VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO 3 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, RELATIVO A PROYECTOS DE RESOLUCIÓN RESPECTO A PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES OFICIOSOS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN INSTAURADOS EN CONTRA DE PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES
Permítanme intervenir en esta ronda en lo general, a propósito del tema que ocupa a estos dos procedimientos oficiosos.
Ante la desinformación y las falacias que recurrentemente se han afirmado en estos días por algunos actores políticos, me parece necesario recordar en este punto los propósitos que subyacen a las tareas de fiscalización a cargo del INE para una cuestión de información y de puntualización que son indispensables.
Ello, ante la importancia que en las últimas semanas se le ha dado en la conversación pública en torno a esta herramienta de rendición de cuentas y equidad de las elecciones: la fiscalización.
Hemos dicho una y otra vez que la fiscalización busca impulsar un proceso de transparencia en el ejercicio de los recursos usados por los partidos políticos, candidatas y candidatos y candidatos independientes que compiten por un cargo de representación popular.
La experiencia adquirida por la autoridad electoral desde 1994 en la fiscalización de los ingresos y gastos de los recursos que se invierten en la competencia democrática, demostraron la necesidad de que nuestra legislación avanzara desde disposiciones, en un primer momento laxas y prácticamente voluntaristas, hacia un modelo mucho más riguroso con sanciones inhibitorias, para garantizar que quienes buscan los poderes públicos a través del voto lo hagan desde un piso de equidad y rendición de cuentas.
Nada tiene que ver el modelo de fiscalización que se está aplicando por el INE en este 2021, con el que se utilizó para fiscalizar las elecciones en el pasado de manera previa a la reforma de 2014; y no lo es, justo por las prácticas indebidas que los actores desplegaron en los procesos electorales previos a 2014 para ocultar información financiera y contable de las campañas, o para eludir topes de gasto, o bien, para simular el respeto a las reglas de la competencia.
Ejemplo de ello son las largas y las costosas actividades de proselitismo que en el pasado diversos actores y partidos realizaban antes del inicio formal del proceso electoral y que llevaron, en su momento, en 2007 a los legisladores a regular las llamadas precampañas, o bien, las dobles contabilidades, el uso indiscriminado del efectivo, el uso de empresas fachada y la triangulación de gastos, así como los gastos no reportados a la autoridad electoral.
Esas prácticas fueron las que incentivaron a los legisladores a buscar el consenso sobre un diseño de un nuevo modelo de fiscalización en tiempo real en 2014, un modelo que evitara dobles contabilidades y que sancionara drásticamente tanto el ocultamiento de información de precampañas como el rebase de los topes de gasto de las campañas.
Así es el modelo con el que el INE, desde 2014, revisa todas las operaciones económicas, contables y financieras de las fuerzas políticas, candidatas y candidatos locales y federales.
La fiscalización del INE es un importante eslabón en la cadena de confianza de nuestros procesos electorales, y se basa en un Sistema Integral de Fiscalización que contempla, esencialmente, lo siguiente:
Uno, las actividades desplegadas en campo para monitorear la existencia de propaganda en la vía pública, la revisión de periódicos, revistas e Internet; actividades que conforman el llamado SIMEI el Sistema de Monitoreo en materia de Fiscalización.
Segundo, las visitas aleatorias a las casas de campaña y eventos públicos organizados por los partidos, las y los candidatos, en todos los ámbitos electivos.
Tercero, la recepción y sustanciación de las quejas que se presentan durante las campañas en materia de Fiscalización.
Cuarto, el análisis de la información reportada en el SIF y su cruce con fuentes externas con las que el INE tiene convenios de colaboración.
Quinto, además, gracias a estos convenios que hemos suscrito con autoridades hacendarias, financieras y fiscales en nuestro país, hemos logrado que se dé mayor celeridad a la respuesta a las solicitudes que presenta el INE sobre informes bancarios, actividades comerciales y financieras, e incluso a la solicitud de antecedentes judiciales y de domicilios para la ubicación de sujetos obligados, proveedores de servicios o personas físicas.
Debo subrayar que todas las actividades anteriores tienen la finalidad de que la sociedad mexicana conozca los resultados de fiscalización de todas las campañas en un plazo de 47 días posteriores a la conclusión de éstas, y que las autoridades jurisdiccionales cuenten con los elementos suficientes antes de resolver sobre la legalidad o no de los triunfos en una elección.
Para este proceso electoral, el más grande de nuestra historia, se han registrado hasta el momento 19 mil 390 candidaturas en el sistema, tanto las relativas al Proceso Electoral Federal como los procesos locales.
Ése, de entrada, es el universo que este Instituto deberá fiscalizar.
De ahí que sea tan importante la entrega oportuna de los informes de campañas, como en su momento lo fueron los informes de precampaña, al ser los insumos para que la ciudadanía, las autoridades electorales y las y los contendientes conozcan cómo transcurrió la competencia por un cargo de representación popular y cómo fue financiada cada una de las campañas.
En tal sentido, es importante recordar que las quejas que en materia de fiscalización se han venido multiplicando en las últimas semanas en su número, las cuales implican una investigación en la que se cuida el debido proceso, el derecho de audiencia y se solicita información a terceros, y las mismas que en ningún caso derivan en la cancelación de una candidatura ni en la interrupción de una campaña.
Para ser claro, en la etapa en la que actualmente nos encontramos del proceso electoral, las quejas en esta materia implican el desahogo de procedimientos que constituyen los insumos que complementan la fiscalización, que complementarán la fiscalización de las campañas de los contendientes para que el Tribunal Electoral se pueda pronunciar, en su momento, sobre la legalidad o no del resultado de una elección en su integralidad, es decir, considerando por parte de esas instancias jurisdiccionales, tanto los resultados de la fiscalización de las campañas que realizará este Instituto, como los resultados de las quejas que hayan desahogado en la materia, por lo cual no es posible pretender o suponer que el INE o el Tribunal nos pronunciemos a partir de una queja sobre la campaña, durante las campañas electorales.
Pero tal pronunciamiento solo es posible hasta que concluya la fiscalización de las campañas, hecho que ocurrirá a más tardar el 22 de julio.
En síntesis, la resolución de las quejas de fiscalización de una campaña solo puede pronunciarse sobre la legalidad o no de un acto y, en su caso, determinar los gastos involucrados por los mismos, para que se sumen a los gastos de campaña en el momento oportuno, es decir, cuando la fiscalización esté llevándose a cabo, eso es en los días posteriores a la jornada electoral.
Por este motivo es que la resolución de las quejas representa un insumo indispensable para que el Tribunal, una vez concluida la Jornada Electoral y la fiscalización de las campañas, declare o no la validez de una elección, pero no puede ser motivo para que excluya a un contendiente durante una campaña, o para interrumpir una campaña en curso.
Concluyo insistiendo que ninguno de los rasgos en los que me referí del modelo de fiscalización, existían antes de 2014, ni el SIF, ni la obligación de reportar prácticamente cada día, ni las herramientas del SIMEI, ni el circuito de colaboración con otras autoridades, ni la conclusión de la fiscalización de las campañas antes de la calificación de las elecciones respectivas.
Por ello estoy convencido que el proceso electoral más grande y complejo de nuestra historia también será el más transparente y vigilado de la misma.
La totalidad de los componentes del modelo de fiscalización que describí y las sinergias generadas con los convenios de colaboración entre autoridades financieras, fiscales, hacendarias, nos permitirá consolidar un circuito de transparencia, rendición de cuentas y probidad en materia electoral, que fortalecerá el sistema de partidos y la rendición de cuentas en nuestra convivencia democrática.
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