticas públicas, en destino de presupuestos, en delinear o reformar diversas leyes que favorezcan a los grupos a los que pertenece.
Tal actividad revisa una complejidad particular en cada caso, por ejemplo, determinar el número de mujeres es relativamente sencillo, pues en principio atiende al género de las personas y estadísticamente la composición social es de 51 por ciento de mujeres y 49 por ciento de hombres.
Sin embargo, esta determinación se vuelve problemática cuando se trata de categoría que atienden a rangos de edad como es el caso de personas jóvenes y adultas mayores, pues el problema radica en determinar ese rango o cuando la calidad obedece a condiciones subjetivas como la calidad de indígena o perteneciente a la diversidad sexual.
Esto nos lleva a otro problema, la acreditación de la pertenencia al grupo social en situación de discriminación.
De acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales, la calidad de indígena obedece a la concepción subjetiva del individuo, por lo que la regla para acreditarlo es la autoadscripción, esto es la simple manifestación de ser.
Sin embargo, en los hechos, la autoadscripción ha sido problemática, pues ha generado suplantaciones y fraudes a la ley que han llevado a establecer una autoadscripción calificada, es decir, requerir pruebas idóneas para acreditar la calidad que se sustenta.
Otro de los retos que hemos advertido, producto de la experiencia, de la implementación de acciones afirmativas, establecidos en favor de las mujeres, es que la simple postulación no es suficiente, pues se requieren además de otras condiciones para la viabilidad de la candidatura, como el financiamiento público o espacios igualitarios en radio y televisión.
Pero sobre todo el gran lastre de la participación política de las mujeres es sin duda la violencia política de género que padecen, resultado de la remoción de las inercias sociales que impedían su ejercicio, que van desde micromachismos, hasta feminicidios.
Estas mismas inercias son las que impiden la participación política de personas pertenecientes a otros grupos sociales en desventaja, por lo que igualmente puede presentarse casos de violencia en su contra.
Por otra parte, la experiencia igualmente nos enseña que el llegar al cargo de elección popular no es suficiente para incidir en decisiones fundamentales.
La primera intención de la postulación es que se ocupe un cargo de elección popular, pero la segunda, desde mi concepto, la más importante es que participen efectivamente en la toma de decisiones, que se traduzcan en políticas públicas, en beneficio de los grupos que representa.
Quisiera pasar ahora a las acciones afirmativas, aprobadas por los órganos administrativos electorales para este proceso electoral 2020-2021.
A nivel federal el Consejo General del INE aprobó por segunda ocasión, acciones afirmativas en favor de las personas indígenas y, por primera vez, para personas afromexicanas, con discapacidad de la diversidad sexual, así como migrantes y residentes en el extranjero.
En el ámbito de las candidaturas indígenas, se aprobó incrementar de 13 a 21 al número de distritos, entre los partidos políticos o coaliciones, debieron postular personas que se autoadscribieran como indígenas en 21 distritos determinados por el INE, debiendo postular al menos 11 fórmulas integradas por mujeres.
Asimismo, se estableció una acción afirmativa para las candidaturas de representación proporcional, a fin de que los partidos políticos y coaliciones postularan nueve fórmulas, integradas por personas indígenas de las cuales al menos una debió ubicarse en el primer bloque de 10 fórmulas de la siguiente forma.
Una fórmula en la primera, segunda y quinta circunscripciones, dos en la cuarta y cuatro en la tercera.
Asimismo, se establecieron las siguientes acciones afirmativas, tres fórmulas de mayoría relativa y una en cualquiera de las cinco listas en los primeros 10 lugares para personas afromexicanas; seis fórmulas de mayoría relativa y dos, en cualquiera de las cinco listas en los primeros 10 lugares para personas con discapacidad y dos de mayoría relativa, y una en cualquiera de las cinco listas de los primeros 10 lugares para personas de la diversidad sexual y cinco, una en cada una de las cinco listas en los primeros 10 lugares para la preparación migrante y residente en el extranjero.
