VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA INTERVENCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, EN EL PUNTO 4 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, EN EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, IDENTIFICADA CON LA CLAVE SUP-JDC-416/2021 Y ACUMULADOS SUP-RAP-73/2021, SUP-RAP-75/2021, SUP-JDC-428/2021 Y SUP-JDC-432/2021
Lo que se va a discutir en este punto del orden del día y en el siguiente, a pesar de los tonos encendidos con los que se ha discutido públicamente en los días recientes, no es un tema político, sino estrictamente jurídico, y tiene que ver con la imposición de sanciones a una serie de irregularidades en materia de fiscalización que han sido confirmadas por la máxima autoridad jurisdiccional electoral de nuestro país.
Trasparentar el origen y destino del dinero invertido en la política ha sido el objeto de una larga lucha de quienes por más de dos décadas han exigido y conseguido que haya equidad en las contiendas electorales.
Después de tres generaciones de reformas en materia de Fiscalización Electoral, finalmente en 2014 se logró el diseño de un Sistema Integral de Fiscalización que, robustecido con múltiples convenios suscritos con autoridades hacendarias, fiscales y bancarias, ha permitido al INE configurar un modelo fiscalizador que permite detectar trampas e intentos de fraude a la ley, garantizando invariablemente los derechos de todas las y los ciudadanos, en primer lugar el derecho de audiencia, es decir, de defenderse oportunamente que tienen todas y todos los contendientes.
Los asuntos que nos convocan el día de hoy tienen un propósito preciso, no se trata de determinar si se cometieron o no irregularidades, es decir, de si se violó o no la ley por parte de una serie de personas o de si se trataba o no de precandidatos, eso ya está definido y además confirmado por el Tribunal Electoral.
Se trata más bien de establecer qué sanciones ameritan las faltas cometidas por esos precandidatos que se negaron a rendir cuentas a la sociedad y a presentar sus informes de gasto de precampaña en los plazos legales dispuestos para ello.
Quiero ser claro, el Tribunal Electoral ya resolvió la controversia sobre si se había o no violado la ley por esas personas, eso ya está juzgado y la Sala Superior del Tribunal ya le dio la razón al INE, se trata, pues, de una verdad jurídica.
Permítanme hacer un recuento de lo que reconoció el Tribunal y sobre de lo que ya no cabe discusión.
Primero, que las personas que impugnaron sí fueron precandidatas y sí realizaron actos de precampaña.
Segundo, que por lo tanto, dichas personas sí estaban obligadas a presentar sus informes de ingresos y gastos de precampaña para que el INE fiscalizara la veracidad de lo reportado.
Tercero, que esos informes no se presentaron, o bien, se presentaron de manera tan extemporánea que el efecto es el mismo que si no los hubieran entregado; es decir, se impidió que el INE pudiera fiscalizar los ingresos y gastos realizados, ello a pesar de que el INE le requirió que presentaran esos informes en varias ocasiones. En consecuencia, se cometió, conscientemente, una clara violación a la ley.
Y cuarto, que, aunque haya quien sostenga lo contrario, la sentencia establece que el INE no violó la garantía de audiencia de ninguno de los quejosos, ya que todos fueron notificados en tiempo y forma tanto que estaban obligados a presentar sus informes, como de los hallazgos encontrados con motivo de sus precampañas, los gastos encontrados, con el fin de que alegaran lo que a su derecho convenía.
En síntesis, el Tribunal Electoral confirmó las faltas cometidas por el partido MORENA y por sus precandidatos, e instruyó al INE que valorara de nuevo la gravedad de dichas faltas para imponer las sanciones correspondientes caso por caso.
¿Qué nos propone el proyecto en tal sentido? Ambos proyectos.
¿Cuál es la valoración sobre las faltas cometidas? Pues que no cumplir con la obligación legal de presentar informes de precampañas es una falta gravísima para la que el legislador previó, por cierto, incluso, una pena tan severa como la cancelación de registro de una candidatura.
