El proceso electoral de 2021 aún no termina. Un eslabón previo a la calificación final de las elecciones y la resolución de las impugnaciones presentadas consiste en concluir la fiscalización de los ingresos y gastos de los candidatos durante las campañas.
El Instituto Nacional Electoral (INE) es la única autoridad fiscalizadora de todas las campañas que tienen lugar en el país, federales y locales (gubernaturas, congresos estatales, municipios). Apenas 45 días después de terminadas las campañas, el INE debe votar los dictámenes de la fiscalización. Eso ocurrió el pasado 22 de julio. Si los comicios de 2021 fueron los más grandes de nuestra historia, también lo fue la fiscalización al dinero involucrado en las campañas. Veamos la magnitud de la tarea.
Fue menester fiscalizar a 29,612 contendientes, quienes en conjunto tuvieron ingresos por $5,632 millones de pesos y gastos por $5,646 mdp, es decir, hubo que revisar más de 11 mil 200 millones. El trabajo del INE no se reduce a tomar las cifras que reportan partidos y candidatos, al contrario, se sale a campo a verificar cómo transcurren las campañas. Así, se levantaron 110 mil testigos de espectaculares y publicidad en vía pública, 50 mil testigos de publicidad en portales e internet, 9 mil anuncios en medios impresos, se registró 1 millón 400 mil actos de campaña, se visitó 17.6 mil mítines proselitistas. Ello permitió detectar, por ejemplo, 348 millones de gasto no informado a la autoridad, es decir, se trata de dinero que recibieron y gastaron los actores políticos en la opacidad y, por tanto, en la ilegalidad.
Sin embargo, hay que decirlo, los partidos informaron el 94% de su gasto. El grueso del dinero que se gasta se reporta y conoce. También, por el lado de los ingresos, el 95% del financiamiento es de origen público y transparente.
Las multas que impuso el INE ascienden a 1,203 millones de pesos cuyo destino serán el Conacyt y los institutos locales de ciencia y tecnología. El partido más multado fue Morena (373 millones), seguido por dos partidos de nueva creación: Fuerza por México (103 mdp) y Redes Sociales Progresistas (101 mdp).
En las elecciones federales, no hubo rebases de topes de gasto de campaña. En el ámbito local se detectaron 274 rebases (ninguno de abanderados a gubernaturas) de 27,375 candidatos (apenas el 1%) y de ellos 35 fueron ganadores. A los tribunales les corresponderá decir si puede anularse alguna elección. Estas cifras dan cuenta de que gastar más no se traduce en más posibilidades de triunfo y que el dinero no es el fiel de la balanza en las elecciones.
Ahora bien, ha habido tres casos con resonancia mediática, de quejas en materia de fiscalización, que resolvió el INE y que vale explicar.
El INE multó con 55 mdp a Movimiento Ciudadano porque una persona física con actividad empresarial (Mariana Rodríguez), que se dedica vender publicidad a través de sus redes sociales, hizo propaganda a favor del candidato Samuel García. La legislación electoral prohíbe que empresas financien a los partidos y a candidatos. Ella, como ciudadana, pudo acompañar al candidato, estar en sus mítines, aparecer en su propaganda (como de hecho ocurrió) sin que el INE pusiera objeción alguna. Lo único que dada su actividad empresarial no debió hacer, es desplegar una campaña publicitaria en redes (la materia de su negocio) en favor del candidato. Al INE no le concierne si la empresaria tiene vínculos familiares con el candidato, eso no se valoró sino que sólo se tomaron en cuenta las reglas de aportaciones no permitidas a las campañas.
Hubo otra multa a Movimiento Ciudadano fue por 28 mdp ya que recibió financiamiento de tres empresas mercantiles a partir de un esquema de triangulación de fondos con familiares del candidato Samuel García. Esas personas físicas, sin actividad económica, aportaron 14 mdp una vez que recibieron el dinero de las empresas. La multa es del doble del dinero que no debió de aceptarse por venir de un ente prohibido por la ley: una persona moral.
Finalmente, al PVEM se le sancionó por haber pagado una campaña de publicidad a través de influencers en plena veda electoral. Participaron 104 influencers, quienes lanzaron mensajes armónicos, orquestados. Se estimó que el Verde pudo haber gastado en la maniobra 1 millón de dólares. Se le sanciona con el doble. Pero como esa campaña ilegal para romper la equidad electoral el día de la votación ya la había hecho en 2015, se le impone una sanción no sólo contable sino una que resulte inhibitoria retirándole acceso a radio y televisión por un año.
El retiro de esta prerrogativa es la sanción previa, que prevé la ley, antes de la pérdida del registro.
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