De acuerdo con los datos preliminares, estas acciones afirmativas tendrían el siguiente efecto o tuvieron el siguiente efecto:
Seis diputaciones corresponderán a personas afromexicanas; ocho a personas con discapacidad; cuatro a la diversidad sexual, 37 serán personas indígenas y 10 serán personas migrantes.
El presente foro será de gran utilidad para analizar la efectividad de las acciones afirmativas para permitir el acceso de personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación a órganos colegiados de elección popular, si la intensidad en la que fueron previstas guardan una proporción con el grupo en cuestión.
Asimismo, es el espacio propicio para discutir sobre su extensión a otros órganos colegiados, por ejemplo, el Senado de la República, las legislaturas locales, así como para los municipios y también las medidas adicionales, distintas a la postulación necesarias para que estas candidaturas lleguen a integrar estos órganos colegiados en las mejores condiciones.
Estoy segura que los trabajos de este foro serán fundamentales para el diseño de diversas acciones afirmativas en los próximos procesos electorales.
La heterogeneidad cultural que caracteriza nuestro país se refleja en su diversidad; como Estado mexicano, todas las instituciones que lo conformamos tenemos el compromiso de impulsar su respeto y reconocimiento, combatir la discriminación, mejorar sus condiciones de vida y promover su fortalecimiento, desarrollo económico y social.
Un verdadero ejercicio de inclusión es aquel que escucha todas las voces, las voces de aquellas personas que han sido invisibilizadas históricamente, y en muchos casos, víctimas de un trato desigualdad y racista, pero, sobre todo, violentadas en sus derechos humanos.
Ahí se inscribe el mandato de las instituciones electorales de garantizar sin distinción alguna sus derechos políticos y electorales, tratarlas con dignidad y permitirles ejercer sus derechos sin violencia y sin discriminación.
Quisiera concluir mi intervención destacando que el establecimiento a las acciones afirmativas no tiene por finalidad quitar un lugar a algún grupo en particular, sino restaurar el equilibrio que nunca debió perderse.
Muchas gracias a todos y a todas.
Presentadora: Muchas gracias, consejera Humphrey.
A continuación, damos el uso de la voz al Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.
Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello: Muchas gracias.
Muy buenos días tengan todas y todos.
Es un verdadero privilegio poder participar en la inauguración, en la mesa inaugural de este Foro Virtual Evaluación y prospectiva de las acciones afirmativas en los procesos electorales federales.
Agradezco mucho a la Consejera Carla Humphrey, a la Consejera Adriana Favela y a la Consejera Claudia Zavala en particular, la iniciativa de poder llevar a cabo este foro, el primer foro de balance aun cuando el proceso electoral, como ya lo señalaba la Consejera Humphrey, no tiene todavía cifras definitivas, estamos esperando como institución administrativa que termine las impugnaciones que han sido presentadas ante el Tribunal Electoral para que procedamos a la asignación de las diputaciones de Representación Proporcional de la Sexagésima Quinta Legislatura, y a partir de ahí seguramente las cifras, que ya anticipamos y que se han anticipado, y que anticiparé yo también, que se consolidarán en breve.
Pero creo que es importante comenzar a hacer un balance de la pluralidad de acciones afirmativas que se hicieron, que se tomaron de cara a este proceso electoral, como una manera de fortalecer o robustecer lo alcanzado hacia el futuro y, por supuesto, abrir la puerta a espacios de mejora que tendrán que ser lo más discutido, lo más ampliamente posible.
Quisiera articular esta primera intervención en cuatro grandes puntos:
El primero tiene que ver con la característica que ha probablemente delineado, configurado en mejora el proceso de transacción a la democracia en nuestro país, la concepción de nuestro sistema democrático, que es la gradualidad con la que misma se ha venido, digámoslo así, poco a poco a ser inventado.
En segundo lugar, cómo ese gradualismo no solamente tiene que ver con el proceso de construcción de la democracia, sino también de la incorporación paulatina de acciones afirmativas a lo largo del tiempo.
En tercer lugar, hacer una referencia complementaria a la que ya ha hecho la Consejera Humphrey, a propósito de las acciones afirmativas para la paridad y la inclusión en este proceso electoral.
