VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO 1 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, RELATIVO A LOS PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS Y ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN INSTAURADOS EN CONTRA DE PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES
Estimadas y estimados integrantes del Consejo, permítanme hacer uso de la palabra, quisiera intervenir para una economía de tiempo, haciendo una sola intervención en relación con este ´punto y también con los siguientes que tiene que ver con los dictámenes de fiscalización de las campañas.
Transparentar la forma en que se ejerció el dinero invertido en la elección más grande y compleja de nuestra historia ha sido un desafío inédito para el Instituto Nacional Electoral.
Este desafío implicó no sólo revisar la información registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, sino desplegar toda la experiencia acumulada en el sistema de monitoreo para detectar propaganda y publicidad no reportada por quienes compitieron en las urnas por los distintos cargos públicos tanto a nivel local como federal, y, complementar dicha información con la solicitada a las instituciones financieras, fiscales y hacendarias con las que el INE ha suscrito convenios de colaboración en materia de fiscalización.
Así, a 49 días de concluidas las campañas electorales, se fiscalizaron 39 mil 448 informes de 29 mil 612 candidaturas y se auditaron más de 11 mil millones de pesos de ingresos y gastos
Nunca en la historia de la democracia mexicana se habían fiscalizado a tantas campañas como lo ha hecho la Unidad de Fiscalización de este Instituto en el proceso electoral en curso, ni siquiera en la elección federal de 2018.
Los datos son contundentes: mientras en 2018 se auditaron 19 mil 128 candidatas y candidatos, en 2021 se fiscalizaron 29 mil 612 candidaturas que representan 55 por ciento más que hace tres años.
Para dimensionar el trabajo que ha tenido que realizar la Unidad Técnica de Fiscalización (y en el que han participado tanto las oficinas de las y los consejeros electorales como la Secretaría Ejecutiva) en poco más de mes y medio, basta decir que, además de los 11 mil millones de pesos que fueron fiscalizados, se revisaron aleatoriamente 1 millón 406 mil 126 eventos proselitistas; se revisaron 754 mil 910 registros contables en el Sistema Integral de Fiscalización y 24 mil 319 cuentas bancarias, así como la atención de 748 quejas vinculadas con las mismas.
Por este esfuerzo sin precedentes, permítanme agradecer a nombre de las y los consejeros electorales a la Unidad Técnica de fiscalización, a su Titular, al personal que la integra, así como a las y los consejeros electorales que, junto con sus asesores, se involucraron en estos trabajos, a todas y todos, muchísimas gracias por sus contribuciones para clarificar la forma en que el dinero se ejerció en la elección más grande y compleja de nuestra historia.
Permítanme señalar algunos de los resultados más relevantes que se desprenden de los dictámenes y resoluciones propuestas:
Se propone a este Consejo General la imposición de sanciones por más de mil 200 millones de pesos por conductas cometidas tanto en los comicios federales como locales.
Si a las sanciones anteriores se agregan los más de 129 millones de pesos propuestos en las quejas que estamos conociendo, el monto total de las sanciones propuestas en esta sesión superaría los mil 300 millones de pesos.
De ser aprobados el día de hoy, sería histórico en el ámbito de la fiscalización y para la rendición de cuentas de la democracia mexicana.
Cabe destacar que el 74 por ciento de las sanciones propuestas corresponde a los rubros: egreso no reportado, eventos registrados de manera extemporánea, registro extemporáneo en el SIF, egreso no comprobado, egresos e ingresos no reportados, ingresos no comprobados y gastos no reportados con veracidad. Y si hay algo en común en todos estos rubros es la intencionalidad de ocultar información, de engañar a la autoridad y de mentirle a la sociedad mexicana sobre el dinero invertido en la competencia electoral.
Por estas conductas, todos los partidos políticos, sin excepción, serán sancionados en proporción a las faltas cometidas, de así decidirlo este Consejo, incluyendo los partidos de nueva creación.
