Los resultados preliminares de la jornada electoral del pasado 6 de junio indican que la LXV Legislatura de la Cámara de Diputadas y Diputados tendrá una integración prácticamente paritaria; a reserva de lo que ocurra en el ámbito jurisdiccional, las proyecciones indican que de las diputadas y diputados que asumirán funciones el próximo 1º de septiembre de 2021, el 49.6% serán mujeres.
Lo anterior constituye un aumento del 1.4% respecto a la LXIV Legislatura que concluye, la cual se denominó justamente como la “Legislatura de la paridad”; en ella las mujeres tuvimos una presencia del 48.2%. Si bien no pareciera un incremento significativo, sí implica que finalmente las mujeres nos estamos acercando a tener una representación que refleja la conformación de nuestra sociedad.
Por décadas, los censos de población han mostrado que las mujeres somos un sector mayoritario. Sin embargo, esa presencia femenina no se ha materializado en la vida política. Sólo gracias a la lucha a contracorriente que han impulsado muchas generaciones de mujeres hemos conseguido ser incorporadas de forma efectiva en el ámbito público y político, llegar a cargos de elección popular y conseguir mayor presencia en el poder legislativo.
De acuerdo con el Censo de 1990, las mujeres éramos el 50.9% de la población mexicana, un dato que contrasta mucho con la representación política que teníamos en ese momento, pues en la LIV Legislatura (1988-1991), las mujeres éramos apenas el 11.8% en la Cámara de Diputadas y Diputados. Más alarmante aún es el hecho de que éste fue el porcentaje más alto que tuvimos desde la aprobación del derecho al voto y hasta antes de que se implementaran medidas para la igualdad, como las cuotas.
Las primeras medidas en favor de la participación política de las mujeres se instauraron en 1993, pero dado que en ese momento sólo eran sugerencias para que los partidos postularan a más mujeres y no tenían sanciones por su incumplimiento, el avance fue mínimo. Establecer cuotas significó un avance importante a favor de las mujeres, pero su aplicación se encontró con mucha resistencia de los partidos políticos.
En 1996 se estableció que al menos el 30% de las candidaturas propietarias a las diputaciones debían ser para las mujeres, pero al no tener sanciones, la medida no implicó grandes cambios. Para 2002 se hizo obligatorio el cumplimiento de las cuotas y se previeron sanciones ante el incumplimiento, con lo que se consiguió que la presencia de mujeres aumentara a 24%. En 2008 el porcentaje de las cuotas cambió y se estableció una cuota máxima del 60% para las candidaturas de un mismo género, así como la alternancia entre los géneros para los listados de representación proporcional, con esta medida se logró aumentar a un 27.8% el porcentaje de diputaciones de mujeres en 2009.
Con la incorporación del principio de paridad de género a la Constitución en 2014, se reconoció también el derecho de las mujeres para acceder a las candidaturas al Congreso de la Unión y los Congresos locales en igualdad. Cinco años más tarde, en 2019, se publicó la reforma coloquialmente conocida como “paridad en todo”, con lo que se extendió el derecho de las mujeres para participar en condiciones paritarias para todos los niveles y ámbitos de gobierno, lo que permitió tener paridad en otros cargos, como en las gubernaturas.
Así, la paridad ha permitido que las mujeres nos acerquemos a una representación legislativa que se aproxime a la manera en que nuestra sociedad está conformada, recordemos que los censos de 2010 y de 2020 indican que las mujeres somos el 51.2% de la población mexicana.
Estos avances sólo han sido posibles gracias a numerosas reformas legales y acciones afirmativas a través de las cuales se ha impulsado el reconocimiento efectivo de las mujeres para participar en la vida democrática pues, aunque nuestro derecho a votar y ser votadas fue reconocido en 1953, nuestra presencia en cargos de elección popular había sido mínima.
Alcanzar la paridad ha sido un logro histórico de justicia para las mujeres, quienes constantemente dan muestras de participación e interés, incluso mayores a las de los hombres. Por poner dos ejemplos recientes, en el proceso electoral 2020-2021, tuvimos más observadoras (51.6%) que observadores electorales (48.4%). El porcentaje mayoritario de mujeres también es visible en el caso de quienes fungieron como parte del funcionariado de mesa directiva de casilla, en donde las mujeres fueron el 57.7% frente al 42.2% de hombres. Es decir, las mujeres tienen índices mayores de participación a favor de sus comunidades.
El interés de las mujeres por participar políticamente y de forma activa en este tipo de actividades es contrario a la idea de que “a las mujeres no les interesa la política”.
En cada proceso electoral, las mujeres han demostrado que sí les interesa la política, que quieren ser funcionarias de mesa directiva de casilla, observadoras electorales, y también llegar a cargos públicos. A las mujeres nos interesa tanto que hemos trabajado por décadas para alcanzar la paridad y para conseguir ese 49.6% de mujeres diputadas, el porcentaje de representación más alto en la historia de México.
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