Y finalmente, quisiera hacer un comentario conclusivo. La democracia mexicana es el producto de una larga serie de reformas electorales que fueron modificando el sistema de representación, las condiciones de la competencia, el carácter mismo, el diseño mismo de las instituciones electorales, y que invariablemente han venido expandiendo y garantizando la inclusión y el ejercicio de derechos.
Todas estas transformaciones han tenido como característica, su gradualismo.
Así fue como se desmontó el sistema autoritario que caracterizó gran parte del siglo XX mexicano. Así se consolidó el sufragio como la única herramienta para acceder a los poderes públicos electivos; y fue así como México se convirtió en el país de derechos y libertades, con todos los pendientes en esta materia que sin duda tenemos, pero que nos caracteriza desde hace más de dos décadas y media.
Este gradualismo y el incesante proceso de expansión de derechos refleja que en México la democracia no se construyó en un día, por el contrario, nuestro sistema democrático es la síntesis de múltiples consensos políticos de quienes apostaron por la construcción de un sistema electoral que reflejara adecuadamente el intenso y vigoroso pluralismo que caracteriza a nuestra sociedad y la diversidad que define a nuestra nación, así como las contribuciones de minorías y mayorías en la toma de decisiones.
En suma, un sistema democrático en donde las distintas agrupaciones políticas, mayoritarias y minoritarias, interactúan entre sí con respeto para la construcción de decisiones colectivas.
La gradualidad en la adecuación del entramado para la recreación de la democracia nos ha permitido, en ese sentido, aprender del pasado, perfeccionar poco a poco los procedimientos electorales sin que ninguna reforma implicara una ruptura con el orden establecido y, consecuentemente, riesgos radicales de retrocesos, y también implicó que los anhelos democráticos que implicaban, que pudieran implicar la ruptura del orden constitucional.
Es decir, el orden constitucional se mantuvo, se modificó paulatinamente, pero en México, a diferencia de otras transiciones a la democracia, no hay un punto de ruptura, si bien hay varios puntos de inflexión, que paulatina y gradualmente fueron transformando a la realidad política de nuestro sistema electoral y, por ende, la faz de la política en nuestro país.
En otras palabras, la democracia mexicana es producto de los consensos que a lo largo de 45 años sustentaron ocho grandes reformas electorales federales, en las que se recuperaron las principales demandas de la sociedad en materia de representación política, las exigencias sobre el diseño de las instituciones autónomas encargadas de organizar y calificar las elecciones, así como las inquietudes para transparentar los procedimientos, y el dinero invertido en la competencia electoral.
Esto fue posible porque cada una de las reformas constitucionales y legales tuvieron objetivos específicos sobre qué se quería modificar y sobre qué se quería lograr con dichas reformas; por ejemplo, la reforma de 1996 excluyó definitivamente al gobierno del sistema electoral de la organización de las elecciones, y buscó darle equidad al dinero invertido en la competencia electoral, fortaleciendo así el sistema de doble garantía que, digamos, ha implicado este sistema dual de un órgano administrativo y un órgano de revisión, como lo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En segundo lugar, la reforma de 2007-2008 se orientó a transparentar los resultados electorales mediante el recuento de los votos, a evitar que el dinero determinara el acceso a los medios electrónicos y a eliminar el secreto bancario fiscal y fiduciario para las tareas de fiscalización del entonces IFE.
Finalmente, la reforma de 2014 se orientó a estandarizar las condiciones de las competencias electorales, de la competencia electoral en todo el país y a fortalecer la independencia y profesionalismo de las autoridades electorales locales.
Son solo tres botones de muestra de la lógica que ha inspirado, insisto, las de gradualismo y paulatina transformación de nuestro sistema electoral.
Este método para fortalecer el sistema electoral y sus instituciones le ha valido a México, por cierto, múltiples reconocimientos en materia internacional, ha favorecido que múltiples métodos y procedimientos diseñados en México sean tomados como referencia por otras naciones y la experiencia mexicana constituye uno de estos casos de éxito a nivel internacional respecto de la transición pacífica y ordenada de un sistema autoritario a otro, de carácter democrático.