Y lo es, porque no presentar dicho informe, además de pretender obstaculizar la fiscalización a cargo del INE, puede provocar, en consecuencia, un daño mayor en el sistema democrático, no solo porque impide que se concrete un principio fundamental de la democracia, que es el de la rendición de cuentas, sino porque además afecta directamente la equidad de las contiendas.
La fiscalización tiene un doble propósito.
Por un lado, busca garantizar que todos los recursos que se usan para financiar a la política provengan de fuentes lícitas. Es decir, que no se violen las prohibiciones que la ley establece.
Y, por otro lado, que al respetarse los límites de gasto autorizados, exista una cancha pareja para todos los contendientes que la contienda sea pues equitativa. No entregar los informes respectivos es una manera de impedir que esos dos propósitos se cumplan, porque obstaculiza que el INE pueda analizar oportuna integralmente la totalidad de los movimientos bancarios, financieros y comerciales que están respaldando las posibles candidaturas de un proceso electoral.
Se trata, pues, de una falta muy grave, porque abre la puerta a la opacidad en la contienda por los poderes públicos, porque impide la rendición de cuentas de los actores políticos y porque vulnera la equidad de las elecciones y la transparencia de nuestra democracia.
Hay quien podría decir que en realidad la no presentación de los informes no impide que el INE detecte gastos realizados. Esto es parcialmente cierto, de hecho, identificamos una serie de gastos que no fueron reportados a esta autoridad electoral por las personas involucradas.
Pero también lo es que el no presentar los informes impide una revisión exhaustiva por parte del Instituto.
Es decir, se busca impedir que la fiscalización se lleve a cabo, hay una intención de ocultamiento e imposibilita todo el proceso de verificación, auditoría y aclaraciones que supone un auténtico ejercicio de fiscalización.
Por eso, coincido con las propuestas que nos hacen los proyectos de ratificar en la mayoría de los casos la cancelación de los registros como candidatos de las personas infractoras.
Permítanme concluir, reiterando que una de las virtudes de la competencia democrática, es que representa o al menos debería representar una contienda entre rivales leales a las reglas del juego. Eso es lo que garantiza que después de las elecciones todas y todos los contendientes, vuelvan a sus actividades políticas, económicas, profesionales o parlamentarias.
Respetar la ley representa el piso mínimo de funcionamiento de una democracia constitucional. Y el punto de partida para la gobernabilidad democrática de quienes obtienen el triunfo en las urnas.
De ahí que las elecciones tengan un poder civilizatorio, porque abren canales de competencia y reglas conocidas por todos que permiten dirimir las diferencias políticas en paz y seguir contribuyendo con la participación de mayorías y minorías a la conformación de la casa común de todas y todos que es nuestra nación.
Jugar a violar las reglas, por el contrario, significa erosionar todo lo anterior, es una lógica disruptiva y antidemocrática.
Soy enfático en lo que dije hace 10 días, antes de que iniciaran las campañas electorales federales. El INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política ni de ningún actor político.
Quien diga lo contrario, simple y sencillamente miente. El INE está en contra de quien viole la ley, sea quien sea, el INE está con la Constitución.
Nuestro compromiso con la equidad e imparcialidad y legalidad de nuestras elecciones ha sido, es y será irrenunciable.
Por eso a este INE, a estas consejeras y a estos consejeros electorales nadie los va a amedrentar ni siquiera con amenazas directas y abiertamente ilegales.
Tenemos claro que se están desplegando estrategias claras de descalificación contra la autoridad electoral, a quienes las encabezan les decimos que el INE no va a caer en las provocaciones que le hacen, porque no caeremos en la trampa de la profecía autocumplida de sostener que con este Instituto no hay condiciones democráticas.
El INE como árbitro de la contienda está por encima de las partes y haremos que se cumpla la ley ni más ni menos.
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