De 27 mil 327 candidaturas fiscalizadas, únicamente 269 rebasaron los topes de gasto de campaña: 2 mil candidaturas federales-perdón- 2 candidaturas federales y 267 locales.
De las candidaturas locales que rebasaron los topes, únicamente 32 resultaron ganadoras y únicamente en 5 casos se actualiza el supuesto de rebase de topes y una diferencia de menos de 5 por ciento entre el primero y el segundo lugar.
La importancia del financiamiento público en nuestro modelo electoral se refleja en que, de los más de 5 mil 600 millones de pesos de ingresos recibidos por todas las fuerzas políticas y contendientes, el 87 por ciento fueron recursos públicos y el 13 por ciento de aportaciones privadas.
Colegas del Consejo General, desde mi perspectiva, los datos anteriores reflejan una inercia administrativa de los partidos políticos que demuestra que aún tenemos pasos por recorrer para la plena transparencia del ejercicio de los recursos que ejercen los partidos políticos.
Y, sin embargo, a pesar de estas cifras, la gran mayoría del dinero que se inyectó en las campañas es dinero de origen claramente conocido y ejercido conforme a los parámetros de la fiscalización; es decir, creo que este ejercicio acucioso de fiscalización, más alá de medirse con las sanciones, refleja que es efectivo para transparentar los ingresos y los gastos de los recursos que se ejercen en las campañas electorales, y con esto, se robustece, por un lado, la equidad en la competencia, y por el otro lado, la transparencia que debe permear en los procesos democráticos.
Esto, como decía, no significa que no haya habido avances en los últimos 7 años, que debemos subrayar y debemos robustecer.
Las multas que se acumulan, que se acumularán eventualmente, si así lo decide el Consejo el día de hoy, implica la sanción de conductas indebidas cometidas por los partidos políticos durante las campañas electorales y en un año con comicios legislativos.
Este monto histórico no podría ser de otra manera y evidencia que el modelo de financiamiento de la política en nuestro sistema democrático garantiza a todos los partidos políticos que puedan acceder a cientos de millones de pesos de recursos públicos para que participen en las elecciones respetando la ley y las condiciones de equidad y, a cambio, es leal el sistema de partidos con las reglas de la democracia.
Hay sanciones, hay irregularidades y estas se deben, eso, sancionar conforme a lo establece la ley, pero hay democracia y hay transparencia, es lo más importante como legado de este ejercicio.
Esta fiscalización se da en un contexto en el que nuestro sistema democrático, como todos los del mundo, siguen padeciendo los riesgos que se presentan en funciones regresivas y antidemocráticas que querrán aprovecharse de la recurrencia de prácticas administrativas para eventualmente vulnerar el sistema de partidos, deslegitimarlo y deslegitimar con ello al sistema democrático.
Este ejercicio no es un ejercicio punitivo, claro que implica sanciones a las faltas cometidas, pero es, ante todo, un ejercicio de transparencia y de fortalecimiento, aunque podría parecer paradójico al sistema de partidos y al sistema democrático que hemos construido.
Reitero lo que he dicho en otras ocasiones y acabo de mencionar, la fiscalización electoral no tiene objetivos punitivos, tan es así que después de aprobados los dictámenes por la Comisión de Fiscalización, ésta autorizó a que la Unidad Técnica en la materia recibiera aclaraciones de los partidos políticos, habiéndose presentado a estas mesas de análisis los representantes de todas las fuerzas políticas.
La fiscalización busca convertirse así en un incentivo para fortalecer administrativamente a los partidos y contribuir a la rendición de cuentas, a la equidad en la competencia y a transparentar el dinero invertido en la política. En suma, a fortalecer nuestra democracia.
Por eso, celebro la fortaleza del modelo de fiscalización que hemos conformado, y sostengo nuevamente que, si democracia, que no hay democracia sin partidos y que la mejor manera de fortalecer un sistema democrático es con pluralismo, inclusión, transparencia y rendición de cuentas.
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