Creo que es importante señalar, en este sentido, que esta lógica de gradualismo no ha significado cambios tímidos y menores, si uno observa el bosque de la transición, podrá entender que, a pesar de esta lógica de paulatinos cambios, de cambios periódicos y graduales, la profundidad de los mismos ha sido radical.
El México de hoy en lo que hace a su sistema electoral, no tiene absolutamente nada que ver, por fortuna, con el sistema electoral que regía en nuestro país hace apenas 30 años.
Esta misma lógica de gradualidad utilizada en la evolución de la democracia mexicana, se ha experimentado también en materia de inclusión y paridad.
Permita recordar a grandes pinceladas, algunas de las medidas tomadas en los últimos 20 años, tendentes a la inclusión de las personas que padecen algún tipo de discapacidad.
Como ejemplo, el uso de mascarillas braille y mamparas especiales para el ejercicio del derecho al voto, la disposición para ubicar las casillas en lugares que no dificulten el acceso a personas con discapacidades motrices, o bien, la elaboración de audios con nombres de candidatos y el contenido de las boletas para personas ciegas.
En materia de paridad, por su parte, permítanme un muy breve recuento de las acciones que se han impulsado y que contribuyeron a que en 2018 lográramos, finalmente, que la paridad en las candidaturas se tradujera en una paridad en la representación política en el Poder Legislativo de nuestro país.
Las primeras disposiciones de la legislación electoral en materia de participación política de las mujeres datan en 1993, me centro, por supuesto en la etapa de democratización de nuestro régimen político.
Datan, decía, de 1993 cuando se culminó a los partidos políticos, se recomendó a los partidos políticos, a que la promovieran en sus documentos internos.
La reforma de 1996 recomendó a los partidos políticos que incluyeran una distribución de sus candidaturas en porcentajes de 70 a 30 por ciento. En caso de inobservancia, se establecía la posibilidad de rectificación e incluso de sanciones por reincidencia.
No obstante, el cuestionamiento a la inobservancia no aplicaba si las candidaturas eran producto de elecciones directas.
En 2002 se establecieron las cuotas de género como medidas afirmativas con implicaciones a su incumplimiento, se mantuvo la excepción de candidaturas derivadas de mecanismos de democracia interna y se estableció la obligación de alternar, en las listas de representación proporcional, candidaturas de género en segmentos de cinco candidaturas.
En 2003 el IFE estableció el acuerdo de cremallera en las candidaturas de Representación Proporcional para permitir una mayor posibilidad de que las mujeres accedieran, efectivamente, por la vía de la Representación Proporcional a cargos electivos.
La reforma de 2007-2008, avanzó aún más en el tema de igualdad entre géneros, estableció el porcentaje de candidaturas en un 40 por ciento, al menos de un mismo género, y se obligó a los partidos políticos a destinar un porcentaje de su financiamiento a la promoción del liderazgo de las mujeres, un dos por ciento entonces.
En 2014 se estableció en la Constitución el sistema paritario y se elevó a tres por cinto el monto de los recursos que los partidos políticos deberían destinar al liderazgo político de las mujeres.
El nuevo modelo de democracia obligó a la paridad en las fórmulas para contender por senadurías y diputaciones que se integraran por personas del mismo género en términos de las fórmulas, al igual que en las candidaturas independientes.
Además, dicha reforma facultó a las autoridades electorales para cito: “…rechazar el registro del número de candidaturas de género que excede a la paridad, fijando al partido un plazo prorrogable para la sustitución de las mismas en caso de que no sean sustituidas, no se centraran dichos registros”.
En el mismo sentido, la Ley General de Partidos Políticos de hace 2014, también incluyó medidas para fortalecer la paridad de género, estableció que cada partido político determinaría y haría públicos los criterios para garantizar dicha paridad en las candidaturas federales y locales y, que los partidos aseguraran condiciones de igualdad entre los géneros y que en ningún caso se aceptarían candidaturas exclusivamente en aquellos distritos en los que el partido hubiera obtenido los menores porcentajes de votación, lo que derivó en los ya conocidos bloques de competitividad.
Para complementar a esos arreglos institucionales, en 2017, el INE tomó diversas determinaciones, entre ellas el acuerdo de noviembre de ese año, que fue fundamental para impulsar la paridad legislativa con apoyo en la representación proporcional.
