El único vínculo que durante muchos años ha prevalecido para que la población se manifieste respecto al poder público han sido las elecciones constitucionales que, de acuerdo con la normatividad, se llevan a cabo de manera periódica, ya sean cada tres, o bien, cada seis años, dependiendo con los cargos de elección popular en disputa.
Por ello, es de resaltar que en diversas entidades federativas gozan, desde hace muchos años, de mecanismos de participación ciudadana, en los que la ciudadanía puede opinar sobre diversos temas relacionados con obras, servicios necesarios para su comunidad o, inclusive ser parte de la decisión de alguna Ley, de alguna política pública importante o bien, para opinar sobre alguna decisión que deba tomar alguna administración en curso y en la que todas y todos los ciudadanos puedan tener un vínculo directo a través de su opinión y que la misma sea vinculante para la autoridad.
A nivel federal, a pesar de que el 9 de agosto de 2012 fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 35 constitucional para que, como un derecho ciudadano, se permitiera votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, fue hasta el 14 de marzo de 2014, cuando fue publicada la Ley Federal de Consulta Popular cuyo objetivo fue la de regular el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de las Consultas Populares.
No obstante, desde entonces hasta ahora, el domingo 1 de agosto será la primera ocasión en que, a nivel federal, se lleve a cabo la primera Consulta Popular para que la ciudadanía muestre su aprobación o rechazo a la siguiente pregunta:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
En este sentido, el Instituto Nacional Electoral (INE), responsable legal de dicho ejercicio ciudadano ha realizado diversos trabajos encaminados a llevar a buen puerto dicha Consulta Popular, destacando, entre otros, los siguientes:
· Los preparativos para la instalación de 57 mil 138 mesas receptoras de opinión; 23 mil 996 básicas y 33 mil 142 contiguas, que se instalarán, de manera proporcional al listado nominal de 93 millones 439 mil 99 ciudadanos y ciudadanas.
· El INE se encuentra capacitando a los 285 mil 570 funcionarios y funcionarias de mesas receptoras de opinión, para lo cual contará con 9 mil 630 instructoras/es asistentes.
· El INE ha dispuesto diversas medidas en materia de salud para que la población pueda participar, tales como el uso obligatorio de cubrebocas, gel sanitizante al entrar y salir de la mesa receptora de opinión, sanitización constante de superficies, sana distancia, entre otras más.
· Asimismo, el INE aprobó ordenar a todos los concesionarios de radio y televisión que, a partir del 12 de julio del año en cuso, en todas sus señales y canales multiprogramados, transmitan los promocionales en las órdenes de transmisión y las pautas notificadas el INE, dirigidas a la difusión de la Consulta Popular.
Por otra parte, el INE ha dispuesto de un mecanismo de conteo rápido para dar a conocer de manera rápida y garantizando los principios de certeza y máxima publicidad el resultado de la Consulta Popular.
Estas acciones, entre otras más, permitirán al INE llevar a buen puerto este primer ejercicio de participación ciudadana a nivel federal y que la población pueda ser partícipe de un ejercicio de democracia directa, esperando que, en un futuro, se puedan instrumentar otra serie de ejercicios similares en que se tome en cuenta la importancia de la participación ciudadana.
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