Ese acuerdo, dispuso que la postulación de candidaturas a Senado de la Cámara de Diputados debía observar lo siguiente: en el Senado, que una de las dos fórmulas de Mayoría Relativa de cada entidad, debería estar encabezada por mujeres, en la lista de las 32 candidaturas de Representación Proporcional; la primera fue la fórmula tendría que estar encabezada por mujeres y además, en la mitad de dichas postulaciones se tendría que aplicar el principio de paridad, en lo que hace a la Mayoría Relativa.
Por lo que hace a la Cámara de Diputados, al menos dos de las cinco listas de Representación Proporcional tendrían que estar encabezada por mujeres y en el 40 por ciento, 12 de los 28 distritos indígenas deberían incluirse a candidatas y candidatos que se auto reconocieran como tales. El Tribunal Electoral y conocer de la impugnación sobre esta decisión, sobre esta medida afirmativa, como ustedes saben, amplió a 13 y determinó que ésta tendría que ser el número y determinó que ésta tendría que verificarse en aquellos distritos con mayor población indígena registrada.
Para complementar estas medidas y seguir contribuyendo al carácter incluyente de la democracia mexicana, de cara al proceso electoral de 2018, el INE tomó otras medidas, como por ejemplo, el acuerdo para facilitar la participación de personas con discapacidades como funcionarios de casilla, el acuerdo para evitar la discriminación y garantizar el voto de igualdad en condiciones para las personas trans, el uso de un prototipo de casilla especial para instalarse en hospitales, se diseñaron carteles con imágenes gráficas y textos que referían facilidades para el ejercicio del voto de las personas con discapacidades, con situaciones de vulnerabilidad. Los resultados fueron concluyentes.
En la Cámara de Diputados la legislatura que está terminando, el 48.2 por ciento de las curules históricamente fueron ocupadas por mujeres y en el senado las legislaturas todavía sigue su curso, el 49.21 por ciento está representado por mujeres.
Esto fue posible porque configuramos un conjunto de sinergia sin precedentes entre la sociedad civil y las instituciones, esta forma de avanzar hacia la inclusión y la paridad permitió que en 2018 el INE asegurara la competencia electoral paritaria, no solamente en el plano de las, repito, de las candidaturas, sino también de la representación en cuanto total, así como la inclusión de sectores tradicionalmente discriminados y marginados en nuestra sociedad.
En este 2021, el proceso electoral más grande y complejo de la historia inició en un contexto francamente adverso para la recreación de la democracia, veníamos de más de dos años de ataques al INE desde las esferas del poder, de sortear diversas intentonas de reformas electorales, abiertamente regresivas y con un tufo claramente autoritario.
Sufrimos el recorte presupuestal más grande de la historia en un año con las elecciones federales, y por si lo anterior no fuera suficiente, México y el mundo se encontraba, se encuentra todavía, lamentablemente, en medio de una de las peores pandemias de los últimos 100 años.
En medio de este contexto adverso, la buena noticia fue la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, la ENCUCI, la encuesta que elaboró el INEGI entre agosto y septiembre de 2020 señalaba que el INE es la institución civil que goza con mayor nivel de confianza de la población mexicana.
Que el INE sea la institución civil con mayor nivel de confianza de todas las instituciones de la vida pública en México fue un incentivo para seguir siendo, como ha ocurrido hasta ahora, guardianes incondicionales de la legalidad e imparcialidad en las elecciones y la vanguardia en cuanto a disposiciones para la inclusión y la igualdad de las personas en la vida política.
Así, con esos antecedentes, con la reforma constitucional de abril de 2020 y ante la cantidad de cargos que se elegirían en las urnas, casi 20 mil 500, estábamos ante un hecho inédito: el mayor número de mujeres de nuestra historia competiría por la mayor cantidad de cargos electivos y con el mejor marco normativo para incursar la paridad.
Ésa fue una oportunidad inmejorable para que superáramos la última frontera en materia de paridad: la de los ayuntamientos. También fue una oportunidad inédita, para que en las campañas se impulsara la agenda de género y se pudiera construir una pedagogía pública para la paridad y la igualdad sustantiva.
Se trataba de pasar de la paridad legislativa a la paridad en todo. Nuestro objetivo en materia de paridad, en congruencia con el mandato constitucional, fue consolidar el porcentaje de mujeres legisladoras en el nivel local y de alcanzar la paridad en los ayuntamientos, pero sin perder los logros alcanzados.
Es decir, el gran desafío fue que, en esta segunda elección, después de la que de 2018 permitió la paridad en el Congreso, dicha paridad, efectivamente, se refrendara.
Pero en el INE no nos conformamos con ese objetivo básico, avanzamos en el establecimiento de acciones afirmativas que fortalecieran la participación de las mujeres en las elecciones y de grupos sociales, que se hayan vistos subrepresentados en los órganos del estado.
Así, entre estas acciones de manera complementaria, las que mencionó ya la Consejera Humphrey, vale la pena destacar la siguiente:
Primero, al igual que en 2018, los criterios buscaron asegurar la paridad de género en las candidaturas de mayoría y de representación proporcional en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Segundo, se incrementaron de 13 a 21 los distritos en los que se postularon candidaturas indígenas, y en ellos al menos en 11 tuvieron que postularse a mujeres.
Tercero, las fórmulas de propietario suplente tuvieron que integrarse por personas del mismo género, excepto en los casos en los que el propietario fuera un hombre, en cuyo caso la suplente sí podía ser una mujer.
Cuarto, los partidos políticos y coaliciones pudieron postular más mujeres que hombres a las diputaciones federales de Mayoría Relativa o de Representación Proporcional, pero ese número de candidaturas de mujeres no podía disminuir una vez que fueran registradas.
Quinto, las coaliciones y los partidos estuvieron sujetos a las mismas reglas de paridad de género, por lo que las candidaturas que se registraron individualmente por los partidos no eran acumulables a las de la coalición para incumplir con el principio de paridad.
Y sexto, las listas de representación proporcional se integraron de manera alternada, y fueron encabezadas por el mismo género en al menos dos de las cinco listas que tuvieron que alternar dicho encabezamiento en cada proceso.
Además, para erradicar la violencia política por razones de género, partidos y coaliciones tuvieron que verificar que las personas postuladas como candidatas cumplieran con lo que se denominó la regla 3 de 3 en materia de género, que implicó no haber sido condenado la candidatura o sancionada mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica; dos, no haber sido condenada dicha candidatura o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; y tercero, no haber sido condenada dicha candidatura o sancionada mediante resolución firme, como deudor alimentario moroso.
Con estas disposiciones llegamos a la Jornada Electoral del pasado 6 de junio, y aunque hubo avances, también se observaron retrocesos y estancamientos en algunas áreas.
Es evidente que la elección más grande y compleja de nuestra historia demostró que, el modelo electoral surgido de la reforma de 2014 garantiza la imparcialidad, la inclusión y la equidad en todas las elecciones federales y locales realizadas en México.
Este modelo ha contribuido a la paridad e inclusión de la vida pública, pero en contraparte, a la par en que se ha incrementado la participación política de las mujeres, también ha aumentado la violencia política en razón de género y adquiere diversas manifestaciones.
Los ayuntamientos siguen siendo un enorme reto en materia de paridad.
Las simulaciones que realizaron algunas fuerzas políticas para aprovecharse de las acciones afirmativas, todavía se tienen, todavía subrayan los déficits de cultura cívica que se tienen al interior de los institutos políticos-.
Cuantitativamente, lo anterior, los logros, a pesar de estos señalamientos de estas áreas de oportunidad para decirlo de manera eufemística, de graves retrocesos en algunos casos para decirlo de manera clara, sin embargo, cuantitativamente las cifras de la paridad siguen refrendando la puesta bien lograda que se ha hecho en México.
En la Cámara de Diputados muy probablemente tendremos 248 diputadas, lo que implica que pasamos de un 48.2 por ciento de curules obtenidas por mujeres en 2018, a 49.6.
En los congresos locales, de 673 diputaciones en competencia, se eligieron a 335 mujeres por el principio de Mayoría Relativa.
Gracias a las acciones afirmativas impulsadas, como ya decía la Consejera Humphrey, se lograron 65 diputaciones federales para que la diversidad y la inclusión de escuche con la Cámara de Diputados; 37 de ellas son personas indígenas, 10 migrantes, ocho personas con algún tipo de discapacidad, seis personas afromexicanas y cuatro de los colectivos de la diversidad sexual.
Pero en los ayuntamientos no tendremos gran avance, incluso se experimentó un retroceso marginal, del 27.2 por ciento de alcaldías encabezadas por mujeres, pasamos al 25.8 por ciento.
La violencia en razón de género también no se redujo e incluso se complejizó al desplegarse de diversas maneras en las redes sociales.
Permítanme terminar señalando lo siguiente, fortalecer el carácter incluyente de nuestra vida democrática ha sido un objetivo transcendental, transversal en las últimas dos décadas de vida, de recreación democrática.
En pocos años México se convirtió en uno de los países con mayor porcentaje de mujeres legisladoras del mundo, garantizamos la paridad en todas las candidaturas y establecimos como he señalado mecanismos para garantizar la paridad y la inclusión en la representación política.
En 2021 fortalecimos el modelo que ONU Mujeres ha definido como la fórmula mexicana de impulso a paridad y que ha sido referente en América Latina.
Y ahí la importancia de foros como éste, que puedan servir como caja de resonancia para potenciar nuestros anhelos de igualdad sustantiva y para contribuir a que los logros en materia de género en lo que nos hemos referido, sean un punto de partida para el futuro de nuestra convivencia y clave democrática.
En tres décadas, las decisiones tomadas por las autoridades electorales han contribuido a la transformación de las formas de acceder y competir por los poderes públicos y han incidido en el establecimiento de bases para una convivencia democrática cimentada en la igualdad de derechos.
En ese sentido, los criterios que aprobamos para los comicios de 2021 representan un paso más hacia esa democracia inclusiva y paritaria por la que tantas mujeres y hombres hemos luchado desde nuestros respectivos ámbitos de competencia; pero como todos los logros democráticos, los logros en materia de paridad también pueden eventualmente experimentar un proceso regresivo.
Ésa es una lección que hemos aprendido en las últimas décadas, la ruta de la democracia es de dos vías, una que avance hacia su consolidación y otra que es regresiva y que puede regresarlos a un pasado autoritario.
Por eso, no podemos perder de vista los desafíos que nos está imponiendo un contexto de incesantes ataques y descalificaciones a las autoridades electorales, especialmente porque en un contexto dominado por la intolerancia y la polarización se esté empujando, eventualmente, hacia reformas electorales que no necesariamente pueden venir en esta lógica que señalaba al principio, a consolidar y fortalecer lo que hasta ahora hemos alcanzado, sino bajo la promesa de transformar radicalmente esta institucionalidad democrática, pueden implicar francos retrocesos.
Por ello, es necesario el involucramiento de todos los partidos políticos para conocer y analizar las propuestas de reformas electorales y que la sociedad, los especialistas y las autoridades electorales podamos participar, en nuestro caso, con el aporte técnico que caracteriza nuestro trabajo en la redefinición del andamiaje electoral para que el futuro de nuestra nación sea de una democracia mejor, más robusta y no de una democracia más precaria.
Es claro que este modelo electoral garantiza imparcialidad, equidad y transparencia para cualquier elección, incluida la de 2024, pero claro que hay áreas de mejora, y hacia ahí debemos apuntar, a menos que el objetivo sea regresar a aquellas épocas en donde en las elecciones el gobierno era juez y parte.
Muchas gracias.
Presentadora: Muchas gracias, Consejero Presidente.
Gracias también a la Consejera Humphrey por inaugurar el Foro Evaluación y prospectiva de las acciones afirmativas en los procesos electorales.
A quienes siguen esta transmisión les informamos que haremos un breve corte y regresaremos con la primera mesa Experiencias y retos de los partidos políticos nacionales en el cumplimiento de acciones afirmativas.
En un momento regresamos.
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